El número de abortos desciende un año más en Cantabria por la mayor conciencia anticonceptiva

El Ministerio de Sanidad hizo públicos ayer los datos de 2018, un periodo en el que se realizaron 95.917 abortos en España. Supone un repunte del 1,91% respecto a 2017 que, «aunque pequeño, no nos satisface en absoluto», advierte Rey. Aboga por impulsar el apartado de la ley reguladora del aborto dedicado a la educación sexual, «ya que es fundamental y no se ha desarrollado en todas las comunidades». Frente al dato general, cabe subrayar que Cantabria registró un 3% menos de casos el año pasado. Un total de 771 mujeres decidieron interrumpir su embarazo de forma voluntaria, lo que sitúa a la Comunidad en la sexta tasa más baja del país.

Aunque todavía polémico, el aborto ha perdido gran parte del carácter catastrofista que algunos le auguraban en 2010 cuando se aprobó la ley -entonces se decía que los casos ascenderían de modo alarmante- y ha ganado como patrón para testar la evolución sanitaria y social de la población. Porque existe un vínculo muy claro entre el descenso de intervenciones y el aumento de la cultura de la prevención, en la que los especialistas ponen el foco.

En esta región 171 solicitudes procedieron de mujeres de 35 a 39 años, seguidas por aquellas de 25 a 29 (155) y de 30 a 34 años (154). La mayoría de los abortos (580) fueron practicados con ocho o menos semanas de gestación y 701 se realizaron a petición de la embarazada. Otros 55 obedecieron al riesgo de que el feto sufriera graves anomalías y una decena por el peligro que corría la salud de la madre.

De los datos, los expertos extraen conclusiones que vinculan con cambios en la visión sanitaria, pero especialmente con la transformación demográfica de la sociedad española y el peso de la migración: mientras la adopción de medidas preventivas como el DIU, la píldora o el preservativo se ha ido consolidando «desde hace veinte años» en la población local, su peso ha sido inferior entre las mujeres inmigrantes. Y de hecho, los picos más recientes en las estadísticas se corresponden con familias procedentes de Latinoamérica, África y Europa del Este, países donde las medidas anticonceptivas «son escasas por su coste, de modo que la interrupción se convierte en método», explica el ginecólogo José Gurrea, responsable de la clínica Mies de Santander, una de las dos autorizadas en Cantabria para estas intervenciones. En 200 casos registrados en este territorio las mujeres no habían usado ninguna fórmula preventiva.

«Sin embargo, todo eso está cambiando. La población inmigrante que reside aquí desde hace años ya aplica medidas contraceptivas que ha conocido a través de otras madres, amigas o compañeras españolas. Eso ha reducido los casos. Los datos del Ministerio son positivos porque ir cambiando la idea de la interrupción voluntaria del embarazo como recurso anticonceptivo en favor de prácticas más seguras como el DIU es una buena noticia desde el punto de vista sanitario». Gurrea destaca también el carácter «pionero» del Gobierno cántabro en la oferta del dispositivo intrauterino a las gestantes que deciden abortar «con el fin de evitar nuevos embarazos no deseados. Ha tenido visión».