Las obras del Gobierno en iglesias conllevarán la retirada de símbolos de la Guerra Civil

«Lo que queremos es que todas nuestra obras -las que se financian desde el área de Patrimonio- cumplan con la Ley», puntualiza Hijosa, que confirma el acuerdo con el Obispado. La Iglesia es, obviamente, la responsable de una parte muy importante del patrimonio arquitectónico en la región y de ahí -de los templos- quieren acelerar la retirada de símbolos desde el Gobierno autonómico.

Sería otro paso. En otro frente. Otra consecuencia de la aprobación en el Parlamento, sin consenso y con notables críticas, de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria y de la existencia de una dirección general concreta en la estructura del Gobierno para este fin. De hecho, desde que se creó este organismo -y no siempre sin polémica- se ha retirado una cruz (o la simbología asociada a ella si estaba relacionada con la Guerra Civil o la dictadura) en Cieza, otra en Igollo de Camargo y otra en Liérganes. Además, recuerda Hijosa, del cambio de calles en municipios como Suances o Camargo. «Y todas estas actuaciones, salvo la de Cieza, que se hizo en paralelo a unas obras en la zona, han contado con subvenciones del Gobierno de Cantabria». Subvenciones que están disponibles para los ayuntamientos, apunta, desde 2021.

En este sentido, Hijosa recuerda que desde el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática se han puesto en marcha dos tipos de planes. Uno cuatrienal para ayudar a las comunidades autónomas «al despliegue de políticas» orientadas a estos asuntos. Con fondos que se reparten a través de las conferencias sectoriales de Memoria Democrática. En Cantabria, el dinero que llega del Ministerio ha supuesto 64.000 euros en 2021 y 45.000 este año. Y un segundo plan, «un plan de choque», destinado a otras entidades. «Desde la Federación de Municipios de Cantabria -que es la que podría acogerse a esta opción- no han pedido ayudas en base a este plan», confirma.

¿Qué balance hace de su labor la Dirección General con unas elecciones a la vista? Hijosa insiste en que se trata de la primera vez que existe un órgano directivo que se hace cargo directamente «de las políticas de Memoria Histórica» y que ese era un compromiso del PSOE. A partir de ahí sus esfuerzos se centraron, primero, en localizar el anteproyecto de Ley, «que nadie sabía dónde estaba». Fue -según su relato- un funcionario el que les facilitó tanto esta información como la localización del mapa de puntos en los que podría haber fosas que elaboró la Universidad de Cantabria. El anteproyecto de ley, ya aprobado por el Consejo de Gobierno, «entró en el Parlamento en enero de 2020». Lo siguiente, covid incluido, es una historia más conocida (que incluye el debate en el hemiciclo y las opiniones contrarias).

A eso añade la exhumación de los restos de Eloy Campillo (y la publicación de un libro) y todo lo hecho en cuanto a «difusión». Hijosa entiende que «hace falta pedagogía» y enumera contratos como el de la ampliación del mapa de fosas, el proyecto 'Legado' con personas mayores o actos de homenaje o reconocimiento (víctimas del caso Almería, ciclos de cine, jornadas 'Los hijos del hierro' centradas en los ferroviarios, informe sobre la situación de las mujeres en esos años...). Por último, destaca, entre otros, el convenio con la Universidad para digitalizar fondos vinculados «a la memoria colectiva» o la investigación de expedientes de cántabros prisioneros en el Penal del Puerto de Santa María.

Hijosa señaló en un acto reciente al Ayuntamiento de Santander como «el que menos ha cumplido» con la Ley. El Grupo Popular municipal insiste en que «se ha desarrollado un intenso trabajo» y recuerda que, entre otros, sólo en 2016 y 2017 «se retiraron los monumentos a las Legiones Italianas y el dedicado a los Caídos en la IV División de Navarra; se cambió de nombre el complejo de La Albericia; se modificó el nombre de seis calles y se sustituyeron tres; se añadió un nuevo artículo en el Reglamento para denominaciones de calles; y se crearon tres mesas de trabajo». Aseguran que «desde la normalidad política, social e institucional», se ha ido cumpliendo «tratando de generar los menores perjuicios a los ciudadanos derivados de los cambios de nombres de calles». «Promoveremos y apoyaremos -apuntan finalmente- todas las iniciativas y cambios que se realicen desde el debate sosegado y el consenso, y con procedimientos que causen los mínimos perjuicios posibles a los ciudadanos, evitando polémicas estériles y el uso partidista de esta Ley».