Organizaciones sociales de Cantabria recibirán el lunes otras 128.000 mascarillas para repartir a la población vulnerable

La Delegación del Gobierno en Cantabria comenzará a distribuir a partir del próximo lunes 30 de noviembre un total de 128.000 mascarillas, las que corresponden en esta ocasión a la región en el marco del nuevo reparto de aproximadamente 15 millones de unidades impulsado por los ministerios de Política Territorial y Función Pública y de Sanidad.

Estas mascarillas están destinadas a entidades locales y a ONGs para atender al personal de servicios esenciales y colectivos de población vulnerable, y para su distribución se cuenta con la colaboración de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y las organizaciones Cáritas, Cruz Roja y Cermi, ha informado la Delegación del Gobierno.

La delegada del Gobierno en Cantabria, Ainoa Quiñones, ha destacado que, tal y como se ha constatado durante la pandemia, es esencial la participación activa de los ayuntamientos y las entidades locales en la promoción y la protección de la salud pública.

En este sentido, ha recordado que desde que se decretó el primer estado de alarma, el pasado 14 de marzo de 2020, el Gobierno de España ha hecho llegar a Cantabria 657.000 mascarillas que se han distribuido directamente a la ciudadanía, a través de entes locales, Cáritas, Cruz Roja y Cermi o en los principales nodos de transporte, como estaciones de tren y de autobuses.

«Desde el comienzo de la crisis sanitaria, los ayuntamientos y las entidades sociales han sido una primera barrera contra el virus», ha asegurado Quiñones, que ha subrayado a su vez que el Gobierno de España quería que en esta crisis no se dejara a nadie atrás «protegiendo desde el principio a los más vulnerables». Por ello, ha subrayado la intención del Gobierno de abastecer «permanentemente» desde marzo a ayuntamientos, entidades y organizaciones sociales de material higiénico-sanitario. «No queremos que esta crisis aumente la brecha de la desigualdad, ni tampoco que los más vulnerables no puedan protegerse por falta de recursos».