'Obras Públicas' y 'Gesvicán': la vinculación de dos casos en la Administración regional

En lo que no hay paralelismo es en el momento de cada investigación. Mientras que el 'caso Obras Públicas' está más avanzado y a la espera de un informe que puede ser definitivo, el 'caso Gesvicán' está en una fase más incipiente y depende del resultado de pesquisas del primer caso para ver si aparecen más indicios de delito e implicados.

Ambos asuntos surgen de una denuncia anónima en la que se describen unas irregularidades en el sistema de contratación. El 'caso Obras Públicas' se abrió en febrero del año 2022 y el 'caso Gesvicán' un año después, apenas una semana antes de que se hiciera público el primero con la detención de ocho personas.

En ambos procedimientos figuran como implicados empleados públicos y empresarios. En el 'caso Obras Públicas' aparecen como investigados el jefe de Carreteras, Miguel Ángel Diez, su mujer y sus dos hijas, y cuatro empresarios: Vidal y Elías Celis (Rucecan), José Saiz (Cannor y La Encina) y José Luis Blanco (Api Movilidad). En el 'caso Gesvicán' la nómina de investigados es algo menor, son cinco: dos técnicos de la empresa pública y tres empresarios: dos de Rucecan y uno de Senor.

En el 'caso Obras Públicas' el cabecilla de la trama era el jefe de Carreteras, que era el que manejaba los expedientes de contratación y se encargaba de que las empresas afines se llevaran las obras. A cambio, estas le entregaban unas supuestas mordidas que el funcionario canalizaba a través de una empresa fantasma que dirigían su mujer y sus dos hijas. Ese dinero lo blanqueaban para que entrara en el circuito legal. En el 'caso Gesvicán' el sistema de actuación parece ser algo más sencillo. Los dos técnicos implicados tendrían una serie de «tarifas» por preparar las ofertas de las empresas licitadoras, otorgarles la máxima puntuación en los procesos y por la adjudicación final de las obras.

A la espera del resultado de las investigaciones judiciales, el 'caso Obras Públicas' se llevó por delante al consejero del ramo, José Luis Gochicoa, y a su director general, Manuel del Jesus, que tuvieron que dimitir. También le costó el puesto al subdirector de Carreteras, Sebastián Martín, que fue cesado porque había quedado para comer con tres investigados en el Can Roca. Además, el Gobierno inhabilitó al jefe de Carreteras, que recurrió la decisión al Juzgado de lo Contencioso y espera una sentencia. En el 'caso Gesvicán', el Gobierno regional que preside el PP ha apartado de los expedientes de contratación a los dos técnicos.

En el 'caso Obras Públicas' la jueza mandó a prisión provisional durante seis meses al presunto cabecilla de la trama y después lo puso en libertad con cargos, misma situación en la que se encuentran el resto de investigados desde que pasaron a disposición judicial. En el 'caso Gesvicán' los cinco implicados están en libertad y cuatro ya han comparecido ante el juez.

En el 'caso Obras Públicas' los ocho investigados se acogieron a su derecho a no declarar cuando comparecieron ante la jueza en el mes de febrero de 2023. En cambio, en el 'caso Gesvicán' los tres empresarios implicados han defendido su inocencia en su declaración del pasado jueves y han negado que abonaran comisiones ilegales a los dos técnicos de la empresa pública, mientras que uno de estos últimos se acogió a su derecho a no declarar a la espera de conocer todas las actuaciones del caso y el otro todavía no ha comparecido.

Las partes del 'caso Obras Públicas' están a la espera de un informe sobre los registros efectuados hace un año en las empresas implicadas. A partir de ahí, las defensas y las acusaciones diseñarán sus estrategias y podrían pedir alguna diligencia más. En el 'caso Gesvicán' el juez ha prorrogado la instrucción seis meses a la espera de que declaren todos los investigados y por si surgen nuevos indicios como resultado de ese informe pendiente del caso principal.

La investigación de Obras Públicas la dirige la titular del Juzgado de Instrucción Nº5 de Santander, Mercedes Compostizo, y el 'caso Gesvicán', el titular del Juzgado de Instrucción Nº2 de Santander, Miguel Ángel Agüero. En ambas causas está personado como acusación y perjudicado el Gobierno de Cantabria. También el Ministerio Público está representado por el mismo fiscal, Jesús Alaña. En el primer caso ejerce la acusación popular la Asociación de Constructores de Cantabria, después de que Vox se apartara.