El 'pin parental' genera más rechazo que apoyo

La consejera de Educación, Marina Lombó, ha mantenido una posición clara: el veto «atenta contra la normativa y contra la educación en libertad». Los grupos políticos, luego de dos meses, también las mantienen. José Miguel Fernández, que fijó la del PRC en el Parlamento, indicó ayer: «Es un ataque de lleno a los docentes y al trabajo docente. Y el debate sigue siendo estéril». Lo es, añadió, porque «nada de lo que se hace en los centros es ajeno a la Administración»; porque las programaciones se elevan al Consejo Escolar o a las asociaciones de familias; y porque hay mecanismos para señalar cualquier irregularidad, indicó. La diputada del PSOE, Paz de la Cuesta, incidió en algunas de consecuencias que ya expuso en el Pleno: «La enorme inseguridad jurídica» para el docente, o la «ruptura de la confianza» entre familias y profesorado. «Es un ataque a las bases del sistema público», añadió.

César Pascual argumentó el no del PP en el Parlamento. Su rechazo se sustentó en que la formulación de Vox entrañaba una «descalificación al profesorado». Sin embargo, Pascual se desmarca: cree que el debate a nivel nacional –en el que Pablo Casado ha mantenido un tono duro y se ha atribuido, incluso, la creación del 'pin'– es distinto, «más concreto», y cree que el PSOE participa de él «ninguneando» a quienes discrepan, y «acallando» otros asuntos. En cualquier caso, pide, hay que buscar un pacto de Estado por la educación y «por el bien de los críos de este país».

Félix Álvarez amplió ayer los argumentos de Cs: «El 'pin parental' no refleja la realidad de lo que ocurre en los colegios de Cantabria y se está usando por los extremos para desviar la atención de los problemas reales que interesan a los ciudadanos», indicó ayer. Su grupo ha registrado en el Parlamento una solicitud para saber cuántas quejas han trasladado las familias sobre este asunto en 2019. «Estamos convencidos de que, si hay, serán residuales. Afortunadamente, los niños de Cantabria reciben contenidos en valores y tolerancia con toda la naturalidad y normalidad del mundo. Así tiene que seguir siendo», indicó.

La Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumno (FAPA) y la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (Concapa) son los altavoces de las familias en las esferas públicas de la educación. Sus posiciones sobre el veto son contrarias. La FAPA está «radicalmente en contra. Por encima de todo está el derecho del menor», expuso ayer Leticia Cardenal, su presidenta, que también nota la vulneración de la autonomía de los centros. «Nuestro alumnado tiene que ser educado en el siglo en el que vivimos, en las escuelas se tiene que ver la diversidad como algo positivo para el aprendizaje y no en ocurrencias políticas que nos retrotraen muchos años atrás. Afortunadamente hoy nadie se tiene que esconder por sus gustos sexuales, ideologías o religión. Y ese es el camino», reivindicó ayer Cardenal.

Mónica Haro, al frente de Concapa defendió ayer, por contra, que las familias puedan «decidir» sobre contenidos y asistencias «cuando sean asignaturas en las que hay controversia». Y esa decisión se sustanciaría, entre otras cosas, en el «conocimiento al detalle de la programación» y de quienes imparten estas actividades, sobre todo, si es personal ajeno al centro. «No es una batalla contra los profesores», añadió.

Los sindicatos STECy ANPE se plantan ante esta posibilidad. «Educamos en valores de igualdad, respeto, no violencia. El veto impide que los alumnos tengan una visión social amplia. Y no se limitaría a charlas o talleres, porque son asuntos transversales que impregnan todo el currículo», explica Belén González, de STEC. «Es una injerencia en la labor docente. Va en contra de la libertad de cátedra», añade Rus Trueba, al frente de ANPE, quien recuerda que las actividades complementarias las aprueba el claustro, están en la programación, las conoce el Consejo Escolar y son ajustadas a la ley. «Y por eso es una injerencia».