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El pasado 13 de mayo, justo después de participar en el encuentro que mantuvo el presidente Pedro Sánchez en Sevilla con varios colectivos ligados a la lucha contra el cáncer, Antonia Gimón envió un mensaje a las integrantes de Amuccam, la asociación que preside ... en Cantabria. «Lo hemos conseguido», les escribió. ¿Qué habían logrado? Pues un «paso importantísimo» para los pacientes y supervivientes del cáncer: la aprobación del 'derecho al olvido oncológico', una medida que el Gobierno central quiere que entre en vigor en junio para evitar la «discriminación» a la que se enfrentan quienes han padecido la enfermedad cuando quieren contratar, por ejemplo, un préstamo bancario o un seguro.
«Llevábamos años peleando por que esto se aprobase. Estamos presentes en muchas organizaciones europeas, y, precisamente, con la estrategia europea se han empezado a mover las cosas, sobre todo, en el caso de las aseguradoras o de los préstamos con el banco. Nos llegaban la preocupación de los pacientes, así que es una noticia buenísima», celebra Gimón, responsable de Amuccam (Asociación de Ayuda a Mujeres con Cáncer de Mama en Cantabria) y también de la Federación Española.
¿Y qué es exactamente este derecho al olvido? El Gobierno pretende que el historial oncológico no pese a la hora de contratar seguros de vida, préstamos o hipotecas, entre otros productos. Porque hasta ahora, los pacientes tienen serias dificultades para hacerlo: desde primas más elevadas a quedar excluidos del proceso. Hay «situaciones tremendas y algunas devastadoras», describe Gimón. Protegiendo el derecho al olvido oncológico, los supervivientes de cáncer -las personas que hayan finalizado un tratamiento «cinco años antes de la fecha de suscripción del contrato, sin recaída posterior»- no tendrán que justificar sus antecedentes cuando vayan a contratar los servicios mencionados.
Con esta medida, el Ejecutivo quiere «declarar nulas» las cláusulas basadas en los antecedentes oncológicos que «excluyan o que discriminen» a la hora de contratar productos o servicios, y evitar así que ese historial conduzca a «condiciones más gravosas» si se contrata un seguro o que, simplemente, tenga que poner sobre la mesa la enfermedad superada si se trata de contratar un seguro vinculado a un préstamo hipotecario. Además, garantizando este derecho, España cumple con la estrategia europea contra el cáncer, que reclama a los países miembro avances antidiscriminación antes de 2025.
«Con esta medida, tan importante como necesaria, España se pone a la vanguardia de Europa siguiendo la estela de países como Francia, Bélgica, Países Bajos, Portugal, Italia y Rumanía», apunta la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), que valora este nuevo derecho «muy positivamente». Es un «gran paso para la protección social de los pacientes de cáncer», toda vez que en España hay más de 2,2 millones de personas a las que se les ha diagnosticado esta patología a lo largo de su vida y que pueden estar en pleno tratamiento, pueden ser pacientes cuya enfermedad se ha cronificado o largos supervivientes.
«Es una preocupación para los pacientes que sabemos que está ahí y vemos como una buena noticia que resuelva toda esta problemática», apoya Pedro Prada, presidente de la AECC en Cantabria, que a continuación subraya que ahora es preciso conocer el «detalle» de una propuesta que, «de mano, es positiva»; es decir, ahora es momento de «clarificar» el desarrollo -su planificación, su casuística o posibles condicionantes- de un derecho que quedará garantizado este próximo verano.
En los pacientes que han sido diagnosticados de cáncer, además de los problemas vinculados directamente con la patología, subsisten otros añadidos, avanza Prada. Influye en ellos esa incertidumbre que trae aparejada la enfermedad y que tiene que ver con el empleo -según datos de la AECC, un 21% ha tenido que dejar de trabajar por la enfermedad y un 14% ha tenido que cambiar de trabajo-, o con las dificultades que entraña la contratación de servicios básicos como un seguro. Por ello, es tan importante ese «apoyo psicológico» que, cuando no puede garantizarse en el sistema público, cubren las asociaciones con sus profesionales.
Miguel Mediavilla es psicooncólogo de la AECC en Cantabria. Él y el resto del equipo procuran asistencia a los pacientes y a sus familias en todo el proceso de la enfermedad, del diagnóstico en adelante, también en el duelo. Mediavilla también apunta a la «problemática social» añadida que viven los pacientes. Esa incertidumbre llega a su consulta (también a la de los trabajadores sociales) y tiene que ver, en muchos casos, con cuestiones económicas, con lo laboral o con problemas para contratar un seguro o una hipoteca. Un caso que ejemplifica bien la situación son las personas que han pasado por un cáncer infantil y con el paso de los años se topan de nuevo con esas «secuelas sociales» de la enfermedad.
Aliviar ese extremo es crucial para contribuir al bienestar psicológico y emocional de los pacientes -porque eso es también la salud, tal y como define la Organización Mundial de la Salud-. Así, «todo lo que implique acabar con la discriminación, para la asociación es una medida adecuada», sostiene para concluir Mediavilla.
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