El Gobierno tendrá que modificar la reforma fiscal si quiere que la oposición apruebe el Presupuesto

Al Gobierno se le ha atragantado su reforma fiscal y se verá obligado a modificarla si quiere sacar adelante el Presupuesto para 2018. Toda la oposición rechazó este lunes en bloque la propuesta elaborada por el bipartito PRC-PSOE porque supone un incremento de los impuestos a las clases medias con subidas en Patrimonio, Sucesiones y Transmisiones Patrimoniales. El PP calificó la reforma de «sablazo», Podemos la tachó de «sartenazo», Ciudadanos dijo que el único objetivo del Ejecutivo es cubrir «su mala gestión» y Juan Ramón Carrancio reiteró, como ya avanzó el domingo en una entrevista con este periódico, que «de no modificarse» votará en contra de las cuentas.

El consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Juan José Sota, replicó al Partido Popular que solo el céntimo sanitario fue «un sablazo mayor» que toda la reforma fiscal que propone ahora su Gobierno, una reforma que ya estaba en el pacto de gobierno y que se hace aprovechando que se está en un periodo de «interinidad», porque el sistema de financiación autonómica se va a reformar. Durante 90 minutos, después de hacer un repaso pormenorizado de todos las mejoras de los indices económicos, Sota reconoció que el Gobierno está haciendo «lo que puede» en una Comunidad con «muchos frentes abiertos», que no ha recibido el dinero que el Estado le debe por las obras de Valdecilla y en la que la inversión de Fomento se traduce en 6,7 millones licitados hasta agosto, y «todo lo demás son anuncios».

Pero la voz de alarma la dio el diputado José Ramón Blanco al avisar de que la Ley de Acompañamiento puede ser «inconstitucional» si se aprueba la disposición adicional que permite que el nuevo impuesto de patrimonio sea efectivo al día siguiente de la publicación del Presupuesto, en lugar del 1 de enero, porque a su entender supone darle un carácter «retroactivo». También mostró sus «dudas» al respecto la portavoz del PP y exconsejera de Economía y Hacienda, Cristina Mazas.

Esta afirmación sembró la duda en el propio Gobierno, que avisó horas más tarde a Podemos de que iba a pedir un informe jurídico a Hacienda para comprobar la legalidad de esta medida.