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Los tres partidos de la oposición, Partido Popular, Podemos y Ciudadanos, han visto como el Pleno del Parlamento echaba para atrás sus enmiendas a la totalidad a la Ley de 'Acompañamiento', gracias a la suma de votos de PRC, PSOE y Juan Ramón Carrancio (Grupo ... Mixto). El debate, como ha sucedido con el de las enmiendas a la totalidad a Proyecto de Ley de Presupuestos, ha pivotado nuevamente en torno al transfuguismo. Los tres partidos han concidido a la hora de señalar que la reforma fiscal del Gobierno PRC-PSOE «no es progresiva» ya que grava a las clases medias y trabajadoras. Una opinión que difiere de lo que sostiene el bipartito.
La enmienda a la totalidad prsentanda por el Partido Popular ha recibido los votos a favor de Ciudadanos, tres abstenciones de Podemos y los 17 votos en contra del Gobierno (PSOE y PRC) más el de Juan Ramón Carrancio, ex de Cidudadanos. La enmienda del partido naranja ha recibido idénticos apoyos, rechazos y abstenciones que la del Grupo Popular. La única diferencia en la enmienda de Podemos ha sido que el partido morado, en esta ocasión, si ha votado a favor de su iniciativa, lo que ha dejado el marcador con 17 apoyos (PP, Ciudadanos y Podemos) y 18 votos en contra (Gobierno PSOE-PRC más Carrancio).
El exdiputado naranaja, ahora en las filas del Grupo Mixto, ha sido clave para evitar las tres enmiendas presentadas. Al igual que en los presupuestos, Carrancio ha votado en sintonía con el Ejecutivo en contra de las tres enmiendas. Además, ha reconocido que algunas de las subidas impositivas no responden a lo que él entiende por progresividad fiscal, pero se ha mostrado «convencido de que esos aspectos puntuales los podemos cambiar mediante enmiendas parciales».
El consejero de Economía y Hacienda, Juan José Sota, ha iniciado su defensa del proyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas que acompaña al presupuesto de 2018, asegurando que es una reforma «progresiva y redistributiva» que, pese a las «críticas feroces» del PP y Podemos, que hablan de «sablazo y sartenazo», representa solo el 0,15% del PIB, unos 20 millones de euros.
La portavoz del PP y exconsejera de Economía y Hacienda, Cristina Mazas, ha asegurado que la reforma fiscal tiene «poco de social y mucho de recaudatoria», y que el aumento de ingresos «no servirá» para mejorar la vida de los ciudadanos sino «para el noble objetivo de cortar cintas en inauguraciones antes de las elecciones».
El portavoz de Cs, Rubén Gómez, ha dicho que se aumenta la presión fiscal sobre la clase media trabajadora para «tapar los agujeros de gestión». Y el portavoz de Podemos, José Ramón Blanco, ha añadido que se pretende «asfixiar» a la clase media con un «espectacular sartenazo».
Los tres partidos han sido especialmente críticos con el aumento del impuesto de sucesiones, que interpretan como «un sablazo a las herencias más comunes», al bajar la bonificación del 99 al 95% para las herencias de más de 60.000 euros. Sin embargo, el Gobierno y los grupos que le sustentan asegura que el 73% de las herencias están por debajo de ese límite.
También han puesto el foco en el aumento del impuesto de transmisiones patrimoniales, que sube un 25% en el caso de las viviendas de segunda mano (del 8 al 10%), y se duplica en el caso de los coches usados (del 4 al 8%). «No conozco a nadie que pudiendo comprar un coche nuevo, se compre uno de segunda mano», han dicho los portavoces de Podemos y Cs, que también han criticado el aumento de la tasa para los opositores, que pasa de 30 a 45 euros. La portavoz del PP ha criticado también el aumento de las tasas en un 1,5%, y tanto PRC y PSOE como Carrancio le han replicado que está en línea con el IPC y que es exactamente lo mismo que lo que ha aprobado el Ayuntamiento de Santander, donde gobierna el PP, y donde Mazas asegura que lo que se ha aprobado es una «congelación». Además, PRC y PSOE defienden que pese al aumento para 2018, el impuesto de patrimonio se mantiene entre los más bajos de España.
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