El pacto PP-Vox salva la edificación en suelo rústico y elimina otros límites urbanísticos

El grado de beligerancia de regionalistas y socialistas fue prácticamente el mismo que el de Vox, que arremetió contra el PP por promover una batería de cambios legales «por la puerta de atrás». Con una «ley ómnibus». Cambios en muchas materias. Incluso cambios que no consideraban negativos, pero que parecía no estaban dispuestos a dejar pasar por una cuestión formal y de respeto al Parlamento. Incluso animó a la Consejería de Fomento a que iniciara la tramitación de una modificación de la Ley del Suelo si lo deseaba, pero exigía que no lo hiciera a través del debate sobre la Ley de Simplificación. El cambio al que se refería es el que permitirá la construcción de urbanizaciones en suelo rústico. Ya no solo viviendas unifamiliares –esto sí era una promesa electoral del PP, pero no esta vuelta de tuerca–, sino también complejos residenciales siempre que estén vinculados a un nuevo equipamiento (un polígono industrial, un colegio o un hospital) y que se tramiten como Plan Singular de Interés Regional (PSIR). La portavoz de Vox, Leticia Díaz, igual que los de PRC y PSOE, pronunció la palabra «especulación» y puso el acento en los peligros que podía generar esta vía a todos los niveles.

Con ese escenario previo, se han producido tres sorpresas consecutivas. La primera el jueves cuando PP y Vox anunciaban, sin entrar en más detalles, que habían alcanzado un acuerdo para aprobar la Ley de Simplificación. Este viernes llegaron la segunda y la tercera. No solo se mantienen las polémicas modificaciones de la Ley del Suelo que obligan a Vox a dar un giro de 180 grados en su argumentario, sino que se añaden diez cambios más en materia urbanística. Entre otras cosas, se permitirá la creación de áreas de autocaravanas en el Parque Natural de Oyambre y se eliminarán varias restricciones que figuran en el Plan de Ordenación del Litoral (POL). Es decir, que Vox ya no solo no pone problemas a los cambios legales «por la puerta de atrás» que incluía el borrador inicial, sino que acepta otros nuevos.

«En una negociación todo el mundo tiene que ceder algo», ha señalado Díaz. Eso fue lo más cerca que estuvo de explicar el viraje de su partido. A partir de ahí, justificó que sus 40 enmiendas –que el PP apoyará, y viceversa– mejoran el texto inicial. Por ejemplo, que han exigido que los PSIR que se aprueben tengan que pasar obligatoriamente por el Parlamento de Cantabria.

Pero que los PSIR se debatan en el Parlamento no quiere decir que se voten. Solo irán a título informativo. ¿Dónde están las garantías? Según el PP, la tramitación de estas figuras urbanísticas ya es suficientemente garantista y esta enmienda aporta aún «más transparencia». Vox añade que, con esta novedad, el contenido de los planes serán públicos y cualquier ciudadano tendrá ahora la posibilidad de acudir a los tribunales si observa alguna finalidad espuria.

La tesis de Vox es que no es una rectificación a pesar de que ahora defiende que «no es real que la ley abra la puerta a grandes especuladores». El partido, que antes pedía más concreción, ahora confía en que el Gobierno apruebe en seis meses un plan que desarrolle la Ley de Simplificación y en tres meses el catálogo de silencios negativos, una de las mayores quejas de Vox al lamentar que solo en una decena de trámites estos silencios eran positivos. Por último, celebra como un logro propio la enmienda que, en teoría, reducirá los trámites y tiempos en el proceso de obtención del grado de discapacidad.

«No he encontrado escándalo alguno en el texto. No se puede hablar de incoherencia», concluye Díaz en respuesta al regionalista Pedro Hernando, al que le recriminaba que lo incoherente había sido no avanzar en la simplificación durante la etapa del bipartito y perder oportunidad empresariales y de inversión.

Si el PRC ya tenía claro que la Ley de Simplificación era dañina porque no simplifica y supone, en su opinión, una peligrosa deriva en las políticas urbanísticas, mucho más tras observar las enmiendas sobre las autocaravanas en Oyambre y la supresión de puntos del POL. «Están vendiendo el suelo rústico de Cantabria. Señores de Vox: ¿van a permitir que se ataque el territorio de Cantabria por la puerta de atrás? Esto no es simplificación, esto es pelotazo y chanchullo», denuncia el portavoz regionalista. El PRC arremete contra el PP, pero sobre todo contra Vox por su cambio de posición. Insiste en que el único coherente es el consejero Roberto Media, que quiere cambiar la Ley del Suelo «a muerte» y lo va a conseguir, echó en cara a la consejera Urrutia –responsable del proyecto legal– que no dé la cara y sentencia: la Ley de Simplificación se quedará en una Ley de Simplificación Urbanística.

La posición del PSOE la manifestó Pablo Zuloaga en su papel de portavoz del grupo: «Nos preocupa y mucho el acuerdo alcanzado por PP y Vox para aprobar una ley que no es buena para el futuro de Cantabria, una ley que pretende especular con nuestro paisaje y hacer una alfombra roja a aquellos inversores que quieran hacer de nuestro patrimonio cultural y natural su business». Además de presentar sus enmiendas, avisa que no descarta acudir al Tribunal Constitucional, que ya en el pasado ha admitido anteriormente recursos contra leyes ómnibus.

El medio centenar de enmiendas socialistas buscan garantizar que la ley «no cercene los derechos de los cántabros y no dé pasos atrás en materia de igualdad, de participación para la ciudadanía y para los ayuntamientos e instituciones públicas de nuestra comunidad autónoma».