La ofensiva contra el Ministerio por el lobo abre una grieta entre los socios del bipartito

El último choque fue la semana pasada. El Tribunal Superior de Justicia de la región (TSJC) paralizó cautelarmente los permisos que dio Desarrollo Rural para cazar lobos en tres zonas al entender que es posible que no se ajusten a la ley. El consejero regionalista reaccionó afirmando que si la Justicia no le da la razón en el contencioso con el Estado, entonces la única solución será «cambiar este Gobierno (el de Sánchez) lo antes posible». Unas palabras que incomodaron al PSOE. Si hasta ahora el socio minoritario del bipartito había mantenido una posición común con el PRC y sobrellevado peor o mejor tener una posición en Madrid y otra en Cantabria, esa frase fue un punto de inflexión.

Desde ese momento, el partido que dirige Pablo Zuloaga se pronuncia abiertamente por seguir los pasos de Asturias, crear puentes con el Ministerio y desjudicializar el conflicto. Un conflicto que, en su opinión, Blanco alimenta intencionadamente por intereses partidistas. Los socialistas creen que es más que probable que Asturias consiga -por las buenas y sin incumplir ninguna norma- antes que Cantabria permisos para cazar ejemplares y «ahí sí que el consejero tendrá que dar explicaciones al sector». Lejos de virar, Blanco afirma que emitirá nuevas resoluciones de caza y que recurrirá los varapalos judiciales a todas las instancias posibles.

La vía judicial a la que quiere renunciar el PSOE se ha abierto en tres frentes distintos. Además de la ofensiva de los grupos proteccionistas contra el Gobierno de Cantabria por autorizar cazas que consideran ilegales, también está la querella penal por prevaricación que ha presentado la asociación Ascel contra el consejero y su número dos, el director de Biodiversidad, Antonio Lucio. Esta denuncia contra las dos personas que firman las órdenes de caza de lobos no se ha resuelto y tampoco, en el sentido contrario, el frente común que Cantabria creó con Asturias, Galicia y Castilla y León contra el Ministerio por la inclusión de este animal en la lista de especies protegidas. Las cuatro autonomías presentaron un recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional contra el Estado que también tiene que dilucidarse, aunque los jueces sí rechazaron ya las medidas cautelares que pidieron estos territorios en las que solicitaban seguir aplicando sus planes de gestión hasta que la Audiencia se pronuncie sobre el fondo.

Y más allá del debate político y judicial, está la batalla del relato. La Consejería emitió sus resoluciones para realizar las extracciones de lobo -las que tumbó el TSJC- acogiéndose a una de las excepciones a la prohibición de cazar que contempla la norma nacional: los «cuantiosos y reiterados daños» a la ganadería. Blanco expuso los datos el jueves. Entre septiembre de 2021 -cuando se protegió al lobo- y julio de 2022 se han producido 1.350 muertes. Ascel no niega estos datos oficiales, pero sí recuerda que en el mismo periodo del año anterior -antes de la protección- la cifra de reses que mató el lobo fue de 1.342, es decir, que el incremento se circunscribe solamente a ocho ejemplares.