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El Gobierno de España ha propuesto que las pensiones suban el año que viene un 8,5% para compensar así la escalada del IPC. Un incremento lineal para todos los jubilados. Para los que sufren para llegar a final de mes y también para los ... que viven más acomodados. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha tomado esa decisión política, pero lo hace en cumplimiento de la ley que impulsó el PSOE para garantizar que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo de un ejercicio a otro, frente al modelo del PP que introducía un factor de sostenibilidad por el cual se imponía un tope a la revalorización del sistema público. Lo que ocurre es que la norma no tiene en cuenta situaciones excepcionales como la actual, con una inflación disparada que obliga a un incremento equivalente de todas las pensiones. El mismo porcentaje para la mínima (10.100 euros al año) y la máxima (39.500 euros), algo que no convence a distintos economistas del ámbito progresista y que tampoco satisface al director general de Economía del Gobierno de Cantabria, Manuel Díaz, el número dos de la consejera socialista Ana Belén Álvarez.
Junto a José Ignacio Conde-Ruiz, también investigador de la prestigiosa Fundación de Estudio de Economía Aplicada (Fedea), Díaz ha firmado una tribuna en el periódico 'El País' titulada 'No se pueden subir las pensiones por igual'. Ambos expertos desarrollan en la carta abierta esa idea y explican por qué consideran que resulta «regresiva una subida generalizada de todas las pensiones en una situación tan complica». Con la propuesta de la Seguridad Social, recuerdan que la subida supondrá una mejora de 860 euros al año para quienes perciben la pensión mínima y de 3.350 para los que perciben la máxima.
La propuesta alternativa que ponen sobre la mesa es mucho más progresiva:subir el 1 de enero de 2023 las pensiones mínimas un 11% –algo por encima incluso del IPC–, las bajas (hasta 12.000 euros anuales) ese 8,5% y al resto aplicar un incremento por debajo de esa tasa, introduciendo también algún tipo de progresividad. «Esta propuesta es más solidaria para los pensionistas más pobres y vulnerables. Más del 40% verían revalorizada su pensión en una mayor cuantía que la subida generalizada», subrayan ambos economistas. Lo consideran también una cuestión «de justicia intergeneracional», porque permitiría al Estado ahorrarse en una década hasta 65.000 millones de euros. Dinero que así irá a deuda y que tendrán que pagar a futuro los que hoy son jóvenes.
«Nadie pone en duda que el sistema debe evitar la pérdida de poder adquisitivo (...), pero es necesario que el sistema cuente con válvulas de escape que permitan repartir la revalorización de las pensiones en varios años», apunta el número dos de la Consejería en este artículo conjunto que ha tenido una gran repercusión en el ámbito político y económico.
Se han manifestado en el mismo sentido exministros socialistas como Miguel Sebastián y Jordi Sevilla, así como Daniel Fuentes, exasesor de Pedro Sánchez. También el PP apuntó a la necesidad de subir menos las pensiones más altas, pero finalmente su presidente, Alberto Núñez Feijóo, ha descartado esta opción.
Como figura en el portal de Transparencia del Gobierno, Manuel Díaz Mendoza (Logroño, 1979) es licenciado en Economía y especialista en Análisis Fiscal. En 2004 se incorporó a la Oficina Económica del Presidente Rodríguez Zapatero. Llegó a Cantabria en 2008 para asumir la Dirección General de Tesorería y Presupuestos del Gobierno regional. Entre 2015 y 2018 fue director del Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF) y posteriormente director de la Agencia Cántabra Tributaria. Antes de volver al Ejecutivo, en julio de 2018 se incorporó como asesor a la Secretaria de Estado de Infraestructuras del Ministerio de Fomento.
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