Paralizada la segunda licitación del servicio de ambulancias programado por un recurso

En la resolución publicada con fecha del 18 de diciembre, el gerente de Atención Primaria, Pablo José Luis Busca, firma que esta medida cautelar no afectará a la presentación de ofertas, aunque el periodo para que las aspirantes a conducir las ambulancias del servicio programado del SCS hicieran efectivas sus respectivas propuestas finalizó el lunes, día 15.De entrada, son tres las empresas que se disputarán este contrato valorado en 30,2 millones, que quedó desierto en el primer intento en 2023. Las tres presentaron su solicitud de participación a finales de diciembre. Aunque había otras compañías dispuestas, la exigencia de tener toda la dotación de vehículos y la logística para empezar a funcionar en tan corto espacio de tiempo resultaba un obstáculo insalvable.

Tal y como había avanzado este periódico, esa liza estará entre dos grandes del sector que antes eran dura competencia y desde hace un tiempo se han convertido en socias: Autransa (nueva marca de Ambuibérica, que lleva una década como adjudicataria del SCS) y la sevillana SSG (Servicios Sociosanitarios Generales), que se presenta ahora con el nombre de Digamar Servicios S.L. Y junto a ellas se postula la valenciana Diavida, que vuelve a intentarlo tras quedar excluida en la primera ronda del proceso de licitación del año pasado. Yno es la única que fue descartada entonces por incumplimiento de las condiciones del pliego, porque la propia SSG, que quedó como única licitadora para el lote del transporte programado de Cantabria en ese proceso abierto tras la división del contrato en dos, también quedó fuera. Y aunque recurrió, no tuvo éxito.

Así las cosas. El escenario que resultó fue una parte del contrato resuelta –la del servicio de ambulancias urgente– y otra que había que empezar de cero. Y de fondo, un problema gordo en el tejado de la Consejería, puesto que la entrada en vigor del nuevo convenio colectivo del sector (con los consiguientes ajustes salariales) estaba sujeto a la renovación de la adjudicación. De forma que la plantilla del transporte urgente celebraba el incremento en sus nóminas, mientras sus compañeros del programado quedaban a expensas de la repetición del proceso sin saber cuándo llegaría esa equiparación salarial.

Con la amenaza de huelga sobre la mesa, el consejero de Salud, César Pascual, se dio prisa en apagar ese fuego, con una solución provisional: un acuerdo de mejora económica con la concesionaria (Ambuibérica) para salir del paso hasta que se adjudicara de nuevo el servicio. En paralelo, decidió recurrir al procedimiento de licitación con negociación, sabedor del escaso margen que tenía por delante para renovar ese contrato antes de agotar la prórroga. Pero por el camino se ha topado con esta suspensión cautelar que se desconoce cuánto durará.

El secretario general del PSC-PSOE y portavoz parlamentario, Pablo Zuloaga, ha calificado de «atajo» el proceso negociado y considera que esta fórmula «genera consecuencias: supone tensión, la subida de precios para la administración pública además de un riesgo para saber quién asume el transporte programado a partir de febrero o incluso la posibilidad de que se deje de prestar el servicio». Por eso, ha lamentado la situación que «ha generado el PP al no hacer una licitación transparente o haber asumido la internalización que planteaba el PSOE como mejora del servicio».