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El pacto al que ha llegado el Gobierno de Cantabria (PRC-PSOE) con la defensa de Diego Higuera para evitar que el que fuera director general de Cantur entre en la cárcel, rebajando la petición de condena por un delito continuado de malversación de ... caudales públicos a menos de dos años de prisión, causó ayer «indignación» entre los partidos de la oposición cuando conocieron la noticia a través de El Diario Montañés. Un acuerdo al que se ha sumado también la Fiscalía, que inicialmente había solicitado siete años de pena en su escrito de acusación. Partido Popular, Podemos y Ciudadanos centran sus críticas en el presidente cántabro y secretario regional del PRC, Miguel Ángel Revilla, a quien consideran «responsable» de la «maniobra» y le acusan de «premiar» y «encubrir» la corrupción de su Gobierno.
El PP destaca que el discurso contra la corrupción de Revilla, bajo cuyas siglas accedió Higuera al cargo, es «un cuento», a la vista de que «en los dos episodios más recientes que afectan al Gobierno de Cantabria se ha comportado como un encubridor». Según Iñigo Fernández, portavoz y diputado regional del PP, «Revilla se dedica a señalar con el dedo a los demás, pero cuando la corrupción estalla dentro de su Gobierno se calla, se esconde y encubre». Se refiere tanto al caso del ex director general de Cantur, acusado de destinar 132.535 euros de la sociedad pública a gastos particulares, como a la «permisividad» con que «ha tolerado» las maniobras de la consejera de Sanidad, María Luisa Real, «para ocultar las irregularidades en los contratos del Servicio Cántabro de Salud».
Fernández indica a Revilla que «tendría que hacer esta misma semana una gira por las televisiones nacionales para explicar la corrupción de su Gobierno y para explicar por qué aquí no pide la transparencia que sí le exige a los demás». «Es un escándalo que pone en evidencia, una vez más, que la política de Revilla es como un embudo: lo ancho para él y lo estrecho para los demás», añade.
El PP considera que, con el acuerdo, Revilla se ha «retratado». «Todo es un cuento, una farsa, y forma parte de un discurso populista que en Cantabria ha servido durante años para encubrir numerosas irregularidades en la gestión de los fondos públicos», indica el portavoz popular.
«Indignación» ha generado en Podemos la «maniobra» de Revilla, que con este acuerdo «premia la corrupción y lanza un mensaje claro: que robar en política en Cantabria sale barato», expresa José Ramón Blanco, diputado regional de la formación morada. Destaca además la contradicción que muestra el presidente cántabro que «a nivel nacional vende que lucha contra la corrupción y a nivel regional llega a acuerdos con corruptos para que no vayan a la cárcel».
Blanco anuncia que Podemos presentará en el Debate sobre el Estado de la Región que se celebrará esta semana una propuesta de resolución para que el Parlamento inste al Gobierno a que no pacte con el que fuera durante ocho años director de Cantur.
Por su parte, Rubén Gómez, diputado de Ciudadanos, también alude al «doble rasero» de Revilla, que «fuera de Cantabria es el más duro de los duros en la lucha contra la corrupción y dentro todos son excusas para cubrir a los suyos». Al representante del partido naranja no le sorprende el pacto –«otra acción más de las que nos tiene acostumbrados la 'vieja política'»– y exige al Gobierno que «deje de inmiscuirse en el trabajo de la Justicia» y «respete la separación de poderes». Advierte también Gómez del precedente «muy malo» que se crea permitiendo que Higuera pueda eludir la cárcel con la mera devolución del dinero.
Mientras, IU manifiesta su «total desprecio» a la actuación del bipartito en este caso y denuncia la «poca credibilidad» que demuestra Revilla cuando «negocia con corruptos». Según Leticia Martínez, la intermediación del Gobierno refleja «la falta de compromiso real del presidente con la limpieza de las instituciones públicas y la independencia de los poderes públicos».
Desde el PRC, el diputado y portavoz parlamentario Pedro Hernando señaló que «no tenía» ningún conocimiento del tema hasta que lo leyó ayer en El Diario y mostró su sorpresa porque «los regionalistas hemos defendido siempre que todos los asuntos que tienen que ver con la supuesta malversación de fondos públicos o actuaciones irregulares con dinero de la Administración tienen que ser tratados con la máxima dureza y con la aplicación más estricta de la legalidad. Y esa es la línea que seguimos manteniendo».
Hernando apeló a que se aplique la legalidad «en su justo término» y a que «no haya ningún trato de beneficio a las personas que han gestionado inadecuadamente fondos públicos si se demuestra que ha sido así».
Del PSOE, socio de Gobierno del PRC, este periódico no pudo obtener valoraciones al respecto.
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