Obras Públicas: dos años del mayor caso de corrupción en Cantabria

En la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Cantabria (ahora denominada de Fomento) hay una fecha que tienen grabada a fuego. El 22 de febrero de 2023. Ese día salió a la palestra el mayor caso de corrupción de la historia de Cantabria vinculado a la obra pública. Un escándalo sin precedentes que tuvo consecuencias políticas –causó una crisis en el PRC que obligó a Miguel Ángel Revilla a cesar al consejero José Luis Gochicoa y al director general de Obras Públicas, Manuel del Jesús–, más allá de las judiciales que se deriven de la investigación.

Ayer se cumplieron dos años desde aquel despliegue policial y de efectivos de Vigilancia Aduanera, que saldó con la detención de ocho personas y el registro de la Consejería de Obras Públicas, en manos del PRC; de las sedes de las cuatro empresas implicadas (La Encina, Cannor, Rucecan y API Movilidad) y de los domicilios de los implicados.

Aunque el caso se ha ido diluyendo con el paso del tiempo, desde el punto de vista mediático, lo cierto es que sigue pendiente de resolución. De hecho, se encuentra aún en fase instrucción. Fuentes cercanas a la causa han informado a El Diario Montañés que la titular del Juzgado de Instrucción Nº5 de Santander, Mercedes Compostizo, que dirige la investigación, está a la espera de practicar nuevas periciales y declaraciones, a petición de las partes. Una vez que se lleven a cabo estas diligencias, la intención de la magistrada es dar por finalizada la instrucción mediante el correspondiente auto de procedimiento abreviado.

A partir de ahí, las partes podrán presentar sus recursos de reforma o apelación si no están de acuerdo con la resolución y, de confirmarse su contenido, la instructora estaría en condiciones de solicitar los escritos de acusación o sobreseimiento. Después llegaría la apertura de juicio oral, la defensa presentaría su escrito de calificación y con ello la instructora enviaría los autos para su enjuiciamiento en la Audiencia Provincial.

Los hechos

El 'caso Obras Públicas' nace en la primavera de 2022, en concreto en el mes de marzo. La Delegación de la Agencia Tributaria (AEAT) en Cantabria recibió una denuncia anónima en la que se alertaba de la posible participación de un alto funcionario del Ejecutivo regional –el jefe de Carreteras, Miguel Ángel Diez– en la manipulación de adjudicaciones de contratos de obra pública. «Mediante la emisión de informes técnicos y su participación en las mesas de contratación, esta persona habría logrado que una serie de empresas resultaran adjudicatarias de los contratos», advertían. A raíz del aviso, los investigadores de la AEAT detectaron indicios de un enriquecimiento económico del núcleo familiar más cercano del funcionario.

Tras las primeras actuaciones, la AEAT formó un equipo conjunto con la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y se judicializó la investigación, que desde ese momento dirige la magistrada Mercedes Compostizo. En un primer momento, Vigilancia Aduanera pudo determinar que la familia del funcionario –en cuya casa se hallaron 530.000 euros en una caja fuerte y una máquina de contar dinero– había experimentado un «importante incremento de patrimonio no justificado durante el periodo comprendido entre 2013 y 2022», que se puede estimar en varios millones de euros. Si bien hay otro informe patrimonial que se remonta al año 2003 y también apunta a incrementos patrimoniales de la familia Diez-Del Río procedentes de pagos de una veintena de empresas. «El alto funcionario intervenía en la preparación de ofertas de licitadores concretos, emitiendo, presuntamente, una valoración arbitraria de los criterios subjetivos de valoración de ofertas y expulsando a otros potenciales licitadores. Para ello, modificaría precios, negociaría los términos de las licitaciones con empresas concertadas y haría uso de información privilegiada».

De acuerdo con las investigaciones llevadas a cabo, Diez y su familia «habría diseñado una estrategia para introducir en el circuito legal del dinero las importantes cantidades que recibía, previsiblemente, en forma de comisiones ilegales». Adicionalmente, los investigadores pudieron constatar que el citado entorno familiar disfrutaba de «diversas dádivas (regalos)» y de «un vehículo cuyo contrato de renting era abonado por una de las empresas que resultaba adjudicataria de contratos de obra pública, API Movilidad, en cuyos informes técnicos participaba directamente el investigado».

La UDEF y Vigilancia Aduanera cifran en, «al menos, 1.523.637 euros» las supuestas 'mordidas' que habría recibido por favorecer a los empresarios en la obtención de licitaciones públicas. Además, los investigadores sostienen que, entre los años 2019 y 2023, los ingresos percibidos por Parivara Lagani (la empresa «ficticia» de fotocopias de la familia del funcionario), Cecilia Diez del Río (la hija) y Beatriz del Río (la mujer) procedentes de las empresas adjudicatarias de obra pública para blanquear el dinero de «comisiones ilícitas» ascienden a 867.889 euros.

Tras la detenciones del 22 de febrero de 2023, la instructora acordó únicamente el ingreso en prisión provisional del jefe de Carreteras. Al resto de implicados les puso en libertad con cargos. Siete meses después, dejó libre al funcionario al considerar que ya no había riesgo de destrucción de pruebas.

En julio de 2024, los investigadores entregaron a la jueza sus conclusiones definitivas tras el análisis de toda la documentación y los ordenadores que requisaron cuando irrumpieron en la Consejería de Obras Públicas y las sedes de las empresas. Con todo ese material, la instructora amplió de ocho a diez la nómina de investigados, a los que tomó declaración, junto a testigos y peritos, el pasado mes de septiembre.

El cabecilla de la trama, Miguel Ángel Diez, defendió su inocencia y aseguró que «alguien que quería echar a Revilla del Gobierno me ha usado como cabeza de turco». Defendió que todas las licitaciones en las que ha intervenido se han realizado «conforme a la ley» y que él «no decidía» a quién se adjudicaba cada contrato.

Además, negó haber cobrado pagos de procedencia ilícita. Es más, dijo que el dinero que conforma su patrimonio procede de «los trabajos técnicos» que ha realizado al margen de su puesto de funcionario y de «los negocios inmobiliarios» de su mujer.

El 'último' capítulo de este caso ha sido la auditoría que ha realizado el actual Gobierno de Cantabria, en manos del PP, al margen de la investigación, y que pone en evidencia las «debilidades» en el control interno de los contratos suscritos por la Consejería de Obras Públicas en los últimos cinco años.

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