La Oficina Anticorrupción del Gobierno no tendrá partida presupuestaria para 2019

La Oficina Anticorrupción del Gobierno de Cantabria (PRC-PSOE) no tendrá reflejo presupuestario «específico» en las cuentas de la comunidad autónoma para 2019 ya que inicialmente se va a «intentar» poner en marcha con recursos del propio Gobierno y que «no suponga un mayor coste». «Primero vamos a hacer el experimento con gaseosa», ha dicho el consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Juan José Sota.

Así se ha manifestado el consejero al ser cuestionado este lunes, durante la rueda de prensa de presentación del proyecto de Presupuestos de Cantabria para 2019 (PGC), acerca del impacto presupuestario que tendría la creación de esta Oficina Anticorrupción.

El consejero ha explicado que en el proyecto de Presupuesto del Gobierno, aprobado este viernes en Consejo de Gobierno extraordinario y registrado posteriormente en el Parlamento, «no se contempla nada específico» para esta Oficina ya que la «idea» del Gobierno es, al menos inicialmente, poner en marcha la misma y que funcione con los recursos propios del Gobierno sin que suponga incrementar el gasto, para lo que se ocuparán de ella una parte de los funcionarios. «Vamos a ver cómo funcionamos», ha dicho.

El consejero ha explicado que si la Oficina puede funcionar de esta manera se continuará así y si, en cambio, si se ve que es «necesario» reforzarla, porque hubiera muchas denuncias o mucho trabajo, se plantearía el dotarla de más medios.

«No queremos, en este momento, crear un nuevo organismo que suponga un mayor gasto», ha dicho el consejero, que ha señalado que, en algunas comunidades en las que existe dicha oficina u órgano semejante, está teniendo «un coste muy elevado» y su rendimiento «es mínimo».

Sota ha aludido al «modelo valenciano», en el que, según ha dicho, se ha creado una Oficina Anticorrupción con «una cierta estructura» que, sin embargo, está ocupándose de «una o dos denuncias».

Por ello, el consejero ha opinado en que «no merece la pena» el «montar un aparato administrativo» que tenga un «rendimiento económico o social mínimo».