La oleada de incendios de los últimos años arroja sólo cuatro condenas

Según los datos aportados por la Fiscalía de Cantabria, en el año 2019 se dictaron tres sentencias por delito de incendio forestal, dos condenatorias y una absolutoria, mientras que en 2020 hubo otras dos condenas.

Si se comparan esas cifras con el número de incendios registrados en los años en los que se produjeron los fuegos (565 en 2018 y 781 en 2019), queda patente la problemática que hay para identificar a los autores y tener pruebas contra ellos. Así lo manifiesta el director general de Medio Ambiente, Antonio Lucio: «El problema está en la dificultad para demostrar que un incendio lo provoca una persona concreta y demostrarlo con las pruebas suficientes. Son delitos indiciarios, tienes que pillar a una persona 'in fraganti', lo cual es complicado y lo que se necesita es acumular suficientes indicios para que esa persona pueda ser llevada ante los tribunales con pruebas para que luego el fiscal y el juez abran un juicio y, después, haya una condena». De hecho, Lucio comenta sobre el caso de exjefe de Protección Civil de Ramales que «lo que hay son indicios de que empezó el incendio, que se le vio con lo que parecía un bidón, pero no le pillaron prendiendo el fuego. Entonces lo que hay es una valoración de prueba como en cualquier otro delito».

El director general de Medio Ambiente reconoce que cuatro condenas en dos años «son pocas». «Provocar un incendio es fácil y es un delito de cobardes, porque es muy sencillo en una orografía como Cantabria prender fuego. La hora tipo de episodios de incendios es al final de la tarde o a primera hora de la noche, cuando el incendiario sabe que los medios aéreos ya no pueden intervenir y los terrestres tienen dificultades no solo para apagar el incendio, sino para localizar a los culpables». «Es muy complicado», de ahí que Lucio considere que es fundamental la «colaboración ciudadana» para obtener pruebas o indicios suficientes que permitan enjuiciar a los responsables.

Lo que sí hay, según detalla el director general de Medio Ambiente, son «más casos» que no llegan a considerarse delitos porque no hay una intención de provocar un incendio, que son los que se tramitan por vía administrativa. «Se trata de aquellos casos en los que identificamos a alguien que tiene autorización para hacer una quema y la realiza sin las precauciones suficientes como para evitar que eso se convierta en un incendio». «Nosotros mandamos a la Fiscalía todos los casos de incendios con autor identificado o con indicios sobre la autoría», puntualiza.

Tras la reforma del Código Penal (C.P.) de 2015, se endurecieron las penas para los autores de los incendios forestales. Aquellos que provoquen fuego en montes o masas forestales obtendrán castigos con penas de prisión de uno a cinco años y multas de doce a dieciocho meses. Sin embargo, si en dicha situación ha existido peligro para la vida o la integridad física de las personas (artículo 351 del C.P.), las penas se endurecen al castigarse con prisión de diez a veinte años y multa de doce a veinticuatro meses. Si el incendio alcanza especial gravedad, las penas serán de prisión de tres a seis años y multas de 18 a 24 meses (artículo 353).

Para que esto suceda se tiene que cumplir alguna de las siguientes circunstancias: que afecte a una superficie de considerable importancia, que se deriven grandes o graves efectos erosivos de los suelos, que el fuego afecte a zonas próximas a núcleos de población o a lugares habitados, que se alteren de forma significativa las condiciones de vida animal o vegetal o afecte a algún espacio natural protegido, que el incendio se haya provocado en un momento en el que las condiciones climatológicas o del terreno incrementen de forma relevante el riesgo de propagación de este, o que se haya ocasionado grave deterioro o destrucción de los recursos afectados.

Asimismo, se pondrá la pena de prisión de tres a seis años y multas de 18 a 24 meses cuando el autor haya actuado para obtener un beneficio económico con los efectos derivados del incendio. Según el artículo 354 , cuando un individuo prenda fuego a una masa forestal sin llegar a propagar el incendio de estos será castigado con una pena de prisión de seis meses a un año y multa de seis a doce meses. Esta conducta quedará exenta de pena si dicho fuego no se propaga por la acción voluntaria y positiva de su autor.