El Parlamento aprueba la nueva ley de Régimen Jurídico del Gobierno de Cantabria

Este artículo, el 175 de la ley, abre la puerta, según ha criticado la diputada popular Isabel Urrutia a que se puedan crear mesas de contratación en cada consejería, lo que ha calificado de «inadmisible», y que el representante de Ciudadanos, Rubén Gómez, no ve necesario para mejorar la eficacia.

Sin embargo, el consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra, ha censurado como «injustas» estas críticas y ha defendido que la nueva ley cántabra mantiene la línea de la normativa estatal aprobada en el Parlamento con la mayoría absoluta del PP, lo que ha valorado como «bastante contradictorio». «Es un debate que no tienen justificación», ha sentenciado De la Sierra, quien ha defendido que se trata de una solución «extraordinariamente razonable y justificada», que tiene como objetivo agilizar la resolución de las contrataciones de la Administración cántabra.

El resto de la ley sí ha contado con el apoyo de todos los grupos y ha salido adelante con el voto favorable de 33 de los 34 diputados del Parlamento, por la ausencia por quinto pleno consecutivo del parlamentario de Podemos José Ramón Blanco, ausente desde que se conoció que su partido le había abierto un expediente por un supuesto acoso psicológico a unas compañeras.

Durante el debate, la mayoría de los grupos parlamentarios han destacado el «extraordinario esfuerzo« que han realizado para alcanzar un consenso en torno a esta ley, que deroga la que ha regulado el régimen jurídico del Gobierno de Cantabria desde 2002 y que ha quedado derogada.

Como ejemplo, el consejero de Presidencia y Justicia ha destacado la aprobación de una enmienda transaccional apoyada por todos los grupos para que puedan acceder a ser altos cargos del Gobierno no solo funcionarios fijos, sino también los trabajadores públicos interinos o personas ajenas a la Administración siempre que cuenten con méritos y conocimientos adecuados.

Sin embargo, los populares han mantenido sus críticas a algunos otros artículos como el que concede a las entidades públicas potestades «peligrosas», según las ha definido Isabel Urrutia, que ha lamentado que no se las prohíba expresamente en la ley poder realizar expropiaciones.

De todos modos, Rafael de la Sierra ha destacado las múltiples enmiendas aceptadas que, en su mayoría, ha explicado no afectan al contenido de esta ley que el titular de Presidencia y Justicia ha definido como «eminentemente técnica» y de la que ha subrayado su importancia.

«Es una ley de extraordinaria importancia para el buen gobierno y para el respeto de los derechos de los ciudadanos en su relación con la Administración», ha recalcado De la Sierra, quien ha agradecido el «esfuerzo» de todos los grupos para alcanzar una norma de consenso.

El diputado de Ciudadanos, Rubén Gómez, se ha mostrado «razonablemente satisfecho» del resultado final de esta ley después de que se hayan incorporado al dictamen aprobado hoy algunas de sus enmiendas enfocadas a favorecer el «control» y la «transparencia» del Gobierno.

En la misma línea, el representante de Podemos Alberto Bolado ha reconocido que esta nueva norma «no colma todas las espectativas» de su formación política, aunque ha valorado también como «razonablemente satisfactorio» del resultado, que ha desembocado en «una buena ley», ha aseverado.

El portavoz regionalista, Pedro Hernando, ha defendido que el objetivo ha sido elaborar una «buena ley», que ha confiado en que «sirva tanto» como su predecesora, al tiempo que ha valorado que se trata de un texto jurídico de «innegable calidad».

Y ha incidido en las críticas al PP por «poner en duda la honorabilidad y la imparcialidad» de los funcionarios que participan en las mesas de contratación. «Es un castillo de naipes que han creado para tener un argumento para diferenciarse en una ley que es buena», ha reprochado a los populares.

Por su parte, el socialista Guillermo del Corral ha alegado que se trata de una ley «alejada de ideologías» y ha reivindicado el «empeño» de su grupo, junto a los regionalistas, por alcanzar el «máximo apoyo».

De hecho, ha recalcado que en la tramitación parlamentaria se han aprobado 105 de las 174 enmiendas presentadas, lo que representa un 60 por ciento de ellas, con un porcentaje que en el caso del PP se eleva hasta el 70 por ciento, con 68 de las 98 enmiendas populares aceptadas, según ha resaltado Del Corral.