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La reunión entre el consejero de Obras Públicas, José Luis Gochicoa, y los representantes de la Asociación de Maltratados por la Administración que tuvo lugar ayer dejó a ambas partes con un buen sabor de boca. El primero se comprometió a aprobar los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) de Argoños y Escalante para 2020. Estos planes solucionarán la situación de las viviendas que llevan años al margen de la legalidad. «Creemos que pueden dar solución, si no a todas, a un buen número de ellas». Unas palabras «positivas» para el presidente de AMA, Antonio Vilela, aunque el PGOU de Piélagos, «al ser una situación más complicada, tendrá que esperar dos años más».
Estos documentos urbanísticos «son las herramientas» que pueden determinar qué inmuebles «pueden regularizarse, cuáles pueden ser viviendas de sustitución y cuáles deben indemnizarse sin pérdida de patrimonio para los afectados», enumeró Vilela. Aseguró que muchos PGOU se prolongan más de diez años o, directamente, «no existen», como en Escalante, lo que alarga en el tiempo este tipo de problemas.
En Argoños, municipio que suma la mayor parte de las propiedades amenazadas, hay 225 inmuebles con sentencia de derribo. De ellas, once no se pueden legalizar. En Escalante, es el edificio Las Torres el que peligra. Aunque la aprobación del documento solucionaría el escenario, no es la primera legislatura que comienza con la misma promesa. «Desgraciadamente, siempre que empiezan las legislaturas tenemos esa impresión positiva, pero luego es el tiempo el que dirá si se han cumplido las expectativas. En el pasado eso no ha sido así», advirtió Vilela.
La puesta en marcha de los PGOU no fue la única propuesta que Gochicoa presentó. También puso en valor la alternativa de la mediación como «una solución interesante en algunos casos» como el de Escalante, donde «puede ser una opción bastante interesante para los afectados». También explicó que, desde hace varios días, el Gobierno dispone de un equipo redactor para las viviendas de sustitución de Arnuero, de modo que los desalojados por derribos puedan contar con ellas.
Otra medida que contempló la Consejería, recogiendo la petición de AMA, es la creación de una oficina para la atención a los afectados que se situará en Gesvicán, «que sabe cómo tratar este tipo de situaciones» tras asumir la oficina de emergencia habitacional. En ella, cualquier afectado podrá consultar y tener acceso directo a la información que requiera. Para finalizar la reunión, Gochicoa se comprometió a remitir este otoño, a todos los afectados, cartas de valoración de tasaciones de sus viviendas en el caso de que hubiera que derribarlas. Cartas que se empezaron a enviar la pasada legislatura pero que no llegaron a todos los propietarios «por problemas de gestión interna».
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