«No pagan el alquiler, se niegan a abandonar mi casa y encima me denuncian por acoso»

Una situación como esta es la que están «sufriendo» Eduardo Gómez, vecino de Logroño, y su mujer, que tienen dos hijos de 24 y 20 años. Según cuentan, compraron un chalé adosado en la Urbanización Dos Indianos de Pechón (Val de San Vicente) en el año 2009 y, diez años después, en 2019, decidieron alquilarlo a un matrimonio de Madrid. «Hicimos un contrato de tres años de alquiler, a razón de 500 euros al mes, con la intención de venderlo después. Este matrimonio estaba interesado en alquilarla y después comprarla. Pero no se hizo contrato de alquiler con opción a compra sino un simple alquiler y, si en tres años no se ejecutaba la compra, tenían que dejar la casa y cada uno seguía por su camino», relata Eduardo, al tiempo que explica que este matrimonio «no son okupas de patada, son 'inquiokupas' (término formado por 'inquilino' y 'okupación').

Según detalla, sus inquilinos, de «unos 60 años», venían de Madrid «con un nivel de vida muy alto (coches de gama alta)». «No discuto que haya empeorado su situación pero sí puedo decir que vivían por encima de sus posibilidades, tirando el dinero por donde pasaban», apunta Eduardo, al tiempo que comenta que este matrimonio quería su casa para venir los fines de semana y en verano. «Entonces, en vez de estar alquilando, venían todo el año».

Dos meses antes de que se cumplieran los tres años de contrato pactados, en mayo de 2022, el propietario de la vivienda le comunicó a este matrimonio que no iba a renovar el acuerdo porque no tenían intención de ejecutar la compra y él necesitaba vender la casa. «Tengo dos hijos que están estudiando en la Universidad y es un dinero que me vendría muy bien».

En ese momento, y para su sorpresa, los inquilinos se «agarraron» a la nueva ley que entró en vigor en marzo de 2019 y que decía «que todos los alquileres no se podían hacer por menos de cinco años» y pidieron una ampliación de los dos años restantes. «Me la tuve que 'comer con patatas' y amplié los dos años de contrato, pero el problema vino cuando en el último año de acuerdo (de julio de 2023 hasta ahora) dejaron de pagar el alquiler, y desde enero de este año también los consumos de luz y agua. Lo estoy pagando yo todo». A 18 de julio de este año la deuda ascendía a 8.716 euros, aunque sigue creciendo.

Pese a esta situación, Eduardo decidió no emprender acciones legales y esperó al pasado 14 de julio, que es cuando se cumplieron los cinco años de contrato. «En ese momento les mandé un burofax informando que había acabado el contrato y les solicité que abandonasen la casa y que si lo hacían de una manera razonable y sin ningún problema incluso les condonaba las deuda. Solo quería que abandonaran la casa, pero me dijeron que no porque no tienen dónde ir».

Eduardo dice que este matrimonio tiene familia en Madrid y dos hijos mayores que pueden ayudarles si esta situación que tienen es real, que no lo duda pero insiste en que es gente que «ha estado viviendo por encima de sus posibilidades» y que ahora «lamentablemente están recurriendo a Asuntos Sociales». Es más, según comenta este vecino de La Rioja, sus arrendatarios han pedido ayudas a Cáritas y al trabajador social de Pesués, «y yo les he pasado informes de todo lo que ha ocurrido con mi vivienda», apunta.

«Esta gente mete en mi casa, muy a menudo, a familiares y nietos. Y encima se muestran con mucha chulería y poderío».

En vista de que sus inquilinos no se iban, lo que hizo este vecino de La Rioja fue contratar a un abogado mediador, que se presentó en su casa, junto con unos 'guardaespaldas,' para intimidar a los 'inquiokupas'. «Se plantaron en la casa, les dijeron que querían hablar con él y negociar para que dejen la casa y su respuesta fue llamar a la Guardia Civil y denunciarles tanto a ellos como a mí por acoso». Una situación surrealista para este hombre que lo está pasando «mal». «Es indignante y escandaloso lo que está pasando», añade.

El motivo por el que Eduardo y su mujer no han emprendido acciones legales es porque, según la información que han recabado, eso supondría una tramitación que puede prolongarse hasta los «dos o tres años». «El problema es que no hay justicia en este país. Luego nos quejamos de que no hay vivienda en alquiler. Cómo va a haberlas. Para que me voy a arriesgar a tener este fregado por nada. No interesa. Como no nos protege nadie, preferimos tener las casas cerradas. Ahora también nos quitan el tema del turismo. ¿Me vas a decir tú a mi qué es lo que tengo que hacer con mi casa? Y que no les nombren vulnerables porque entonces te los comes...».

Tras la denuncia por acoso que han presentado contra él, su abogado ha vuelto a hablar con los inquilinos y «le han dicho que estaban mirando opciones para marcharse en septiembre». Sin embargo, Eduardo ya no se cree nada, desconfía porque ya «ha sufrido» dos «amagos» de que se iban. «Una vez en enero de este año». «Posiblemente ahora tengan más presiones en el pueblo y por vergüenza igual se marchen. Aguantaré hasta septiembre presionando a nivel social para incomodarles y que al final se vayan por vergüenza. Y si no se van tendré que emprender acciones legales. No tengo otra. Les he dicho que les perdono los gastos de luz y los alquileres de todo un año. Más benévolo no puedo ser», afirma.

Según comenta Eduardo, los vecinos del pueblo de Pechón están en contra de esta situación. De hecho, como muestran las imágenes que ilustran este reportaje, algunos de ellos han puesto pegatinas en el coche de los 'okupas', además de una pancarta en la puerta de la vivienda en la que se puede leer: 'No queremos ocupas en el pueblo'. «No se habla de otra cosa en Pechón. Es exagerado».