El Parlamento de Cantabria, dividido ante el desafío catalán

Se quejaba amargamente el presidente Revilla la semana pasada en el Parlamento de que no hubiera unidad entre partidos para pedir al Gobierno de España que pague lo que debe a Cantabria. Este mismo lunes se ha visualizado esa misma fractura infranqueable en torno al desafío independentista catalán. Ni siquiera la gravedad de este asunto ha servido de acicate para conseguir una postura unánime entre los cinco grupos políticos de la Cámara. Incluso, la división ha llegado al Gobierno regional. PP y PRC apoyaron la iniciativa de Ciudadanos que pretendía visualizar el apoyo de la Cámara al Gobierno de España, al Tribunal Constitucional, al Ministerio Fiscal, al Poder Judicial y a las autoridades públicas «en defensa de la legalidad democrática en Cataluña», así como a impedir la organización del referéndum de secesión. Pero socialistas y Podemos se posicionaron en contra. Los primeros, porque habían presentado su propia enmienda con un llamamiento explícito al diálogo, a la negociación y al acuerdo entre los gobiernos español y catalán en torno al conflicto territorial, y consideraron «maniquea y frentista» la propuesta de Ciudadanos. Los segundos, porque culpan a las «actitudes amenazantes y autoritarias del Gobierno de Rajoy» de la «grave polarización» que se vive en Cataluña.

La deriva independentista catalana se coló en el debate parlamentario de los lunes de la mano de Ciudadanos, que presentó una proposición no de ley de apoyo al Gobierno de España y a las instituciones del Estado frente al desafío independentista de la Generalitat, así como a las medidas adoptadas «de manera proporcional» para impedir la consulta. El texto suponía un respaldo incondicional y sin crítica al Gobierno de Rajoy, y evitaba apelaciones al diálogo como salida al conflicto, y, mucho menos, contenía alusión alguna a futuras reformas constitucionales para reconocer la singularidad catalana.

Los partidos que sustentan el Gobierno regional, PRC y PSOE, no se quedaron a la zaga y buscaron su propio protagonismo introduciendo dos enmiendas que iban mucho más allá del simple apoyo institucional. Apelaban al diálogo entre los gobiernos español y catalán para frenar la confrontación, y a la reforma de la Constitución para reconocer las autonomías y singularidades de los territorios.

El diputado de Ciudadanos, Rubén Gómez, defendió que «será la fuerza del Estado de Derecho y de la democracia la que impida que la ilegalidad se imponga sobre la ley» y aseguró que la respuesta «ante este golpe insólito a la democracia ha de ser unánime», una idea que compartió el PP, cuya diputada Isabel Urrutia advirtió de que «no existen espacios de impunidad para nadie» y «quien desafía al Estado de Derecho nunca es víctima». Urrutia expresó su apoyo a los «alcaldes y concejales» por la «represión» que están sufriendo, y también «a los catalanes que no apoyan el independentismo». En la tribuna de oradores apeló a la «unidad» y a la «firmeza» frente al proceso de secesión catalán, pero sus palabras no encontraron suelo abonado en la Cámara cántabra, ya que socialistas y podemitas se desmarcaron del respaldo incondicional que pretendía Ciudadanos.

Los regionalistas terminaron por refrendar la propuesta de Ciudadanos, aunque a regañadientes y después de una crítica feroz al Gobierno de la nación por parte de su portavoz, Pedro Hernando. El regionalista situó al PP en el origen del problema catalán por recurrir el Estatuto de Cataluña, aprobado en 2006, ante el Constitucional, un tribunal que «no es un ejemplo de imparcialidad si no de politización», acusó. Hernando aseguró que «el desprecio del Gobierno de Rajoy a Cataluña ha sido inadmisible». En su opinión, «alguien lo ha hecho mal todos estos años», en alusión a «los partidos que han usado sus votos para la confrontación».

En términos igual de duros se pronunció el diputado socialista Guillermo del Corral, que acusó a «los dos últimos gobiernos de Rajoy de ser una máquina de crear independentistas en Cataluña» y de no haber tenido interés alguno «en buscar soluciones políticas al problema territorial».

La portavoz de Podemos, Verónica Ordóñez, apostó por el diálogo para «superar el marco de agotamiento del modelo autonómico», y denunció que «la falta de calidad democrática y diálogo del Gobierno de Rajoy está llevando a una polarización extrema de las posiciones».