El Parlamento aprueba pedir el listado de bienes inmatriculados por la Iglesia en Cantabria

Con la enmienda de modificación incluida votaron a favor Podemos –volvió a faltar José Ramón Blanco–, PRC, PSOE y el diputado del Grupo Mixto Juan Ramón Carrancio. Dijeron que sí a un texto algo complejo, por técnico. Así, por poner un ejemplo, se dice literalmente que se busca «analizar las posibles reclamaciones de la titularidad del dominio o de otros derechos reales inmatriculados si la inmatriculación fue realizada sin la existencia de un título material y previo que justifique la titularidad de derecho real sobre el bien inmueble de que se trate o bien que el mismo sea no susceptible de propiedad privada porque sea de dominio público eminente aunque no esté catalogado como tal». Pero las intervenciones bajaron el asunto –nunca mejor dicho– a la tierra. Verónica Ordóñez (Podemos) hizo un recorrido legal que le llevó a concluir que se desconoce «los bienes de la Iglesia que están acogidos a exenciones fiscales» y que, bajo un paraguas amparado por los gobiernos, en Cantabria se «han inmatriculado plazas, parques, fincas y hasta quioscos». «Hay una necesidad –dijo– de devolver al pueblo lo que es del pueblo».

Pedro Hernando (PRC) dejó claro que su postura nada tenía que ver con la libertad de culto, pero sí con «pagar por los bienes que poseemos». Él puso como ejemplo una ermita de Carmona y pidió saber con precisión «los bienes que tiene inmatriculados la Iglesia y, de ellos, cuáles tienen que estar exentos y cuáles no de pagar el IBI». «A partir de ese estudio, los ayuntamientos y el Gobierno tendrán que reclamar lo que entiendan oportuno».

«Lo que no está sometido al culto», recordó Víctor Casal, del PSOE, a la hora de hablar de las propiedades que sí deberían pagar el impuesto de la contribución, aunque fue uno de los que recordó que las competencias en cualquier caso son nacionales y que, de ahí, debía cambiar el destinatario de la propuesta.

Veinte votos a favor y catorce en contra. Entre estos últimos se contaron los del PP y el del diputado de Ciudadanos. Para la popular Cristina Mazas la propuesta era una simple «iniciativa demagógica». Porque la Conferencia Episcopal ya ha mostrado su disposición a hablar sobre el tema y porque 'remover' sólo esconde la intención del PSOE de «tapar» su falta de ideas al hacerse con la Moncloa y la de Podemos «de no dejar que los socialistas se anoten el tanto». «Ese inventario –dijo– ya se estaba haciendo en 2017», recordó.

Por su parte, Rubén Gómez (Ciudadanos), dijo que no estaba conforme con la redacción de la propuesta porque «si no les gusta la ley como está existen procedimientos administrativos para cambiarla».

«Que la iglesia pague lo que le toca», concluyó la portavoz de Podemos en su último turno, justo antes de la votación.

«No se trata de discutir si Consejo de la Juventud sí o no. Hablamos de decidir con qué coste, con qué peso a las espaldas de los cántabros». Así defendió el popular Íñigo Fernández su enmienda a la totalidad con texto alternativo al proyecto de ley de creación de este organismo. Se basaba en no dotarle de «personalidad jurídica» para evitar que se «vuelva a ir de las manos» como, a su juicio, ocurrió en el pasado «con dos millones de euros de gastos en una legislatura» o convertido «en un órgano para contratar gente». Sin embargo, los populares se quedaron solos y la ley continúa su tramitación en los términos propuestos por el Gobierno. O sea, como un órgano de participación con naturaleza jurídica propia.

El consejero Francisco Fernández Mañanes explicó que el presupuesto de este organismo para 2019 será de 30.000 euros –15.000 para gastos de funcionamiento y otro tanto para adquisición de mobiliario y equipos informáticos–. Socialistas y regionalistas, por su parte, recordaron que los populares eliminaron el Consejo cuando estaban al frente del Ejecutivo y hablaron de su «radical oposición a que la juventud de Cantabria sea escuchada».