La oposición carga contra una oficina anticorrupción dependiente del Gobierno regional

Ayer se conocieron algunos de los detalles del decreto que regulará la futura oficina encargada de recibir las denuncias de los ciudadanos y funcionarios, y de investigar los hechos, tramitar las denuncias y prevenir comportamientos ilegales. Ayer también se conoció que ese órgano dependerá de la Consejería de Presidencia y será su titular quien nombre al director, previo conocimiento del parlamento. En contra de la intención inicial del Ejecutivo y tras surgir diversas trabas legales, la oficina será un órgano de la Administración regional. Desde el Gobierno, la vicepresidenta, Eva Dïaz Tezanos, ha asegurado hoy que no es un «óbice» que suponga cuestionar «el buen trabajo» que pueda hacer ese organismo y ha recordado que está abierto un periodo para realizar sugerencias a ese órgano de control.

«Va a depender orgánicamente de la Consejería de Presidencia, pero creo que eso no es óbice para que cuestionemos el buen trabajo que pueda hacer esa oficina, siempre y cuando tenga todos los recursos personales y humanos necesarios para el objetivo», ha afirmado. Según Díaz Tezanos, se trata de «un compromiso de legislatura» que también está regulado en una directiva europea que se llevará a cabo con medios personales y materiales del Ejecutivo regional.

Ante los detalles del futuro decreto, el Partido Popular ha acusado a Revilla, de «ser el principal responsable en ocultar la corrupción en su Gobierno» y ha calificado de «especie de 'dejà vù'» el anuncio, que ya formó parte de su discurso de investidura. «Han pasado más de tres años y no sólo no hay oficina, sino que su Gobierno ha dado sobradas muestras de que su compromiso contra la corrupción es nulo«, ha dicho.

El portavoz popular, Íñigo Fernández, que «después de tres años sin mover un papel, anuncia la creación de una oficina anticorrupción que no empezará a funcionar hasta la próxima legislatura», y ha considerado que «a la hora de la verdad, cuando hay que luchar contra la corrupción, Revilla nunca está». En este sentido ha citado los casos del exdirector de Cantur Diego Higuera, «al que ha intentado librar de la cárcel» o el «escándalo» en el Servició Cántabro de Salud, «manteniendo en su puesto a la consejera de Sanidad, que además de tratar de tapar las irregularidades detectadas ha cargado contra la funcionaria que las denunció».

En cuanto a la dependencia de la oficina del Gobierno, Fernández se pregunta «¿con qué ánimo podrá ir un funcionario o un ciudadano a denunciar nada después de todo lo que hemos visto en esta legislatura?». Fernández ha justificado la falta de apoyo de su partido a una oficina de estas características porque «nuestro Estado de Derecho y nuestra tramitación administrativa tienen todos los mecanismos necesarios para el control, más después -añade- de las modificaciones legislativas que hizo en esta materia el Partido Popular a nivel nacional durante los gobiernos de Mariano Rajoy».

Los más directos han sido los integrantes de Podemos que creen que vincular la oficina al Gobierno es como «poner al zorro a cuidar las gallinas». En su opinión, esta dependencia es «una muestra más» de que su compromiso para luchar contra la corrupción «no es más que pura fachada».

Podemos ha censurado que el presidente del Gobierno, Miguel Angel Revilla, prometió al principio de la legislatura la creación de una oficina anticorrupción, para posteriormente oponerse durante dos años consecutivos a introducir partidas en los presupuestos para este fin, y ahora «anuncia a bombo y platillo y en año preelectoral que finalmente lo pondrán en marcha».

Para el diputado Alberto Bolado, «esta es otra más de las medidas cosméticas de este Gobierno, que necesita poder vender gestión de cara a las próximas elecciones cuando en realidad lleva toda una legislatura sin hacer nada de nada».

En un comunicado de prensa, Podemos señala que la corrupción es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía y que es fundamental adoptar medidas eficaces para acabar con esta lacra. Así, desde la formación morada se defiende una oficina anticorrupción independiente, con presupuesto propio, formada por personas de distintos ámbitos de la sociedad que permitan abordar la lucha contra la corrupción desde una perspectiva multidisciplinar.

En el mismo sentido, el diputado de Ciudadanos en el Parlamento regional, Rubén Gómez, cree que el anuncio del Gobierno es «un gesto más de postureo» del presidente que, a su juicio, en toda la legislatura no ha demostrado compromiso en este ámbito. En declaraciones a Efe, Gómez ha dudado de la efectividad que pueda tener esta oficina, cuando estará «controlada» por el Ejecutivo por su dependencia de la Consejería de Presidencia y Justicia «y de un consejero de Revilla, del PRC».

Para Ciudadanos, «la funcionalidad de esa oficina será ninguna», y tampoco será «objetiva» ni «imparcial». También resalta el hecho de que el proceso para poner en marcha esta oficina vaya a activarse al final de la legislatura cuando se anunció a su inicio y ha habido tres años para impulsarla.

Finalmente, el portavoz de Izquierda Unida en Cantabria, Miguel Saro, espera que la Oficina tenga «más rigor» en sus cometidos el que, a su juicio, «ha demostrado con este tema el presidente regional Miguel Ángel Revilla». También ha recordado que fue una promesa electoral del presidente «de la que luego se desdijo diciendo que no era prioritaria porque en Cantabria no había corrupción y no se cometían tropelías».

Y luego ha hecho hincapié en que hizo el anuncio en el pasado Debate sobre la Orientación Política del Gobierno, «cuando en realidad fue un compromiso que le arrancaron los sindicatos meses antes durante la tramitación de los presupuestos».

«Qué credibilidad tienen un órgano cuya necesidad ha negado el propio presidente de Cantabria», se pregunta Saro.