La Orden de Corporaciones Locales enfrenta al PRC y al PSOE

Los dos socios de Gobierno mostraron su discrepancia en el tema ya que mientras uno, el PRC, considera la participación de los ayuntamientos como algo «absolutamente razonable» dado el papel que tienen en la aplicación del programa de Corporaciones Locales, el otro, el PSOE, cree que si éstos participan en la elaboración de la norma se podría incurrir en un «evidente conflicto de intereses».

A la proposición no de ley (PNL) del Partido Popular los regionalistas le añadieron una enmienda que fue aceptada y que permitió alcanzar la mayoría en la cámara. El diputado regionalista y alcalde de Valderredible, Fernando Fernández, defendió que es de «de sentido común» que los ayuntamientos sean «parte activa» en la redacción de la Orden puesto que son los que llevan a cabo las contrataciones temporales de los parados y los que plantean los proyectos a llevar a cabo por estas personas. Fernández reivindicó el empleo como «un elemento estratégico» para garantizar la pervivencia del mundo rural y por ello valoró la utilidad de esta Orden.

El PSOE, por su parte, votó en contra al entender que la aplicación de lo que se pide en la PNL resulta «sumamente difícil de llevar a la práctica». También consideran que la participación de los ayuntamientos en la elaboración de la normativa puede suponer un «evidente conflicto de intereses». Su portavoz, Víctor Casal, habló de evitar la tentación del «clientelismo», mención que para el portavoz del grupo parlamentario popular, Eduardo Van den Eynde, resultó «escandalosa».

En respuesta a las alusiones a posibles «conflictos de intereses», el popular señaló que los ayuntamientos «no son los beneficiarios de esta Orden, sino los parados». Respecto a las observaciones de la oposición, reconoció que la Orden para la contratación de parados tendría que «redefinirse», pero no «tirarse a la basura».