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El PRC repetirá mañana la tradición de elegir a Miguel Ángel Revilla como su secretario general. Será el décimo Congreso del partido en el que el presidente cántabro gana sin oposición, acompañado en su Comité Ejecutivo por otros históricos, como Javier Marcano (vicesecretario) y Paula ... Fernández, secretaria de Organización. Pero aunque no exista alternativa a los nombres de siempre, como una canción que repite su estribillo cada cuatro años, el PRC sí presentará una batería de nuevos proyectos para prolongar ese estado de euforia en el que vive en esta legislatura. No en vano, ganaron las elecciones autonómicas por primera vez en 2019, recuperaron la Alcaldía de Torrelavega, gobiernan en la mitad de los ayuntamientos de la región, consiguieron su primer diputado en el Congreso y, además, el primer cargo público en Europa, en el comité de las regiones. Por lo que aprovecharán también para reforzar su estructura interna con tres vicesecretarías y la incorporación de todos los alcaldes al Comité Ejecutivo.
Todas sus propuestas de futuro se han ordenado en cuatro ponencias que se expondrán a los cerca de 600 militantes que se acercarán al Palacio de Festivales. Llama la atención, eso sí, la ausencia de algunos anuncios hechos por Revilla en algún momento de la legislatura y que, ahora, no quedan reflejados dentro del argumentario interno. Es el caso del cambio de himno de Cantabria. Al presidente regional le gusta 'Viento del norte' –la popular canción de Nando Agüeros– y anunció en agosto que pedirá en el Parlamento la próxima legislatura que sea refrendada oficialmente. Pero el partido no adopta como propia en sus ponencias esta modificación.
Tampoco se hace ninguna mención al impuesto de Patrimonio pese a que Revilla abrió la puerta a suprimirlo, como ha hecho recientemente Andalucía y en su día lo hizo la Comunidad de Madrid, con el fin de evitar una fuga de capitales de la región. El presidente regional aseguró que su partido lo estudiaría con vistas a las elecciones autonómicas de 2023, si no se llega a un acuerdo nacional para centralizar la fiscalidad en España y que todos los territorios nacionales tengan los mismos impuestos. Pero de nuevo, en las ponencias no hay un posicionamiento explícito.
Reforma del Estatuto. Crear un Tribunal de Cuentas propio y potenciar al Defensor del Pueblo.
Cauces interiores de los ríos. Quiere la competencia para marcar los tiempos, prioridades y actuaciones.
Emitir decretos-leyes. Para tener la agilidad necesaria para hacer normativas urgentes.
Parlamento. El presidente de Cantabria debe tener la potestad para disolverlo sin atenerse a los plazos generales de la legislatura.
Oficina comercial 'Marca Cantabria'. Para coordinar la internacionalización de las empresas regionales.
Plan Patrimonio Rupestre. Para reforzar la divulgación y conservación.
Aulas de 1 año. Extenderlas, de forma progresiva, a más zonas de Cantabria, priorizando el ámbito rural.
Ayudas de comedor. Incrementarlas para las familias con menos recursos e, incluso, que llegue a ser gratis en algún caso.
Plan del Deporte. Medidas elaboradas junto a todas las administraciones y clubes.
Plan de Salud Mental. Con recursos económicos y de personal para atender por igual a todo el territorio de la región.
Plan de Economía Circular. Para acelerar la transición hacia una economía sostenible prevista en la Agenda 2030.
Plan de Carreteras. Incorporará a núcleos de población que aún no dispongan de carretera autonómica.
Búsqueda de agua. Sondeos de investigación en el subsuelo en la zona occidental.
Ley de Competencias Impropias. Para garantizar mejores servicios municipales.
Ley de Participación Ciudadana. Con un Libro Blanco y un Observatorio.
Estatuto de municipios de menor población. Para luchar contra la despoblación.
Mejorar el contrato programa de la UC. Más dinero y plurianual.
En lo que sí hace especial hincapié el argumentario del Congreso es en la necesidad de reformar el Estatuto de Autonomía de Cantabria. La última vez que se hizo fue en marzo del año pasado para eliminar los aforamientos de los diputados y de los miembros del Gobierno. Ahora, el PRC cree que hay «múltiples cuestiones que revisar», como la creación de nuevos órganos «imprescindibles en sociedades descentralizadas y modernas», ya sea un Tribunal de Cuentas propio o el desarrollo de la figura del Defensor del Pueblo. También quieren la competencia en los cauces interiores de los ríos, que ahora ostentan las Confederaciones Hidrográficas, para ganar celeridad en la concesión de permisos y «para marcar desde Cantabria los tiempos, prioridades y actuaciones».
Además, los regionalistas consideran que la pandemia ha demostrado que «no disponemos de la agilidad necesaria para realizar normativas urgentes», por lo que es necesario incorporar la posibilidad de emitir Decretos-Ley. Y el presidente del Gobierno, dicen, debe tener la potestad de poder disolver el parlamento sin tener que atenerse a los plazos de la legislatura, tal y como tienen otros gobiernos autonómicos.
Una de las áreas que más propuestas acumula es Educación, gestionada por la consejera Marina Lombó esta legislatura. Este curso, precisamente, Cantabria se convirtió en la primera comunidad autónoma en implantar aulas públicas de un año en centros de Educación Infantil y Primaria ubicados en zonas rurales. El PRC quiere ahora dar un paso más y extenderlo a otras zonas de Cantabria, además de bajar la ratio de alumnos de 25 a 20 en los seis cursos de Educación Primaria.
Los regionalistas también pretenden aumentar las ayudas del comedor hasta que sea gratuito para las familias con menos recursos y poner un techo máximo de cinco euros al día para todos.
El PRC presenta planes para, prácticamente, todas las áreas de gobierno, estén o no en sus manos en este momento. Desde la Sanidad, con una estrategia de Salud Mental en todo el territorio y un observatorio que ayude a prevenir el suicidio, hasta la industria, donde subraya la importancia de apostar por la 'Marca Cantabria' con una oficina comercial que centralice el posicionamiento internacional de las empresas de la región.
Especialmente sensible con la despoblación de las áreas rurales, sobre todo desde que la consejera Paula Fernández ha abanderado esta lucha en Bruselas, el PRC aboga por un estatuto de municipios de menor población y una Ley de Competencias Impropias, dos instrumentos que refuerzan el papel de los ayuntamientos.
Para la Universidad no solo reivindican un aumento de la financiación pública –todavía por debajo de lo que recibía en 2009–, sino que el contrato programa sea plurianual, lo que daría mayor estabilidad a la institución.
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