Las okupaciones en Cantabria crecen el 8,7% pese a la bajada del 11% en España

Cantabria ha visto cómo el número de okupaciones ha crecido en su territorio, al pasar de las 57 registradas en 2022 entre los meses de enero y agosto a las 62 detectadas en ese mismo período del presente 2023, es decir, se ha incrementado el 8,7%. Este porcentaje contrasta con la bajada que ha experimentado el número de este tipo de delitos en el cómputo global de España, donde se ha registrado una caída del 11%.

Las comunidades autónomas que suben el número de okupaciones son, además de Cantabria, Asturias (que pasa de 45 a 53 casos), Canarias (de 319 a 382), Galicia (de 130 a 134) y País Vasco (de 170 a 186), según el Sistema de Criminalidad del Ministerio del Interior actualizado hasta el pasado mes de agosto, consultado por Europa Press, con datos provenientes de Policía Nacional, Guardia Civil y policías autonómicas y locales.

En el panorama nacional, Cataluña sigue liderando, con mucha diferencia, las comunidades autónomas que anotan más casos de okupaciones de viviendas según el registro del Ministerio del Interior hasta agosto de 2023: allí suceden dos de cada cinco casos, es decir, el 40% de los 10.345 casos contabilizados en el conjunto de España, lo que representa, en la totalidad del país, un descenso superior al 11% con respecto al mismo periodo del año pasado. El dato contrasta con el de otras comunidades autónomas con poblaciones parecidas, como pueden ser la Comunidad de Madrid, que registra 1.025 okupaciones (-1%); Andalucía, que tiene 1.607 (-6%); o la Comunitat Valenciana, que totaliza 1.134 (-21%).

Las estadísticas de okupaciones del Ministerio del Interior, según relata Europa Press, no discriminan entre los dos tipos penales que conforman este fenómeno, el allanamiento de morada (delito que se produce respecto a la vivienda principal o la segunda residencia por ser lugares donde su propietario desarrolla su vida ) y la usurpación del derecho de uso de un inmueble (delito que se refiere a inmuebles que no son residencia de nadie, es decir, que están deshabitados y vacíos), ya que son calificaciones jurídicas que realiza a posteriori el órgano judicial encargado de la instrucción de cada denuncia.

Fuentes del Ministerio del Interior han destacado que, según los datos de la Fiscalía General del Estado recogidos en la memoria de la institución correspondiente al año 2022, solo el 0,16% de los delitos genéricos de okupación se refieren a delitos de allanamiento. En concreto, se incoaron un total de 8.868 procedimientos por usurpación, un 9% menos que en el año anterior, y 96 procedimientos por allanamiento.

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