Menos parados y más contratos

Respecto a los contratos realizados, durante el año 2018 han tenido una buena dinámica de crecimiento, aunque la estacionalidad sigue siendo la principal característica ya que el sector servicios acumula el mayor número de contratos, con hostelería y comercio a la cabeza, que tienen más dinamismo según la época del año, es decir, verano, Navidad (que se une con las rebajas de enero) y Semana Santa. La estacionalidad en la contratación, concentrada básicamente en el verano, se deduce fácilmente. De hecho, de mayo a julio se inician casi un tercio de los contratos de todo el año.

En 2015, el número de contratos fue de 213.866 y, por comparar un ejercicio completo, en 2018 llegaron a 257.844. Los servicios son los que mayor número de contrataciones suponen (161.196 en 2015 y 197.163 en 2018) seguidos de la industria, la construcción y, en último término, agricultura y pesca.

Sobre el tipo de contratos, en 2015 el 6,39% de los que se firmaban eran fijos y el 93,61%, temporales mientras que en 2018, el 7,43 eran fijos y el 92,57%, temporales. Como se ve, ha aumentado ligeramente la contratación definitiva.

Hay que tener presente, de otro lado, que la temporalidad se aproxima al 30% de los ocupados, dato inferior al de los años previos a la crisis, claro que la diferencia no es por haber pasado a una relación laboral indefinida sino a estar desempleado o 'fuera de mercado', al ser las relaciones laborales temporales las que primero perdieron el empleo. En cualquier caso es de las más altas de Europa, según Eurostat.

Una cuestión importante es el índice de rotación, es decir, el número de contratos por persona. En el primer trimestre de 2019 se ha situado en el 1,85% mientras que en el mismo periodo de 2015 era del 1,65%, según datos del Servicio Público de Empleo en Cantabria.

Tradicionalmente se viene considerando que se es desempleado de larga duración cuando se lleva más de un año inscrito en los citados servicios. Límite que la actual crisis económica y de empleo ha desbordado ampliamente. Actualmente la proporción es del 65,47 % para quienes llevan inscritos menos de un año y el restante 34,53 % para los parados de larga duración, dato que en 2018 se ha reducido en más de cinco puntos. Es entre las mujeres donde este factor, que resta empleabilidad, es más acusado y que ya se empieza a apreciar a los tres meses y especialmente a partir de los dos años desempleado, cuando ya se podría hablar de situación estructural y de difícil reversión. Comparado con el conjunto de España la ratio es de 59,43 % por un 40,57 %, respectivamente.

Los más dinámicos en cuanto a entrada y salida de la situación de ocupado a la de desempleado son los que tienen una antigüedad inferior a seis meses.

En los dos ámbitos territoriales el paro de larga duración ha disminuido en términos absolutos con respeto al año anterior y lo viene haciendo en los últimos años. A finales de 2018 había 12.967 personas inscritas como paradas desde hacía más de un año, lo que supone, de nuevo, más de dos mil cuatrocientas menos. En el conjunto de España se alcanzaba, para la misma fecha, la cifra de 1.299.241, con más de 131 mil parados menos.

El perfil tipo nos habla de una mujer, entre 40 y 50 años con estudios secundarios obligatorios que no siempre ha finalizado y que en un porcentaje alto lleva más de un año desempleada. Procedente del sector servicios en su mayoría.

En cuanto a los parados que cobran algún tipo de prestación, tras dispararse el número de beneficiarios con el inicio de la crisis, es a partir de 2009 cuando se estabiliza en torno a 31.000 personas para repuntar ligeramente en 2012 con el recrudecimiento de la crisis y mantenerse en esa línea con una ligera disminución al año siguiente, que afectó principalmente a la prestación contributiva. A partir de ese año se produce un descenso sostenido en el número de beneficiarios hasta los 19.347 con los que cierra 2018, desde los máximos de 2012 con 31.557. En 2015 eran 24.167. Este descenso se pone en relación en la mejora del mercado de trabajo, tanto en el sentido de que hay más gente ocupada como en el agotamiento de las prestaciones y no generación de nuevas, especialmente en el desempleo de larga duración y estructural. Situación que afecta directamente a la tasa de cobertura que ha descendido también de manera importante.

La tasa de cobertura (cociente entre el total de beneficiarios de prestaciones por desempleo y el paro registrado con experiencia laboral) al cierre de 2018 era del 55,9 % para Cantabria, inferior a la del conjunto del Reino de España (60,4 %).

Según el Informe del Mercado de Trabajo del SEPE, si establecemos una correlación entre los nueve grandes grupos ocupacionales en que está encuadrada la ocupación en la que se pretende encontrar empleo y el nivel competencial que teóricamente se requiere para su desempeño, el resultado sería que por cada 100 ocupaciones demandadas 23 responderían a un nivel de competencia alto; otras 26 demandan ocupaciones directamente relacionadas con los servicios tradicionales de mercado (restauración, comercio, personales y protección); 18 más demandarían trabajo en ocupaciones intermedias de carácter más especializado, sea en la industria, la artesanía o el sector primario; las 33 restantes se refieren a ocupaciones elementales de un nivel de competencia bajo. Distribución ocupacional que pone de manifiesto una estructura descompensada, cuando menos, entre oferta y demanda de empleo, especialmente patente en el grupo de servicios. Una correlación similar se produce en el conjunto de España.

El análisis de las ocupaciones, desde el lado del paro registrado, pone de manifiesto una evidencia que bien podría ser calificada como uno de los principales desafíos que tiene planteados el mercado de trabajo: el bajo nivel competencial de los desempleados y como consecuencia su complicada y costosa mejora de la empleabilidad o el riesgo de convertirse en paro estructural de más difícil reversión.