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Rodolfo Rodríguez Campos, el tesorero del Partido Regionalista de Cantabria, quiso salir ayer al paso de las informaciones de algunos medios que le vinculan con la trama del 'caso Obras Públicas' o con la venta de los terrenos de La Pasiega. A través de un ... comunicado, Rodríguez Campos responde también a Podemos, partido que solicitó a la próxima presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, que abra una investigación al respecto.
En su escrito, el tesorero expresa su apoyo a la propuesta de Podemos para que se impulse una investigación parlamentaria que permita demostrar que «no tengo absolutamente nada que ocultar» y que, ni en su actividad profesional ni en la política, «he tenido ningún interés ni en el proyecto de La Pasiega ni en la trama del funcionario». Rodríguez Campos, además, vincula las informaciones que le señalan en un interés por «boicotear» el acuerdo de investidura suscrito por el PRC y el PP.
El tesorero asegura que nunca ha tenido vinculación con los terrenos expropiados para crear el polígono de La Pasiega, ni participación en la sociedad Proyectos Piélagos, socia de otra mercantil propietaria de algunos de esos suelos y, por tanto, mera tenedora de participaciones sociales, a la que únicamente presta servicios profesionales de asesoría en el ámbito tributario y societario, que incluyen que el domicilio social se ubique desde 2018 en las mismas dependencias donde está el domicilio social del despacho profesional del que es socio, «una práctica absolutamente habitual cuando una empresa carece de medios personales y materiales, como ocurre en el presente caso».
Aclara, además, que su relación profesional con dicha empresa comenzó en 2015, 9 años después de la adquisición de esos terrenos en 2006, y cinco años antes de su elección como responsable económico financiero del PRC, que se produjo en 2020, a raíz del fallecimiento de su antecesor, Alfredo Trueba.
Rodríguez Campos recalca que la relación profesional con Proyectos Piélagos es «totalmente ajena» a su cargo orgánico o profesional en el PRC, «y por supuesto no ha posibilitado ningún tipo de trato de favor a nadie por parte del Gobierno de Cantabria».
Y para despejar cualquier duda, ha dado a conocer que la expropiación de los terrenos impulsada por el Ejecutivo cántabro ha supuesto «una considerable pérdida económica» para su cliente, que adquirió en el año 2006 ese suelo con un costo medio el metro cuadrado de 30,28 euros y ha tenido que cederlo (vía expropiación) por 18,74 euros/metro cuadrado, en el pasado mes de mayo
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