«El número de denuncias falsas de violencia de género es irrisorio»

–Es una idea gestada en Madrid.

–La comisión surge en las reuniones anuales de los presidentes de Audiencias de España. Se planteó la idea de crear estos órganos en las diferentes comunidades para sentar a todas las autoridades o a todos los servicios que tengan relación con la lucha contra la violencia de género y, especialmente, en materia de protección de la víctima. Se integran ahí Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, autoridades judiciales, fiscales, Instituto de Medicina Legal, servicios sociales y la administración prestacional de medios, donde encuadramos a la Delegación de Gobierno, al Gobierno de Cantabria e incluso a los ayuntamientos.

–¿Qué se busca exactamente?

–Sentarse, hablar y detectar en qué podemos mejorar. Exponer las debilidades de algunos que quizá se pueden compensar con las fortalezas de otros. Lo único que tenemos claro es que nunca este órgano dictará órdenes ni instrucciones a la autoridad judicial, que lógicamente ha de preservar su independencia. Sí que se pueden proponer buenas prácticas, soluciones de intendencia, etc.

–Ha dicho que los jueces son pieza clave de la iniciativa.

–Se establecen unas personas en representación de organismos u órganos que tienen que asistir y luego lo que hacemos es invitar a jueces que tengan relación directa con la materia. Jueces de violencia contra la mujer, preferentemente del juzgado especializado que tenemos en Santander. Incluso hemos propuesto que un magistrado de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia pueda asistir porque ellos pueden conocer los recursos frente a las decisiones de las anteriores sentencias.

–Esto cumple la petición de algunos colectivos feministas que llevan tiempo exigiendo mayor formación en materia de violencia de género para los jueces...

–No, no, la comisión no está destinada a dar formación. De hecho, es al revés. Los miembros de la Comisión nos podemos valer de los magistrados que asistan porque son expertos en materia de violencia de género. Su formación, además, es continua y es dispensada por el Consejo General del Poder Judicial. Por esto digo que nadie se equivoque porque nunca la Comisión va a recomendar a un juez lo que tiene que hacer.

–¿Saben ya qué deficiencias va a subsanar?

–No puedo decir nada porque es un órgano que acaba de nacer. El sistema de funcionamiento es sencillo porque los miembros de la Comisión remiten al presidente lo que consideran que puede ser un asunto a tratar. Y en eso iremos avanzando. Existen algunas cosas que me han comentado, pero aún es pronto para hablar de ello.

–Hay quejas sobre el retraso en la llegada de los informes psicosociales que son pieza clave en la resolución de estos conflictos.

–Cuando se trata de violencia de la mujer hay muchos otros efectos más allá de la responsabilidad penal en que puede incurrir el autor de hechos. Está, por ejemplo, la ruptura del matrimonio o la relación, algo que hay que tratar. Estas cuestiones relativas a lo civil, que inicialmente se llevan en el mismo juzgado, luego van en apelación a las secciones civiles de la Audiencia, por lo que hay una segunda parte de todo esto en que el juez civil sigue actuando en lo que en origen ha sido un hecho de violencia de género. Ahí es donde tenemos que valernos de los conocimientos de los expertos. Inicialmente la valoración del experto es la del Instituto de Medicina Legal, donde está integrado un equipo compuesto por la trabajadora social y el psicólogo. Los jueces nos valemos mucho de esos informes para establecer la relación de custodia de los hijos y entre los cónyuges. Lo que ocurre es que los recursos son finitos y hay muchos más informes que emitir de lo que puede dar de sí la plantilla.

–Dicen algunos expertos que existe un problema con las denuncias falsas de maltrato.

–Tengo que poner en duda esa idea porque lo único de lo que me puedo fiar es de los datos objetivos, de las sentencias, porque denuncias falsas que se hayan constatado con resoluciones judiciales hay muy pocas. Es un dato irrisorio. Lo demás entra dentro de lo que alguien pueda opinar o defender en medio de un juicio para tratar de alcanzar una mejor posición ante un divorcio, por ejemplo.

–Algún partido político defiende la necesidad de modificar la Ley de Violencia de Género por considerarla insuficiente, ¿qué opina?

–Creo que la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género ha servido mucho a la mujer y hay que tener en cuenta el instrumento que supone el pacto de Estado contra la violencia de género. A partir de ese acuerdo van a surgir disposiciones normativas y es la línea que hay que seguir. Yo lo que no voy a hacer es valorar lo que dice un partido político. La línea seguida por España es la correcta y se tendrán que poner más medios; tendremos que mejorar porque la pretensión es que estos delitos desaparezcan completamente.

–Para ello lo mejor será dotar a la Justicia de más medios. Hace tiempo que se espera la creación de un nuevo juzgado en Santander.

