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Cerca de un centenar de establecimientos de ocio nocturno de Santander, Torrelavega, Suances y Noja apagarán la iluminación de sus fachadas este sábado cuando falten 10 minutos para la medianoche para protestar por la decisión del Ministerio y las comunidades autónomas de decretar el ... cierre del sector.
En su interior, a las 00.00 horas, se leerá simultáneamente el manifiesto con el que la Asociación de Empresas del Ocio Nocturno de Cantabria reivindica que se respete el funcionamiento de sus locales «en condiciones que garanticen la viabilidad económica» de empresas que sostienen en la región más de 7.000 empleos.
Estas empresas, según añade la asociación que las aglutina, han realizado una inversión de más de un millón de euros en contrataciones, medidas e instalaciones para garantizar que el ocio nocturno en la comunidad autónoma «es tan seguro como la actividad de cualquier otro sector».
Los actos de protesta se iniciaron la pasada semana cuando los locales de ocio apagaron Cañadío (Santander) y se extiende mañana sábado a tres municipios más e incorpora en la capital cántabra otras zonas tradicionales de copas, como el Río de la Pila.
A los motivos para la protesta se suma este fin de semana la decisión conjunta entre el Ministerio de Sanidad y el Gobierno de Cantabria de decretar la clausura de las empresas del sector anunciada este viernes.
El portavoz de la Asociación, Ángel Suárez, ha señalado en una nota de prensa que en este momento están estudiando «todas las medidas legales» que se pueden adoptar ante una decisión que los empresarios consideran «un atropello».
La Asociación destaca el «daño irreparable» a la economía regional que supone clausurar en este momento la actividad de un sector que aporta un 1,6 % al PIB regional, «en un momento en el que Cantabria no está en situación de desdeñar ninguna aportación al desarrollo».
Recuerda además que serán necesarios varios años «para recuperar la cifra de los cerca de 200.000 extranjeros que cada año disfrutan del ocio nocturno en Cantabria», y que supone «el 50 % del turismo internacional» que visita la comunidad.
El portavoz del colectivo empresarial cántabro señala que las empresas reivindican «el derecho a permanecer abiertas desde el más absoluto sentido de la responsabilidad».
Y ello porque saben que las medidas que han implantado «convierten los establecimientos en espacios tan seguros como otros que permanecen abiertos al público».
Además, «el colectivo ha dado sólidas muestras de compromiso con la seguridad al adoptar voluntariamente medidas de precaución, incluido el cierre de establecimientos cuando se han dado situaciones que hacían sospechar de riesgo para la salud de las personas».
El portavoz destaca que la mayor parte de los bares y espacios de ocio nocturno de Cantabria son pequeñas empresas en las que no solo trabajan los propietarios, sino además miembros de sus propias familia o parejas. «Pensar que asumiríamos riesgos innecesarios es absurdo», concluye.
En el mismo sentido, la Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria (AEHC) considera que el sector no puede asumir más medidas restrictivas sin ningún tipo de apoyo.
Consideran que «ante los alarmantes rebrotes debe actuarse con contundencia, y la seguridad de todos debe primar en las decisiones», peor insisten «en la sensación de improvisación y falta de coordinación y claridad por parte del Gobierno, lo que impide a los empresarios poder establecer un plan de actuación y una correcta organización, con el consiguiente impacto adicional en su actividad». Desde el sector se reclama, de nuevo, al Gobierno trabajo conjunto en la búsqueda de soluciones para que éstas no supongan el hundimiento definitivo del sector.
Ángel Cuevas, presidente de AEHC, cree que «es increíble que se esté demonizando a un sector que, en su gran mayoría, se ha comportado de manera ejemplar, y desde el primer momento ha asumido medidas mucho más rigurosas de las que se han impuesto a otros actividades. Atacar a los negocios hosteleros no es la solución a un problema que debe pasar por la responsabilidad y cumplimiento de la normativa por parte de todos, así como por un plan de prevención por parte de las Administraciones». Asimismo reclama mayor rigurosidad y añade que «no hay evidencias científicas que avalen las decisiones adoptadas»
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