Ocho municipios cántabros se enzarzan en una pugna por los límites territoriales

Pero el paso del tiempo y los limitados medios de entonces acabaron por desdibujar aquellas líneas intermunicipales. Por eso, el Gobierno de Cantabria y el Instituto Geográfico Nacional (IGN), dependiente del Ministerio de Fomento, sellaron en 2009 un convenio de diez años que tiene como objetivo revisar y actualizar «para siempre» las líneas fronterizas entre los 102 municipios de la región dando coordenadas UTM a los mojones colocados hace más de cien años.

En estos nueve años, se han restaurado y completado los lindes establecidos en los datos cartográficos y actas de más de 100 años de antigüedad de 50 ayuntamientos cántabros, lo que ha supuesto revisar 2.048 hitos distribuidos en 912 kilómetros.

A pesar de los esfuerzos, el Plan Nacional de Actualización de las Delimitaciones Territoriales de Cantabria, nombre del proyecto, concluye el próximo año muy alejado del objetivo inicial, ya que no se ha llegado a revisar ni la mitad de los municipios. Por eso, «la idea es prorrogarlo en el tiempo», asegura el director general de Administración Local, Pedro García Carmona, consciente de la importancia de eliminar definitivamente las discrepancias intermunicipales «para elaborar un plan general o para el cobro de impuestos», y también para el mantenimiento de la paz entre entre vecinos.

La actualización de los deslindes municipales no siempre ha sido pacífica, aunque esta sea la tónica general. «La mayor parte de las actuaciones se hacen de mutuo acuerdo y no son problemáticas, de manera que el expediente se cierra de conformidad», explica García Carmona. Sin embargo, en estos procesos han aflorado conflictos entre municipios vecinos, y también, en algún caso, con ayuntamientos situados al otro lado de la comunidad autónoma.

En estos momentos existen cinco expedientes abiertos como consecuencia de la actualización de las líneas divisorias de los municipios, en uno de los cuales ha llegado a intervenir el Consejo de Estado y es probable que termine en los tribunales. Se trata del conflicto que mantienen los ayuntamientos de Torrelavega y Reocín en torno a la ubicación de la subestación eléctrica del barrio La Turbera, una disputa que tiene el cobro de impuestos como trasfondo.

El Instituto de Fomento actualizó con la última tecnología el acta de deslinde que se firmó en 1927 y concluyó que la central eléctrica de Viesgo está en terreno de Torrelavega, conclusión que, lógicamente, comparte este ayuntamiento. Pero Reocín discrepa abiertamente; su alcalde ni ha firmado las actas de replanteo ni está dispuesto a mover la frontera un centenar de metros hacia Puente San Miguel.

En estos casos, «el Consejo de Gobierno de Cantabria asume el informe del IGN, salvo prueba contraria muy evidente», explica García Carmona, por lo que en este caso su propuesta coincidió con las tesis del municipio de Torrelavega, y el expediente ha terminado en el Consejo de Estado. El órgano consultivo no se ha pronunciado todavía, pero todo hace prever que el conflicto desembocará en los tribunales, ya que ninguno de los ayuntamiento está dispuesto a renunciar a la recaudación impositiva derivada de la actividad de la central.

Torrelavega sostuvo un pulso similar con el municipio de San Felices de Buelna sobre la ubicación de un mojón en Jerrapil (monte Dobra), en el que Fomento evacuó una propuesta intermedia, aunque más beneficiosa para la ciudad del Besaya. El Gobierno de Cantabria y el Consejo de Estado se apoyaron en aquel dictamen, con el que los de Buelna, finalmente, se conformaron renunciando a pleitear.

La revisión fronteriza afloró también diferencias territoriales entre los ayuntamientos vecinos de Herrerías, Val de San Vicente y Rionansa. Según el alcalde de Herrerías, Francisco Linares (PRC), la pugna con Val de San Vicente está resuelta, mientras que con Rionansa, con quien limita al sur, el caso está pendiente del informe del Instituto Geográfico Nacional. «Se debate la ubicación de un mojón que está hacia mitad del embalse de Palombera, perteneciente a la Cuenca Hidrográfica del Cantábrico, y en un punto de la carretera hacia Herrerías», precisa García Carmona. Pero, la revisión fronteriza de Herrerías resucitó un viejo conflicto intercomunitario con Asturias, ya que hay afectado un mojón que enfrenta al municipio cántabro de Herrerías con el concejo asturiano de Peñamellera Baja.

Y es que en ocasiones los trabajos de delimitación afectan a mojones que corresponden a líneas intracomunitarias. Así, la delimitación fronteriza de Valdeprado del Río reveló la existencia de un mojón que afecta también a Valderredible y al municipio palentino de Aguilar de Campo. Pero «en este punto se han firmado ya actas de conformidad», señala García Carmona.

Lo mismo ocurrió con la actualización de la línea divisoria de Campoo de Suso y Valdeolea, municipios fronterizos con la localidad palentina de Brañosera.

En julio de 2017, los técnicos del Instituto Geográfico Nacional, con la colaboración de ambas comunidades autónomas, comenzaron los trabajos de replanteo de la línea divisoria, a partir de los cuadernos técnicos de 1918. Los expertos localizaron los mojones descritos en las actas centenarias y recuperaron mediante ajustes topográficos la posición actual de los hitos, a los que asignaron coordenadas UTM. El pasado mes de enero, las comisiones municipales de Campoo de Suso y Brañosera, el pueblo más antiguo de España, firmó el acta adicional que recoge la línea fronteriza descrita en 1918. No obstante, la nieve de las cumbres impidió la comprobación de toda la mojonera para concretar la ubicación definitiva, visita que se realizará este año, según anuncia Pedro García Carmona.

El último punto de desavenencia implica a los municipios de Anievas y Arenas de Iguña. «Hay un terreno que está en Arenas y que los últimos datos apuntan a que corresponde a Anievas», explica el responsable de Administración Local. El caso está en manos del IGN pendiente de informe.

El consejero Rafael de la Sierra, de cuya consejería cuelga el plan de actualización de las líneas divisorias de Cantabria, destaca la importancia de estos trabajos, ya que «permiten el conocimiento exacto» de los límites jurisdiccionales de los municipios, lo que «otorga una mayor seguridad jurídica» en el desarrollo de cualquier actividad pública o privada que tenga lugar en el entorno de las fronteras intramunicipales.

El convenio se financia con la aportación del IGN y el Gobierno regional. Los trabajos para este año tienen un presupuesto estimado de 88.235 euros, de los cuales la Consejería de Presidencia y Justicia aporta 30.000 euros, a través de la Dirección General de Administración Local.