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Un nuevo obstáculo ha aparecido en el horizonte del proyecto estrella de Miguel Ángel Revilla en La Pasiega. El nuevo Plan General de Urbanismo que prepara el Ayuntamiento de Piélagos ha ampliado la protección agrícola y natural de los dos millones de metros cuadrados ... que ocupará el futuro centro logístico. Unos valores ambientales que poco tienen que ver con el futuro industrial que le depara a esa zona.
La decisión de sobreproteger la zona fue de Ordenación del Territorio -dependiente de la Consejería de Urbanismo y Medio Ambiente (PSOE)-, aplicada por el Consistorio (PSOE-PRC) y ha cogido con el pie cambiado a la facción regionalista del Gobierno. Hasta el punto que desde la sociedad del Suelo Industrial de Cantabria (Sican) -adherida a la Consejería de Francisco Martín- confirmaron a este periódico que presentarán alegaciones al PGOU. «Nos ha cogido por sorpresa. No sabemos a qué viene este incremento de la protección. Es una dificultad sobrevenida», señalaron, a pesar de que el PRC de Piélagos votó en el Pleno municipal a favor de esta medida.
Este desconcierto no es compartido por el ala socialista de Peña Herbosa, que recuerda el apoyo público de la ministra de Industria, Reyes Maroto, y el propio Pedro Sánchez a este proyecto. La Dirección General de Urbanismo le resta toda gravedad a la sobreprotección de la zona, ya que la figura del PSIR -la herramienta urbanística con la que se construirá el polígono- «prevalece sobre cualquier clasificación del suelo». No piensan así ARCA y el concejal de AVIP Luis Sañudo, que vaticinan problemas con el desarrollo de la plataforma intermodal si se levanta sobre suelo protegido.
Situado en Parbayón, a 13 kilómetros del Puerto de Santander y a 11 del aeropuerto, con conexión a la carretera N-626 y a la línea ferroviaria Santander-Madrid, el suelo sobre el que se pretende construir el centro intermodal figura como rústico en el Plan General de Piélagos de 1993, activo en estos momentos. En 2013, el Ayuntamiento encargó a una empresa externa la redacción del nuevo PGOU. La Pasiega quedó entonces marcada como zona de PSIR, con medio millón de metros cuadrados de suelo urbano y urbanizable y el resto como protegido. En aquella ocasión, según explican desde Urbanismo, no intervino Ordenación del Territorio, sino que fue iniciativa de la propia firma contratada catalogarlo así, basándose en el estudio ZAE que la Universidad elaboró para el Gobierno en 2007 y que cartografía todas las zonas con valor agroecológico de Cantabria.
El Ayuntamiento de Piélagos aprobó por unanimidad ese documento inicial del PGOU en diciembre de 2015, es decir, ya con el PSOE y el PRC al mando del municipio y de la Comunidad. Tres años después, ese informe ha sufrido importantes modificaciones, algunas a causa de las alegaciones presentadas por particulares, por lo que ha vuelto a aprobarse en el Pleno municipal hace solo dos semanas, esta vez con el voto en contra de IU y la abstención de AVIP. Y una de las principales diferencias con el de 2015 es la desaparición de esos 500.000 metros cuadrados de suelo urbanizable y urbano en La Pasiega, a costa de ampliar la protección a un terreno destinado a cambiar el futuro industrial de la región. Una decisión tachada de «incomprensible» tanto en un sector del Gobierno como entre técnicos y juristas externos: ¿para qué sobreproteger un territorio al que luego vas a pasar por encima con un PSIR?
La alcaldesa de Piélagos, Verónica Samperio, se lava las manos en este asunto. La dirigente socialista, que insiste en su «total apoyo y compromiso» al proyecto de La Pasiega, explicó que ellos se han limitado a clasificar el suelo como ha marcado Ordenación del Territorio. Samperio dice desconocer porqué en 2015 había un 25% de suelo como urbanizable -a pesar de que fue ella como regidora la que lo llevó al Pleno para aprobarlo- y porqué ahora se ha eliminado. Subraya, eso sí, que el borrador del proyecto de La Pasiega ya preveía la protección del terreno.
