Once túneles de la región continúan incumpliendo las normas de seguridad

Aprobada por Bruselas en 2004, la nueva normativa imponía unas determinadas medidas de seguridad en los túneles de las autovías y autopistas de los 28 países miembros e instaba a sus administraciones a incorporarlas en el plazo concedido -el 30 de abril de 2014- bajo amenaza de sanción.

Con ese mandamiento, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero hizo una transposición de la norma y la convirtió en un Real Decreto que no sólo fijaba la metodología de análisis de riesgo sino que, además, endurecía algunos términos de la directiva con medidas adicionales aplicables a tubos urbanos de menos de 500 metros.

Ello, para adecuar todos los túneles del país a la nueva normativa antes de cumplirse la fecha límite establecida por la Unión Europea, que, llegado ese día, concedió una moratoria hasta 2019.

La orden de revisión afectaba a un total de 113 túneles españoles: 43 en Andalucía, 21 en Asturias, 15 en Galicia, seis en Castilla y León, cinco en Cataluña, cuatro en la Comunidad Valenciana, cuatro en Madrid, tres en Aragón, uno en Murcia y once en Cantabria.

En concreto, en ese inventario aparecen cinco túneles que pasan por la Autovía A-67 (Gedo, Lantueno, Pedredo, Riocorvo y Somaconcha), tres que lo hacen por la A-8 (Caviedes, Hoz y Torrelavega) y otros tres que discurren por la S-10 (El Astillero, Maliaño y La Marga). Los once están en carreteras tuteladas por el Ministerio de Fomento, que en el borrador de su proyecto calculó que las mejoras impuestas iban a suponer tres años de trabajo y un esfuerzo económico de más de 1.000 millones de euros.

Precisamente esto, el elevado coste de las obras que hay que asumir, ha impedido al Gobierno de España (y a los de otros cuatro países más) cumplir las órdenes de Bruselas, que, quince años después de dárselas, se ha cansado de esperar y ha abierto a los cinco un expediente de infracción por no haber aplicado el conjunto de medidas de infraestructuras requeridas.

De perseverar en esta actitud, ha advertido en su requerimiento, la Comisión se vería obligada a interponer directamente una denuncia contra España ante los tribunales de justicia de la Unión Europea, una medida que podría traducirse en un contencioso, una posible condena y una multa segura.

Las medidas de seguridad que contempla la nueva normativa europea persiguen objetivos muy concretos. «Poner a salvo a las personas que resulten afectadas por incidentes; permitir la intervención inmediata de los usuarios de la carretera para evitar así mayores consecuencias; garantizar la actuación rápida y eficaz de los servicios de emergencias; limitar los daños materiales y proteger el medio ambiente».

Con todos estos fines se impone la apertura de galerías de escape, la utilización de firmes ignífugos, la colocación de la señalización adecuada o la instalación de sistemas de ventilación, de videovigilancia o de control de gases emitidos por los vehículos diésel, opacímetros, entre otras medidas.

Esto en función de la carretera, de su longitud o del volumen de tráfico que soporte habitualmente, «pero aplicable a todos los túneles de la red transeuropea de carreteras cuya longitud supere los 500 metros», dice la directiva, que ha acabado convirtiéndose en una pesadísima losa que Fomento se está viendo incapaz de levantar.