PP y PRC pactarán una subida anual del Fondo de Cooperación Municipal

Este fondo es una de las señas de identidad de los mandatos regionalistas. De hecho, en 2016, cuando volvieron a Peña Herbosa, su recuperación fue una de las primeras medidas que tomaron. Pero el Ejecutivo ha querido ir más allá y proteger estas ayudas de los vaivenes políticos y de los contextos económicos. No quieren que se repita el precedente de 2013, durante la legislatura de la mayoría absoluta del PP, cuando durante tres años se suprimieron estas subvenciones.

Este Fondo de Cooperación Municipal también fue el principal motivo del cisma que se produjo en la FEMP, ya que los alcaldes regionalistas respondieron a su supresión en 2013 abandonando la institución y creando una asociación independiente. Las aguas no volvieron a su cauce hasta que no se recuperó, a pesar de que mientras tanto se creó un Fondo de Liquidez de 4 millones de euros y un Plan de Obras Municipal en el que administración local y regional se repartían la inversión.

Por eso, en las próximas semanas, el Parlamento aprobará esa ley en la que el Fondo se asegura un mínimo de 15 millones anuales. Y ahora también esa subida anual del IPC.

La idea es mantener el consenso acordado con el sistema actual. Es decir, que exista una parte fija para las localidades con un censo superior a los 20.000 vecinos (Camargo, Castro y Piélagos tendrán 469.000 euros, Torrelavega otros 691.000 y por último Santander 1,15 millones) y otra para Valle de Villaverde por sus circunstancias geográficas especiales. Para los 96 municipios restantes, se combinará una parte fija y parte variable atendiendo a los habitantes y extensión de cada uno de ellos. Así, se establecerán once tramos para establecer la asignación variable en función del censo.

El PP también ha presentado una enmienda para que cualquier cambio en este reparto sea aprobado por unanimidad en la Comisión de la Administración Local, formada por miembros del Gobierno y un grupo de ayuntamientos nombrado por la Federación de Municipios.

El objetivo, con el que ahora todos los partidos parecen coincidir, es «preservar la suficiencia financiera necesaria para que los ayuntamientos puedan prestar adecuadamente los servicios públicos a los vecinos y financiar tanto las inversiones como los gastos corrientes».

Para la diputada del PP Isabel Urrutia esta subida anual es clave para «garantizar la estabilidad municipal». «La partida lleva cuatro años congelada en la misma cantidad, mientras las facturas siguen subiendo. Hay que compensárselo a los ayuntamientos», señaló.

La dirigente popular matizó que el Fondo tiene ahora -15,2 millones- menos dinero que en 2012 -15,4 millones-, cuando su partido lo eliminó en un contexto de recortes en todas las consejerías para cumplir con los planes de ajuste. «Por eso debemos ir más allá y, además de blindarlo, comprometernos a subirlo cada año».

Esta ley es una aspiración que ya formaba parte de la agenda del fallecido Rafael de la Sierra. Ya en octubre de 2018, durante la asamblea anual de la Federación de Municipios, el exconsejero de Presidencia utilizó la palabra «blindar» para una futura ley sobre el Fondo. En ese mismo acto, la alcaldesa de Santander, Gema Igual, dibujó la importancia de estas ayudas para unos municipios que «han sacado adelante a este país, los que han cumplido con el déficit, los que se han ajustado a los objetivos marcados y los que vienen generando un superávit desde 2012. No podemos consentir que otras administraciones suban ahora los impuestos o aumenten sus gastos».

La nueva normativa se encuentra en la recta final de su aprobación en el Parlamento, donde fue admitida a trámite por el procedimiento de urgencia para acortar los plazos de su tramitación, agilizar su publicación y entrada en vigor. Será la primera normativa que el Gobierno apruebe esta legislatura. Después la seguirán la Ley LGTBI y la de Memoria Histórica.