La alcaldesa coincide con la Consejería de Urbanismo en que la clave se encuentra en la figura del PSIR. Es decir, da lo mismo la etiqueta que tenga la parcela, ya que esa herramienta urbanística pasa por encima de cualquier planeamiento. Así lo dice el artículo 26.3 de la Ley del Suelo, aunque también recoge una excepción cuando se trata de terrenos con valor ambiental y paisajístico, entre otros. En ese caso «se preservarán dichos valores», recoge la normativa, lo que abre la puerta a distintas interpretaciones que pueden frenar un proyecto en el que el Gobierno ha depositado muchas expectativas. No en vano, las primeras estimaciones con las que trabaja Sican parten de una inversión de 83 millones de euros, 22 millones para la adquisición del suelo y 61 para la ejecución del proyecto de urbanización de los más de dos millones de metros cuadrados que ocupará el polígono.
Por eso, la primera reacción en Sican ha sido de incredulidad. En la empresa pública no sabían que se iba a cambiar el uso del suelo a pesar de que mantienen «una comunicación fluida con el Ayuntamiento de Piélagos». Aunque todavía es pronto para saber los términos de la alegación que presentarán al Plan General, sí irá enfocada, lógicamente, a que el desarrollo de La Pasiega «sea el más cómodo posible». «Necesitamos suelos de implantación industrial significativa, son un activo de futuro», subrayan.
Mientras, en Industria, lo ven con ojos completamente distintos. Hasta el punto de que se alegran del aumento de protección porque, «paradójicamente, puede facilitar la implantación del polígono industrial». Su razonamiento es que si esas parcelas fuesen urbanas o urbanizables, los particulares podrían levantar construcciones que obstaculizarían la construcción futura del polígono. «Pero si está protegido habrá grandes campas y zonas abiertas donde trabajar sin esos problemas», explicaron.
Si ya existen dudas en el propio Gobierno sobre cómo puede afectar esta decisión a La Pasiega, fuera de Peña Herbosa las incógnitas son mayores. José María Real del Campo, abogado de cabecera de los ayuntamientos del PP en asuntos urbanísticos, cree que ahora se plantea un problema importante: el propio Gobierno que protege el suelo por su importancia agrícola y natural en 2018, cuando haga el PSIR deberá de justificar que se han perdido esos valores o bien que han cambiado las circunstancias y ha surgido alguna nueva que no existía este año. «El problema es que el PSIR no es nuevo, existe desde 2007, así que tendrán que explicar por qué al aprobar el Plan General de Piélagos deciden que ese no es el lugar para el PSIR y protegen el suelo, y al cabo de unos meses resulta que ese es el sitio adecuado para el proyecto», advirtió el letrado, que puso como ejemplo una sentencia del Tribunal Supremo de 2003, en la que se anuló buena parte del Plan General de Madrid por una causa similar.
Unos argumentos con los que coincide Luis Sañudo, el concejal de AVIP que esta semana descubrió la ampliación de la protección. «Es una clara contradicción. ¿Para qué lo catalogan con esos valores si su futuro es industrial? Incluyen una protección especial que el PSIR no va a poder superar, eso se lo echa abajo el TSJC», avisó.
Desde ARCA opinan que aún es muy pronto para hablar de un posible litigio en los tribunales si, finalmente, el área industrial de La Pasiega se asienta sobre terrenos protegidos. Pero su portavoz, Carlos García, sí se mostró «preocupado» porque una vega «tan fértil» se destine a ese uso. «¿No había otro sitio para instalar un centro logístico de esas dimensiones? Muchos opinamos que sí, por lo que estudiaremos el Plan General y decidiremos», adelantó. En cualquier caso, García llamó la atención sobre la «inercia» que existe de levantar polígonos industriales en suelos de alto valor ecológico. «No podemos enterrar suelos productivos debajo de edificios y naves, debemos llevarlos a suelos degradados», explicó.
El proyecto de La Pasiega queda ahora pendiente de las alegaciones que presente Industria al PGOU de Piélagos durante el periodo de exposición pública abierto. En caso de que todo el área se mantenga como protegida y se active el PSIR, el Gobierno podría tener que enfrentarse a acciones externas para intentar frenarlo aludiendo a su valor agrario y natural.
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