El Parlamento aprueba la ley de Casas de Cantabria con críticas de Podemos

El resto de grupos (PP, PRC, PSOE y Mixto) han apoyado la nueva ley, ya que antes del debate de hoy el grupo popular, el único que había planteado enmiendas al texto, retiró las que mantenía vivas tras introducirse dos cuestiones que reclamaba: el plazo de tres meses para el desarrollo normativo y la centralización de las aportaciones a las Casas de Cantabria en la consejería con competencia en la materia.

El consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra, ha presentado la nueva ley que, según los cálculos del Gobierno, beneficiará a 136.000 cántabros que están fuera de la región, 93.000 de ellos en otras comunidades autónomas y 42.000 residentes en el extranjero.

El titular de Presidencia ha asegurado que se trata de una buena ley, que da respuesta a las peticiones de las Casas de Cantabria y que responde a la nueva realidad de los emigrados.

De la Sierra ha explicado que el Gobierno ha decidido realizar esta reforma integral de la norma que regula las comunidades cántabras en el exterior para reforzar los derechos y la atención de los emigrantes cántabros fuera de la comunidad, proteger el patrimonio de las Casas e impulsar una mejor relación y vínculos con la región.

Sin embargo, el diputado de Podemos Alberto Bolado ha cuestionado el texto, porque a su juicio no da respuesta a las necesidades de los cántabros emigrados y no está centrada en las personas, y también ha criticado al Ejecutivo por «vender proyectos que son humo» por interés electoral. «Dejen de bloquear la reforma del Estatuto de Autonomía para blindar derechos básicos de la ciudadanía, como la renta social básica», ha pedido Bolado a regionalistas y socialistas.

Bolado ha afirmado que la única razón por la que su grupo no ha votado en contra de la ley ha sido por el reconocimiento que le merece el trabajo de las Casas de Cantabria y su esfuerzo por difundir la cultura y el patrimonio regional.

El PP, el PRC y el PSOE han afeado a Podemos su posicionamiento «demagógico» respecto a esta ley que, en su opinión, ha tenido «escaso trabajo» por parte de la formación morada. La diputada popular Isabel Urrutia ha lamentado que Podemos haya «arremetido» contra esta norma y contra el Gobierno y haya denunciado carencias pero «sin presentar una sola enmienda». «Ni una sola aportación», ha recalcado Urrutia, que ha pedido al Gobierno que ponga en marcha un plan estratégico con medidas y presupuesto para facilitar el retorno de quienes quieran regresar a la región similar al que se impulsa en Galicia.

Por su parte, la diputada regionalista Rosa Valdés también ha reprochado a Podemos que no haya presentado «ni una sola enmienda» para hacer valer sus ideas respecto a la norma. «Usted no ha trabajado la ley, no la ha comprendido y sus comentarios son un auténtico postureo», ha dicho Valdés a Bolado.

Guillermo del Corral, del PSOE, ha lamentado la «demagogia» de Podemos y ha demandado a este partido que no confunda cuestiones que son competencia del Gobierno central con otras que corresponden al ámbito autonómico, y que «deje de una vez la estrategia de interés partidista».

La norma que ha aprobado hoy el Parlamento reconocerá por primera vez al emigrante que regresa a vivir a Cantabria, mediante la figura del cántabro retornado, para facilitar la percepción de ayudas autonómicas para reforzar su integración social y laboral en la comunidad autónoma.

Además, la ley regula la prestación de asesoramiento a quienes decidan volver a Cantabria para residir de manera estable sobre los derechos generados en el país en el que han estado y trabajado como emigrantes, y recoge que el Instituto Cántabro de Estadística (Icane) promoverá la elaboración de un censo de cántabros en el exterior.

Otra de las novedades que se introducen es que a partir de la entrada en vigor de la ley, las Casas de Cantabria podrán beneficiarse de las ayudas culturales, lúdicas y deportivas que convoque el Gobierno regional en igualdad de condiciones que las entidades domiciliadas en la comunidad autónoma. Y en respuesta a inquietudes manifestadas por las casas regionales, con la ley se velará por el destino del patrimonio de estos centros con varias medidas.

Por otro lado, el pleno ha aprobado dos proposiciones no de ley, de PRC y PSOE, para exigir que se ponga en marcha el pacto de Estado contra la violencia machista y que se cumplan sus compromisos económicos incluyendo en los presupuestos generales 200 millones de euros para este año.

La regionalista Matilde Ruiz y la socialista Silvia Abascal han acusado al Gobierno de España de incumplir ese pacto al haber incluido solo 80 millones de euros en su proyecto de presupuestos del Estado para 2018, en lugar de los 200 comprometidos, de los que 100 serían para las comunidades y 20 para los ayuntamientos.

Sin embargo, la popular Isabel Urrutia y el diputado de Ciudadanos, Rubén Gómez, han rechazado esta acusación y han asegurado que esa dotación existe, con la asignación de 80 millones para las competencias del Gobierno central y «crédito suficiente» para comunidades y ayuntamientos a través de la financiación territorial, ha explicado la diputada del PP.

Las dos proposiciones no de ley han salido adelante con el apoyo de Podemos y de Juan Ramón Carrancia, mientras que Ciudadanos se ha abstenido y el PP ha votado en contra y ha acusado a los grupos que apoyan al Gobierno de Cantabria (PRC-PSOE) de «utilizar a las mujeres» para su campaña del «España nos roba», que «ya nadie cree».