Ocho muertos en la crónica negra de Cantabria de 2024

Fue el 10 enero cuando apareció muerto en un coche, amordazado y con «aparentes signos de violencia» Javier Borrás, un vecino de la Avenida de Los Castros de Santander, de 63 años, con antecedentes por tráfico de droga. De hecho, la Policía Nacional sospecha que el móvil del crimen fue «un intento de robo que se fue de las manos». Durante las primeras pesquisas se halló droga en la vivienda de la víctima, aunque no ha trascendido la cantidad ni qué tipo de sustancias. Esta circunstancia refrendaría la hipótesis del robo. Al parecer, los autores del crimen habían quedado con Borrás para comprarle droga y, por causas que aún se desconocen, acabaron con su vida.

La investigación parece que se encuentra en un punto muerto, ya que la localización de los autores del crimen es vital para el esclarecimiento de la causa. Según la información recabada por este periódico, la Policía Nacional lleva tiempo detrás de los presuntos autores del crimen y no consigue localizarlos. Al parecer se han escondido o se han dado a la fuga, conscientes de las consecuencias de los hechos acaecidos. Los agentes tiene sobre la mesa a tres sospechosos y dos de ellos son viejos conocidos por su historial delictivo. Sobre el tercero tienen menos información.

Los forenses llegaron a la conclusión de que Borrás murió el domingo 7 de enero y no el miércoles 10, cuando apareció su cuerpo. Y creen que ese violento fallecimiento se produjo «por la noche», aunque no ha trascendido que fue lo que finalmente le causó la muerte.

El 3 de febrero, la estación de FEVE de Boo de Piélagos amaneció convertida en escenario de la muerte de Carlos Cubillas, un joven de 21 años natural de Rumoroso (Polanco), que regresaba a casa en tren después de una noche de diversión en Santander. El titular del Juzgado de Instrucción Nº4 de Santander, Luis Enrique García, envió a prisión provisional, comunicada y sin fianza a los presuntos autores del crimen, Ángel R. C. y Rubén G. A., de 19 y 20 años. Todo sucedió tras una riña en el viaje en tren tras haber consumido «mucho alcohol». Según los testigos, los dos acusados sacaron a la fuerza a Cubillas del vagón en la estación de Boo de Piélagos, le golpearon en numerosas ocasiones, incluso le llegaron a propinar patadas en la cabeza cuando ya estaba en el suelo y, finalmente, le lanzaron a las vías.

Para el instructor «la consecuencia de la caída a la vía es la muerte y el comportamiento posterior de los investigados, abandonando a su suerte a la víctima en la vía, no permite afirmar en términos indiciarios que dicha muerte pueda ser accidental, sino violenta y de etiología homicida».

El juicio por este caso se celebrará a partir del 31 de marzo en la Audiencia Provincial con tribunal del jurado.

La Fiscalía solicita 13 años de cárcel para los dos acusados por un delito de homicidio doloso y una indemnización de 163.000 euros. Por su parte, la acusación particular reclama 12 años y medio por el mismo delito y 3.000 euros de multa (diez meses a razón de diez euros diarios) por un delito de omisión del deber de socorro, y una indemnización de 170.500 euros.

Castro Urdiales fue el 7 de febrero el escenario del crimen más cruel del año en Cantabria por la edad del autor. Es día, sobre las once de la noche, la Guardia Civil montó un gran dispositivo en una urbanización de Monte Cerredo, en cuyos garajes los agentes hallaron el cadáver de Silvia López, de 48 años. Sus dos hijos, adoptivos, de 13 y 15 años, estaban desaparecidos. La primera sospecha recayó sobre el marido, pues todo apuntaba a un crimen machista; pero se descartó rápidamente porque él estaba trabajando. Los niños avisaron a la abuela de que los habían secuestrado, aunque finalmente la Guardia Civil los encontró en un parque. Poco después confesaron la autoría. El mayor fue el responsable de la muerte de la madre. Contó que la apuñaló, y que luego ambos cargaron con el cuerpo hasta el garaje para introducirlo en el vehículo. Intentaron poner en marcha el coche pero no lo lograron. Al menor de los dos hermanos, que es inimputable, la fiscal le envió a un centro de protección de menores, y el mayor, tras declararse autor del asesinato de su madre después de una fuerte discusión, fue internado en un centro, donde deberá permanecer seis años –la pena máxima– en base a la condena impuesta por el Juzgado de Menores de Santander.

Un mes después del crimen de Castro, Hinojedo fue el escenario de otro matricidio. El 6 de marzo de 2024, la Guardia Civil halló los cuerpos de Rubén Fernández (41 años) y de su madre, Milagros Izquierdo (81) en su vivienda. Él la estranguló y luego se ahorcó en el garaje de la casa. Hacía años que ella sufría una enfermedad que le había provocado un avanzado deterioro físico e intelectual. Él no tenía amigos y su única rutina eran los paseos que daba con ella por el mismo barrio, alguna visita a la biblioteca y los trabajos que encontraba de manera ocasional en el Ayuntamiento de Suances.

El suceso conmocionó a toda la localidad porque «era un chico que había estado cuidando de su madre toda su vida». Por eso, hechos como este resultan aún más incomprensibles. De hecho, a raíz del crimen surgieron una serie de rumores en el municipio que señalaban a una tercera persona –había versiones que hablan de varias– como presunto autor de los hechos. Incluso se llegó a comentar que una persona había sido detenida por las dos muertes. Sin embargo, nada más lejos de la realidad, ya que la Guardia Civil, Delegación del Gobierno y el Juzgado descartaron inicialmente la participación de terceras personas en el crimen. De hecho, desde el Juzgado, que aún no ha cerrado el caso, aclararon entonces que «no hay en la causa ninguna persona investigada». Todo ello a la espera de conocer los resultados de la autopsia, que fijó la data de la muerte de Milagros y Rubén el 5 de marzo. Es decir, un día antes de que sus cuerpos fueran hallados por la Guardia Civil.

La explosión en un edificio en La Albericia causada por un vecino que decidió quitarse la vida, arrebatando además la de un matrimonio y dejando trece heridos, fue el último de los sucesos de la crónica negra de Cantabria del año pasado. Ocurrió en la madrugada del sábado, 26 de octubre. Manuel Fernández Cuenca, un vecino de 43 años con antecedentes penales y varios intentos autolíticos, manipuló una bombona de gas, provocando varias explosiones, el incendio y posterior derrumbe del edificio en el que residían 21 vecinos. La investigación judicial, que quedó cerrada, reveló que el autor del siniestro ya había amenazado con volar el edificio.

El número de víctimas pudo ser mayor de no haber sido por la intervención de los vecinos y los servicios de emergencias. De hecho, las hijas (de 2 y 19 años) del matrimonio que perdió la vida lograron escapar de las llamas gracias a sus vecinos. El Ayuntamiento de Santander decretó tres días de luto como consecuencia del trágico suceso, que conmocionó a toda la ciudad.