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Al tercer tono, un mensaje grabado en ruso interrumpe la llamada. «Hablamos por 'wasap'», dice en un mensaje Silvia Fernández (Gijón, 1975) y enseguida suena el teléfono. Silvia y su marido Javier Palencia (Liendo, 1973) están a 3.000 kilómetros de Igollo de Camargo, pero ... la distancia que los separa de su hogar es otra: el limbo legal que desde el 21 de febrero impide a los nacidos por gestación subrogada inscribirlos en el consulado y, por tanto, regresar a casa. Izan nació el 1 de marzo. Un mes después, no hay papeles que lo vinculen ni a sus padres ni a una nacionalidad.
¿Por qué el matrimonio recurrió a la gestación subrogada, una técnica de reproducción contemplada por la OMS pero prohibida en España? Su historia comenzó en 2010, cuando una enfermedad durante el embarazo (preeclampsia) provocó la pérdida del primer bebé de la pareja en la semana 25 y la hospitalización de la madre. Un año después volvieron a intentarlo y, «con muchos cuidados», llegó Lucía, pero también la recomendación médica de no tener ningún embarazo más. «Pasamos todos los requisitos para adoptar y estamos en lista de espera, pero queríamos ampliar la familia, y ante la lentitud de los trámites y que no nos aseguraban nada, nos informamos sobre la opción de ir a Ucrania y dimos el paso».
Como ellos, una veintena de familias españolas (que serán más a medida que sigan naciendo los bebés) están atrapadas desde el pasado 18 de febrero, cuando el Ministerio de Justicia aprobó una nueva norma que no permite que el Consulado registre a los bebés con pruebas de ADN, como hacía hasta hace unos meses. De manera que los padres deben solicitar el pasaporte ucraniano y permisos para poder salir del país y, ya en España, realizar el correspondiente expediente para la inscripción de la filiación, con intervención del Ministerio Fiscal, o interponer las acciones judiciales de reclamación de dicha filiación.
«Si hubiera nacido una semana antes ya estaríamos en España. Ahora no sabemos cuándo podremos volver», dice la madre de Izan, la biológica, porque la gestante es Larisa, una joven ucraniana de 28 años, madre a su vez de otra niña. «Sabemos que ahora mismo hay mucho debate en nuestro país con este tema, pero para nosotros es como haber creado una familia en Ucrania y para ellas, tener una familia en España». Además del debate ético que rodea a la gestación, la desigual legislación entre países genera un laberinto legal en el que está atrapada la familia de Camargo. «Hemos presentado la documentación en el consulado con un alegato jurídico, pero no nos responden, así que hemos iniciado la petición de pasaporte ucraniano porque no podemos estar aquí semanas a la aventura», dice Silvia, que ha pedido tres meses sin empleo y sueldo que se le acaban el día 10 de mayo.
«El pasaporte ucraniano es un claro agravio hacia estos menores en cuanto a derechos y prestaciones e implica tener que realizar dos procedimientos judiciales, uno de filiación paterna y, una vez terminado, el segundo de adopción materna», dice al otro lado del teléfono. La duración «rebasaría de media los dos años», de forma que durante este periodo «los menores carecerían de su filiación completa». ¿Qué van a hacer hasta entonces? Alinearse con el resto de familias y pedir que se anule la norma que impide inscribir a los bebés como españoles: «Pedimos que se respete el procedimiento de inscripción, al menos para todos los procesos iniciados a la fecha de publicación de la Instrucción».
Hasta 2010 era necesaria la inscripción en los consulados de los bebés nacidos por gestación subrogada. «Fue pensada para EE UU y Canadá, donde estos procesos se resuelven judicialmente y se obtiene una sentencia», explican los padres. «En el resto de países donde el procedimiento es administrativo, como Ucrania, la inscripción se hacía a nombre del padre mediante una prueba de ADN que acreditaba el vínculo genético y una vez en España la madre realizaba el proceso de adopción del menor». Tras una negociación entre colectivos progestación subrogada, abogados, miembros de la Fundación Derechos Humanos y la Dirección General de Notariados «se creó una instrucción que constataba por escrito el proceso que hasta la fecha se venía realizando en Ucrania de facto». Pero el Ministerio de Justicia la tumbó y publicó la nueva instrucción.
«En palabras del propio cónsul, lo que piden es un requisito imposible de alcanzar por las características del ordenamiento jurídico ucraniano», dice Silvia. «En Ucrania, la gestación subrogada es completamente legal y está perfectamente regulado por ley y la Inscripción en el Registro Civil Ucraniano se hace, mediante trámite administrativo, a favor de los padres de intención. Dicha inscripción es como el Libro de Familia del menor». Por ahora, no hay libro para Izan. Ni tampoco pasaporte.
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