El número de solicitudes de asilo presentadas en Cantabria por migrantes se triplica en un año

Las cifras hablan por sí solas. Si en 2017 Cantabria registró 164 solicitudes de Protección Internacional, el número creció hasta las 419 en el ejercicio siguiente. Los países latinoamericanos centran las demandas con Venezuela a la cabeza. Los ciudadanos de ese país, que buscan dejar atrás una situación de crisis social sin precedentes, encuentran en España la puerta hacia Europa. Ellos solicitaron 172 del total de las presentadas en Cantabria. Le siguieron los colombianos, con 94, y los salvadoreños (42). Ucrania ocupa el cuarto lugar de demandantes con 26 peticiones y comparten la quinta posición Albania, Cuba y Perú, con 12 cada uno.

El drama sirio, con miles de personas exiliadas desde que comenzó la guerra en 2011, huyendo de la muerte, visibilizó recientemente el drama humanitario de todos los que han tenido que abandonar su hogar por la fuerza. Pero en la práctica, poco o nada ha cambiado en la sensibilidad de los países de acogida de refugiados, incluso pese a tratarse de un derecho fundamental recogido en la Declaración Universal Europea.

«Todavía estamos mal. Cada año hay más personas a las que atender y necesitamos más presupuesto y más medios. Esto no es un capricho o un favor. Es algo que legalmente Europa está obligada a conceder», reivindica el coordinador de la asociación Nueva Vida.

Desde que una persona solicita el permiso de refugiado hasta que finalmente lo obtiene pueden pasar años. En buena parte de ese tiempo no tiene permiso de trabajo y en ocasiones tampoco tiene derecho a ayudas. «Para hacernos una idea, ahora están concediendo citas para realizar la entrevista para solicitar el asilo en 2021. Es penoso que estemos en esta situación», protesta Carlos Arribas, coordinador de Movimiento por la Paz en Cantabria.

Sucede que nadie imaginó jamás que se produciría un aluvión tan repentino de migrantes llegados de todos estos focos de conflicto.

«La Administración está saturada y es comprensible porque nadie se esperaba esto. Lo que nadie entiende es que no se reaccione y se pongan más medios para resolver este colapso de papeleos que está obligando a la gente a dormir en la calle», denuncia Sandra García, responsable del programa de refugiados de Cruz Roja.

Lo primero que debe hacer el recién llegado es solicitar una cita en una comisaría de Policía para realizar la entrevista personal. Es un trámite que hay que formalizar de cara a la solicitud de asilo que se remitirá a la oficina que gestiona las peticiones en Madrid. La saturación obliga a día de hoy a coger cita para 2021. Tras ese primer paso se concede automáticamente la llamada tarjeta blanca, que otorga licencia de residencia durante seis meses pero sin derecho al trabajo. Al medio año, esa tarjeta será renovada por una roja, que tendrá vigencia por el mismo periodo de tiempo y que sí incluye permiso de trabajo. Esa tarjeta roja se renovará cada seis meses, tantas como sea necesario, hasta que llegue la resolución de asilo. Si se le deniega la condición de refugiado, la persona tendrá un plazo legal de 15 días para abandonar el país».

Entre las tres asociaciones mencionadas, reúnen en Cantabria 201 habitaciones para refugiados que no tienen dónde dormir. «Es una cifra ridícula si tenemos en cuenta que en 2018 llegaron 419. ¿Qué ocurre con el resto de la gente? Pues que hay muchos que están durmiendo en la calle y no hay derecho», coinciden los responsables de Nueva Vida, Movimiento por la Paz y Cruz Roja.

En sus casas de acogida ofrecen formación en el idioma -que es la mayor barrera que encuentra el recién llegado- y orientación laboral. «El objetivo es que puedan ser autosuficientes lo antes posible», explica Julio David García. «Por suerte el grueso de los solicitantes son latinoamericanos y ya conocen el español».

Además, para aliviar las listas de espera, el Gobierno de España ha decidido otorgar un nuevo régimen de acogida a los venezolanos. «Ellos ya no entran dentro de las listas de refugiados al uso. Ahora se denomina Protección Internacional por Razones Humanitarias y eso ha permitido agilizar los trámites», cuenta Sandra García. Más de 19.000 venezolanos han pedido protección internacional en el país el pasado año, casi el doble que en 2017.