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La Policía Nacional ha liberado a cinco víctimas de un entramado criminal especializado en la trata de mujeres de origen latinoamericano para su explotación sexual en pisos de citas ubicados en Santander, Valladolid y Avilés.
La organización desmantelada obligaba a las mujeres a estar disponibles las 24 horas del día durante los siete días de la semana. Tenían que pedir permiso para poder asearse o atender su higiene menstrual y debían mantener relaciones sexuales con los clientes aunque estuvieran enfermas.
Hay cinco personas detenidas (tres en Cantabria, una en Madrid y otra en Avilés) entre las que se encuentra la cabecilla y responsable de la trama, una mujer que ya ha ingresado en prisión provisional.
La investigación comenzó tras la denuncia de una de las víctimas. Con la información aportada por esta mujer, la Policía Nacional pudo confirmar la existencia del entramado criminal, asentado en Torrelavega, aunque la actividad se desarrollaba en pisos de cita en Santander, Valladolid y Avilés.
La cabecilla de la organización aprovechaba la precariedad en la que vivían las víctimas y en sus países de origen (Latinoamérica) y la necesidad de obtener ingresos, para estafarlas con una falsa oferta de trabajo en España como 'webcammer' de contenido sexual, pero sin contacto personal directo con clientes. Esa era la promesa, dinero a cambio de 'únicamente' salir en pantalla, pero la realidad era aún peor.
Una vez mordido el anzuelo y aceptada la propuesta, la principal responsable del entramado se encargaba de hacer todo el papeleo y comprar los billetes para su traslado a España simulando un viaje de turismo, financiando los gastos y aleccionando a las víctimas sobre cómo comportarse para burlar los controles en los aeropuertos. Una vez en territorio nacional, las mujeres eran enviadas a los pisos de citas donde se les retiraba el pasaporte y se les informaba de la deuda económica que acababan de contraer: 6.500 euros que deberían saldar ejerciendo la prostitución.
La explotación sexual se realizaba en viviendas regentadas por terceras personas, que se dedicaban al alquiler de habitaciones para el ejercicio de la prostitución y que no siempre eran conocedoras de que las víctimas estaban siendo forzadas por una banda criminal.
Las mujeres estafadas tenían la obligación de estar disponibles las 24 horas del día los siete días de la semana y solamente podían descansar cuando la cabecilla lo consideraba. Para salir a la calle debían pedir permiso, así como para acudir al servicio. Además, tenían que recibir a clientes aunque estuvieran enfermas o con la menstruación.
Sus servicios se ofrecían en páginas web de contactos sexuales y por ello debían pagar 100 euros semanales al entramado, lo que incrementaba aún más la deuda de 6.500 euros del traslado.
La principal investigada era quien atendía las solicitudes de los clientes a través de llamada telefónica o mensajería instantánea, controlando de esta forma la cantidad y la duración de los servicios.
Durante la operación policial, los agentes han registrado cinco inmuebles en Cantabria, Valladolid y Avilés, donde se han intervenido 5.000 euros en metálico, siete gramos de cocaína, tres teléfonos móviles y documentación relacionada con la actividad ilegal.
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Ana del Castillo
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