Padre Menni comenzará el martes el envío de pacientes al SCS tras no alcanzar un acuerdo con Sanidad

«Dada la respuesta, no tenemos más alternativa que cumplir nuestra notificación y enviar a Atención Primaria, al Hospital Valdecilla y a los centros de atención de salud mental las incidencias sanitarias de nuestros usuarios», explicaron las mismas fuentes. «Si la Consejería desea asumir esas casi 400 personas, no tenemos nada que decir; sólo que estaremos vigilantes para que estos pacientes sean atendidos y no sean discriminados», recalcaron. «Adoptaremos las medidas legales oportunas si no es así», insistieron.

Padre Menni subraya que el gasto al año de todos estos pacientes asciende a unos 2,2 millones. Desglosado, unos 300.000 euros en farmacia y 1,9 millones en gastos médicos y de enfermería por las consultas que atiende el propio personal sanitario del centro. «Unas 10.100 consultas al mes», calculan desde el complejo gestionado por la Congregación de las Hermanas Hospitalarias.

«El balance de la reunión, por tanto, es negativo. Lo sentimos por los profesionales del Servicio Cántabro de Salud a los que se les vienen encima 400 personas muy vulnerables, frecuentemente pluripatológicas y en muchos de los casos con cronicidad; condicionantes que les originarán miles de consultas médicas y de enfermería cada mes que hasta ahora estábamos atendiendo nosotros», concluyen desde Padre Menni.

La queja del complejo santanderino es que la falta de entendimiento con el actual consejero de Sanidad no es un hecho aislado. Llevan varias legislaturas -con diferentes gobiernos- tratando de resolver la situación. El centro ha escrito recientemente a las familias para comunicarles su decisión. En la misiva, firmada por el director gerente, Carlos Pajares, les aseguran que no se desentenderán de nadie. «Garantizamos que nuestros profesionales velarán permanentemente por la correcta atención del Servicio Cántabro de Salud a nuestros enfermos». Para ello, se comprometió a poner en su conocimiento «cualquier episodio de desatención o vulneración de derechos, y tendréis a vuestra disposición nuestro asesoramiento gratuito».

Lo que no termina de comprender el centro -explicaba la carta- es que «cualquier cántabro tiene derecho a la financiación pública de los fármacos» y también se pregunta «por qué a nuestros pacientes no se les articula un sistema de gestión que les permita el acceso desde su actual condición».