OlaCantabria demanda a Sota por «no recuperar el dinero de más pagado a los ejecutivos de Sogiese»

El partido creado por el diputado Juan Ramón Carrancio, ex de Ciudadanos, alega que «cinco empleados, uno de ellos hija del consejero, cobraron por encima de su sueldo y reclama que el dinero se reintegre en la Tesorería General». OlaCantabria ya presentó a principios de este año una denuncia ante la Fiscalía en la que pedía que se investigasen las presuntas irregularidades cometidas en la Sociedad Interreg Espacio Sudoeste Europeo (Sogiese), del Gobierno de Cantabria, encargada de gestionar fondos europeos. Pero la Fiscalía, tras investigar archivó esta denuncia por presuntos sobresueldos a dos directivos y a otros tres empleados entre 2012 y 2015.

Ahora, demanda personalmente a Sota debido a que el consejero de Economía, Hacienda y Empleo tiene vinculación familiar, padre-hija, con una trabajadora de Sogiese, encargada de la gestión económico-administrativa y contratada en su momento por el actual gerente de la empresa pública, con una relación de parentesco de primer grado, lo que puede vulnerar la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del sector público.

Sota ha señalado que Sogiese es una sociedad gestionada por el programa europeo INTERREG por encomienda de la Comisión Europea y que los salarios de sus trabajadores «vienen dados» por este organismo, incluidos los de los cinco empleados que cobran un sueldo superior al establecido en Cantabria por el desempeño de las mismas funciones.

El consejero añade que esta cuestión ya estaba contemplada en el Informe de Control Financiero hecho público en marzo de 2016 por la Intervención General. Además destaca que la contratación del personal se hace «atendiendo los principios de publicidad, mérito y capacidad, a través de un proceso auditado desde la propia Comisión Europea».

Asimismo, Sota subraya también que la acusación de que un familiar suyo recibe un sobresueldo es «totalmente falsa» y que este hecho es «contrastable y de fácil comprobación» .

En la denuncia de OLACantabria, este partido político subraya que Juan José Sota en todas sus intervenciones en el Parlamento y en los medios de comunicación siempre ha defendido a la empresa y sus sobresueldos y jamás ha mencionado en este asunto el parentesco padre-hija existente.

OlaCantabria considera «lamentable» que el resto de los partidos políticos «no hayan tomado medidas cuando conocían este caso», ya que considera que están obligados a luchar contra situaciones en las que aparecen indicios de corrupción.

Los hechos se remontan al año 2015, cuando la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Cantabria (IGAC), a través de la Subdirección General de Control Financiero, realiza un informe sobre la aportación realizada por el Gobierno de Cantabria en el ejercicio 2014 y su justificación.

En la denuncia se recuerda que durante la crisis económica se aprobó en Cantabria la Ley 2/2012, de 30 de mayo de medidas administrativas, económicas y financieras para la ejecución de plan de sostenibilidad de los servicios públicos de la Comunidad Autónoma de Cantabria, que afecta a sus empresas públicas.

Asimismo, OlaCantabria argumenta que «el informe de control financiero de la IGAC concluye, entre otras cuestiones, que la mitad de la plantilla de Sogiese sobrepasa en sus sueldos lo permitido por la Ley 2/2012». Las cantidades «indebidamente pagadas» a los trabajadores de esta empresa pública alcanzan un total de 90.000 euros, a los que hay que añadir los correspondientes intereses. Además, el informe indica que «los trabajadores deberán reintegrar ese dinero a la Tesorería Regional».

Desde OlaCantabria aseguran en la denuncia que Juan José Sota ha vulnerado tanto la Ley de Finanzas como la circular de la Intervención, de tal forma que «no ha realizado gestión ni actuación alguna, tendente a recuperar estas cantidades, tal y como estaba obligado, sino que se ha limitado a guardar el informe de actuación del Control Financiero de la Intervención en un cajón, con el correspondiente perjuicio para las arcas regionales».

Esto supone, en opinión de OlaCantabria que el consejero de Economía «se ha olvidado de su deber y obligación como es velar por los intereses de los recursos públicos con responsabilidad y lealtad institucional».