Oria reclama al Ministerio que medie en el conflicto con arrastreros europeos

La situación que vive el sector pesquero cántabro, presionado por la constante presencia de barcos de arrastre pelágico franceses e irlandeses en los límites de los 12 kilómetros que marcan las aguas españolas, ha desembocado en la puesta en marcha de una queja formal, escrita, por parte de la Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación, para que el Ministerio asuma la situación y traslade el problema a la Comisión Europea, órgano encargado de la actual Política de Pesca Común (PPC) y, en última instancia, el encargado de analizar, juzgar y establecer las correspondientes sanciones a las flotas que incurran en prácticas ilegales, como los descartes.

Jesús Oria, titular de la consejería responsable del sector pesquero, confirmó en declaraciones a este periódico la puesta en marcha de dicha iniciativa ante el impacto nocivo de estas embarcaciones comunitarias sobre la actividad de los pescadores cántabros: «Desde hace dos años aproximadamente ha ido creciendo la presencia de barcos de arrastre pelágico en el límite de las 12 millas, que son mayoritariamente irlandeses y franceses. Estamos hablando de artes muy agresivas con el recurso, ya que son muy poco selectivas y provocan muerte y, por otra parte, el aplastamiento de los túnidos al capturarlos».

La situación, que lleva varios años produciéndose, ha llevado en varias ocasiones al departamento de Jesús Oria a trasladar de forma verbal su preocupación por la tensión existente. En ese sentido, el consejero destacó que «en diferentes ocasiones, tanto la directora general de Pesca como yo mismo y el propio sector cántabro cada vez que ha tenido ocasión, hemos transmitido, oralmente hasta ahora, este asunto en reuniones con representantes del Ministerio, en nuestro caso la última vez hace diez días». Cuestionado por el alcance de estas reivindicaciones, Oria anunció la remisión por escrito de las reivindicaciones de Cantabria ante esta situación: «El siguiente paso es que estamos redactando una carta para enviársela a la ministra, para que haya una constancia ya por escrito como queja del Gobierno de Cantabria en nombre del sector cántabro». El objetivo final de esta actuación es que el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente transmita esa preocupación, en concreto de Cantabria».

Oria destacó el buen hacer del sector cántabro, dado que «las artes de pesca que emplea la flota española, tanto los cántabros como los demás, son absolutamente artesanales. Estamos hablando de cebo vivo y cacea, que son artes muy selectivas ya que pescan los atunes uno a uno». Una situación que choca con la actividad de los barcos de arrastre pelágico franceses e irlandeses: «Los barcos arrastreros trabajan por la noche, mientras que los de la flota española, los cántabros entre ellos, trabajan de día. Esto hace que cuando los barcos artesanales llegan a faenar los arrastreros pelágicos ya han espantado la pesca, una pesca que además nuestros barcos habían localizado el día anterior». El consejero cántabro hizo especial hincapié en el desfase entre legislaciones de pesca, junto con los descartes uno de los puntos claves del conflicto: «En España está prohibido el empleo de arrastre pelágico y por eso se produce una competencia importante con las pesquerías de pelágicos, que capturan mucho y bajan mucho los precios».

Cuestionado sobre las expectativas que el escrito formal que está preparando la Consejería pueda generar en el sector pesquero cántabro, Jesús Oria destacó que «en el Ministerio son conscientes de la problemática, pero es un tema complejo porque hay que contar con 28 países; tiene que llegar al seno de la Comisión Europea, al Consejo de Ministros de la Unión, porque es allí donde hay que ver los pros, los contras, las posibilidades... Confío en que en un plazo que no sea demasiado largo esto se prohiba y se eviten estas fricciones».

Unas fricciones que no han dejado de crecer en los últimos años, y que vivieron su punto más complicado durante la costera del bonito. Por ello, Oria confió en que «en un caso como éste, si se demuestra y existen pruebas, se abra una investigación y se acaben produciendo sanciones importantes, porque el tema de los descartes es un asunto que ha llevado mucho tiempo poder implantar su prohibición». A su juicio, la solución pasa porque «tanto el Ministerio como la Unión Europea pongan todos los medios necesarios para evitar estas prácticas ilegales o nocivas y hacer cumplir la normativa. Tan sencillo como eso».