La okupación de viviendas sigue sin freno y los casos se duplican en un año en Cantabria

Un dato, este último, que no debe servir de consuelo, puesto que no corresponde a una proporción, sino a términos absolutos y ahí Cantabria siempre saldrá bien parada, porque cuenta con menor población que la mayoría de las comunidades con las que se compara. Es lógico, por tanto, que Madrid o Barcelona lideren este ranking. «Pese a esa buena posición estatal, este problema debería preocuparnos y mucho, sobre todo a las administraciones, que son las que tienen que buscar soluciones».

29casas okupadas ha contado Cantabria en lo que va de año (de enero a abril de 2022).

27de los 101 casos de okupación registrados en el año 2021 se han devuelto a sus propietarios.

Son palabras de Noemí Muñoz, presidenta de la Coordinadora Meruelo sin Okupas y delegada nacional de la asociación Mi barrio seguro, que lleva años reclamando atención del Gobierno regional y de la Delegación del Gobierno para terminar con esta práctica. «Las cifras de okupaciones son muy altas; pero es todavía más preocupante que, según nuestros registros, de esas 101 sólo se han podido recuperar 27. ¿Qué sucede con el resto?», lamenta.

Más datos: de enero a abril de este año 2022, Cantabria contó 29 denuncias por este hecho, una menos que en el mismo periodo del pasado año. El caso regional es un 'rara avis' en el contexto nacional, donde la tendencia es claramente alcista. Aquí, sin embargo, las cifras han oscilado en los últimos años. Fueron 49 casos detectados en 2017; 93 en 2018; descendió hasta los 85 en 2019 y hasta los 52 casos en 2020 -un año atípico, marcado por la pandemia, que llevó a la gente a habitar sus segundas residencias, haciendo que fuera mucho más difícil okuparlas-.

Las mafias han encontrado en la okupación un negocio rentable. Aleccionan a los okupas, los informan de las viviendas que están disponibles y del modo en que pueden acceder a ellas. Les recuerdan sus derechos y la manera en que deben obrar para establecerse en una vivienda el tiempo que se prolongue el complejo proceso judicial que en la mayoría de los casos terminará expulsándolos.

Quien se dedica profesionalmente a esto maneja códigos. «Lo que hacen es informarse primero de las casas que están vacías. Suelen dejar bolsas de basura o garrafas de agua. Si al cabo de un tiempo nadie las retira de la vivienda, saben que en esa casa no vive nadie», detalla Muñoz.

La primera oferta para abandonar la vivienda suele ser económica. «Ellos suelen irse si se les paga lo que piden, que suelen ser cantidades superiores a los 2.000 euros», detalla la responsable de la asociación antiokupación. Aunque puestos a gastar ese dinero, algunos propietarios prefieren invertirlo en empresas que se dedican profesionalmente a la desokupación.

Rafael Sánchez es el responsable de la empresa marbellí Antiokupas Group y ya estuvo presente en Cantabria el pasado enero, cuando intervino para liberar una vivienda en Castro Urdiales. Acumula al menos una docena de actuaciones en la región. «Hay situaciones muy diversas. Pero en las más críticas, cuando el diálogo no funciona, hemos llegado a entrar en las viviendas en un momento de ausencia de quienes viven para devolvérsela a su legítimo dueño. Esto es, okupamos la vivienda okupada. Esto se puede hacer», remarca.

La mayoría de las casas afectadas se corresponden con segundas residencias ubicadas en la zona más oriental de la comunidad; y predominan los chalets. En Santander o Torrelavega, la incidencia es menor: «El número de okupaciones en el periodo comprendido desde el mes de enero a mayo de este año se mueve en las mismas cifras que el pasado año», certifican fuentes de la Policía Nacional. «Cabe destacar que únicamente el 4,1% de las ocupaciones se corresponde con inmuebles que constituyen primeras residencias», revelan las mismas fuentes. Con lógica, la intervención policial para la expulsión es mucho más sencilla en la vivienda habitual y la okupación de estas suele ser un error por parte de los intrusos.