El número de casos atendidos por Emergencia Habitacional cae un 31,7% respecto a 2018

Álvarez ofreció estos datos antes de presidir, por primera vez en la presente legislatura, el Observatorio de la Vivienda, un órgano de carácter consultivo con el que quiere contar para la elaboración de una nueva Ley de Vivienda «integral y de marcado carácter social». La consejera adelantó que su intención es que el borrador del nuevo texto legislativo esté a disposición de los agentes implicados esta próxima primavera, «para obtener una norma lo más consensuada posible». «Todos los intervinientes tienen algo que decir y nosotros también tenemos algo que escuchar», resumió.

La futura ley responderá a los retos que en esta materia se ha marcado el Gobierno de Cantabria: la mejora del acceso a una vivienda digna mediante ayudas que promuevan la construcción de viviendas de protección oficial en régimen de alquiler, el aumento de las partidas a las ayudas de alquiler, así como el impulso a la rehabilitación, la regeneración urbana y la movilización de viviendas vacías. La consejera recordó que, a pesar de las restricciones presupuestarias, su departamento destinará el próximo año 16 millones de euros a todos estos objetivos. «La vivienda no es un producto mercantil; el domicilio es un hogar, y es indispensable tener vivienda para estar integrado socialmente», de ahí que el objetivo sea «intentar intervenir en el mercado para incrementar las posibilidades de acceso a la vivienda a las personas con más dificultades», subrayó Ana Belén Álvarez.

En la reunión del Observatorio de la Vivienda, la consejera también presentó el borrador de la futura Estrategia de Regeneración Urbana para Cantabria, vinculada con la Agenda 2030 y con la 'Nueva Agenda Urbana' de la conferencia de Naciones Unidas de Quito 2016, de tal manera que «aquellos ayuntamientos que quieran regenerar sus entornos urbanos lo hagan desde un punto de vista de equidad, de igualdad, donde también contemplen todo lo relativo a comunicaciones, no solo transporte, sino todo lo relativo a sociedad digital».

Igualmente, Álvarez dio cuenta ante el Observatorio de las últimas reuniones que ha mantenido junto a la directora general de Vivienda, Eugenia Gómez de Diego, con el objetivo de reforzar la coordinación y dar una respuesta «ágil y eficaz» ante procesos de desahucio, y también de los contactos con la Federación de Municipios de Cantabria en los que se han estudiado medidas conjuntas que permitan a los ayuntamientos hacer efectivo el cobro del IBI de las viviendas vacías propiedad de los grandes tenedores.

La nueva ley de vivienda y la forma en que se va a articular el proceso de participación centraron la mayor parte de intervenciones de la reunión. Afilia, la asociación de inmobiliarias, se mostró dispuesta a incentivar que los propietarios de inmuebles vacíos los pongan en alquiler con el aval del Gobierno. Por su parte, el Colegio de Arquitectos reconoció la necesidad de atender las situaciones de emergencia habitacional, pero sin que eso implique elaborar una ley de vivienda con prisas y sin la necesaria reflexión, ante la urgencia que las plataformas antidesahucios piden en su tramitación.

El Observatorio de la Vivienda es un órgano de carácter interdepartamental creado en 2013 y del que forman parte entidades públicas y privadas: Asociación de Empresas Inmobiliarias en Cantabria, Red Cántabra contra la Pobreza y la Exclusión Social, entidades bancarias, los colegios profesionales de Arquitectos, Administradores de Fincas, y Aparejadores y Arquitectos Técnicos, Federación de Municipios de Cantabria, CEOE-Cepyme, CC OO, UGT, STOP Desahucios, PAH Santander y Torrelavega, Gesvican, y las direcciones generales de Vivienda, Políticas Sociales y Urbanismo y Ordenación del Territorio.