–Va por buen camino la creación del Juzgado número 12 de Primera Instancia, que vendría satisfacer las reivindicaciones tradicionales de los jueces de Santander. Realmente la justicia civil está sufriendo mucho por el exceso de litigiosidad a la que trata de dar respuesta. Como presidente de la Audiencia Provincial creo que habría que crear por lo menos una plaza de magistrado en las secciones penales y otra en las secciones civiles para descongestionar el trabajo.

–¿Se ha hablado ya de plazos?

–Antiguamente se creaban en diciembre para empezar en enero;ahora ya no sé porque tenemos una situación política complicada y la gestión del Ministerio está en situación de interinidad. No sé esto cómo va a ser.

–¿A qué se debe ese incremento de la litigiosidad civil?

–Podemos citar en el comienzo de la crisis un cambio radical en la naturaleza de los pleitos que entran, respecto a la categorización, la materia... Comenzaron a aparecer procedimientos, al principio de forma paulatina pero después masivamente, de naturaleza civil o mercantil, en que los inversores o consumidores empezaron a dirigirse hacia los bancos. Nace ahí una litigiosidad bancaria que comenzó con la cuestión relativa a las preferentes, para llegar luego a las cláusulas suelo, las comisiones e incluso el impuesto a las hipotecas.

–Hasta el punto de que Cantabria se encuentra a la cabeza de España de este tipo de pleitos.

–La región registró en 2018 más de 58 pleitos civiles por cada 1.000 habitantes. Esto debería ser motivo de un estudio. Quizá nuestro nivel de respuesta es muy alto. Resolvemos muy rápido y eso posiblemente anime a la gente a acudir al juzgado en favor de otras posibles soluciones. En el caso de Navarra y País Vasco los doblamos en cantidad de casos;pero esto lo único que consigue es deteriorar el sistema público por extenuación.

–¿No existen posibles soluciones?

–En Santander, al haberse especializado judicialmente un órgano en el conocimiento exclusivo de los pleitos relativos a este tipo de condiciones generales, todo termina en un mismo lugar. Hemos tratado de concentrar todo ese trabajo en un solo órgano para, digámoslo así, encapsular el problema y que el resto no queden afectados; pero necesitamos más medios y también un régimen de control de la litigiosidad por parte del Estado.

–¿Quizá un cambio en el régimen de costas?

–Lo primero nos encontramos con que no existen métodos alternativos a la justicia para resolver los conflictos civiles. Y eso pese a que se habla de la pérdida de credibilidad del Poder Judicial. Pues parece que no se confía en nadie más que en los jueces para dar solución a estos problemas. Por otro lado, tenemos entidades bancarias que siguen recurriendo sentencias, aún sabiendo que las tienen perdidas, creo que en ocasiones para tratar de posponer la pérdida en la cuenta de resultados. Deberíamos modificar el régimen de imposición de las costas cuando esa táctica dilatoria sea evidente o, incluso, imponer tasas para acceder a los recursos y que se puedan devolver si la entidad gana el pleito finalmente.

–Es curioso lo que dice, la Justicia ha sufrido una crisis de credibilidad, sobre todo a raíz de la sentencia relativa al impuesto de las hipotecas; pero luego parece que nadie contempla una posible solución a los conflictos si no pasa por una sentencia.

–Nosotros lo que tenemos es un problema de mensaje. No somos capaces de transmitir el esfuerzo por el trabajo que desarrollamos y la función que cumplimos. Hay que explicar a la gente que nos sometemos a la ley;aunque a veces pueda dar lugar a situaciones complicadas de entender. Lo que nadie puede negar es que en materia de protección del consumidor o del ciudadano en litigios de carácter bancario, la punta de lanza posiblemente haya sido la judicatura.

–¿Se explicó mal la sentencia sobre el impuesto de las hipotecas?

–Es verdad que es complicada y crea perplejidad a la sociedad porque aunque el mecanismo que utilizó el tribunal era el idóneo, quizá se equivocó el momento en que se dijo y cómo se dijo. Si se hubiera sabido el efecto que tuvo, probablemente no se hubiera hecho así. Comprendo que decirle a la gente que se había tomado una decisión y que un mes más tarde se adoptó la contraria, da lugar a todo tipo de informaciones sesgadas. Es una reflexión inevitable.

–Ahora, con el juicio del 'procés', parece que se está dando un mejor mensaje, sobre todo por medio de la imagen de su presidente, Manuel Marchena.

–Está dando una imagen de autoridad judicial equilibrada y justa que está sabiendo conducir con mucho tacto e inteligencia el debate en la sala. Su trabajo es encomiable.