La okupación de viviendas en Cantabria se incrementó el año pasado casi el 9%

Sobre esto cabe indicar que las estadísticas de okupaciones que facilita el Ministerio del Interior, las únicas disponibles, no discriminan entre los dos tipos penales que existen alrededor este fenómeno en particular, que son el allanamiento de morada (delito que se produce respecto a la vivienda principal o la segunda residencia por ser lugares en los que sus propietarios desarrollan sus vidas normales) y la usurpación del derecho de uso de un inmueble (delito que afecta a inmuebles que no son residencia de nadie, es decir, que están deshabitados y vacíos), ya que son calificaciones jurídicas que realiza a posteriori el órgano judicial encargado de instruir cada denuncia.

Con el lastre de estos números, la región llegó a ese mes de agosto como una de las cinco únicas comunidades autónomas en las que este tipo de delitos subieron en lugar de bajar o mantenerse.

Esto empujó a finales del año pasado al Parlamento regional a instar al Gobierno del PP a constituir una comisión de trabajo con la Federación de Municipios de Cantabria para coordinar medidas y establecer compensaciones a los propietarios y vecinos afectados.

Lo hizo a través de una proposición no de ley presentada por el Grupo Popular en la que, además, instaba al Ejecutivo a que hiciera lo propio con el Estado y las Cortes Generales para modificar el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Civil para elevar a la categoría de delito y aumentar las penas en los supuestos de okupación con agravamiento si hay violencia o intimidación.

Huérfana de datos precisos, porque «es imposible saber cuantas viviendas hay okupadas», la delegada nacional de la plataforma antiokupa Mi Barrio Seguro, Noemí Muñoz, cree que esos no son pasos suficientes para poner acabar con este fenómeno en aumento. «Hacen falta leyes claras y concisas, leyes que, en casos así, permitan actuar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado», subraya la portavoz del colectivo, a la que no le parece normal «que el desalojo de una casa okupada tengan que efectuarlo personas de una empresa privada» y «en las circunstancias en las que se ha producido» en el caso de los pisos desalojados en Ramales de la Victoria.

Muñoz, que no cree que Cantabria esté «ni mejor ni peor» que otras comunidades autónomas, sitúa el grueso de las okupaciones de viviendas que se conocen «en la zona del Besaya y en la costa oriental», porque «si pueden okupar un chalé en la playa no van a okupar una cabaña en los Valles Pasiegos», y niega que en la mayoría de los casos medie en la entrada ilegal en una vivienda la vulnerabilidad de los okupas, «que tienen televisores de 50 pulgadas, iPhone y videoconsolas de última generación».

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