El Parlamento aprueba por unanimidad eliminar el aforamiento de los diputados

Con esta iniciativa se plantea modificar el Estatuto de Autonomía de Cantabria para suprimir el artículo 20, que señala que «la decisión sobre la inculpación, prisión, procesamiento y juicio del presidente y de los demás miembros del Gobierno, en relación con los presuntos actos delictivos que hayan podido cometer dentro del territorio de la comunidad autónoma, corresponde al Tribunal Superior de Justicia de Cantabria».

Este artículo también dice que «fuera de dicho territorio», la responsabilidad penal de estos cargos públicos «será exigible ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo».

Además se pide modificar el artículo 11.1 del Estatuto, de forma que establezca que los diputados del Parlamento de Cantabria, tras cesar en su mandato, gocen de inviolabilidad por las opiniones que hayan manifestado en actos parlamentarios y que no puedan ser detenidos salvo en casos de flagrante delito, correspondiendo decidir sobre su inculpación o presión a los jueces ordinarios.

El pleno también ha designado, tras someterlo a votación secreta, a Pedro Hernando (PRC), Víctor Casal (PSOE) y Francisco Rodríguez (PP), para que defiendan ante el Congreso de los diputados la propuesta de reforma del Estatuto de Cantabria.

Los portavoces de todos los grupos ( PP, PRC, PSOE, Podemos y mixto) han coincidido en que los aforamientos son una figura que ya resulta «anacrónica».

Asimismo, han valorado la importancia y trascendencia que supone reformar el Estatuto de Cantabria, pero, como ha enfatizado el parlamentario popular Francisco Rodríguez, «más importante aún es hacerlo por consenso».

El debate de esta iniciativa fue abierto por el consejero de Presidencia, Rafael de la Sierra, «por una cuestión de protocolo», y ha explicado que el Gobierno de Cantabria «no tiene nada que oponer» a la propuesta de reforma del Estatuto, porque es una «cuestión política, que depende de los grupos parlamentarios».

El portavoz regionalista, Pedro Hernando, ha afirmado que se trata de acabar con una prerrogativa que, en un estado de derecho con plena separación de poderes, «carece de sentido».

Para Hernando hay que defender la idea de que los políticos son iguales en derechos personales que el resto de ciudadanos, que requieren unas condiciones para ejercer correctamente su función, pero que entre ellas no puede estar el hecho de no ser juzgados por el «juez natural» predeterminado por la ley, sino por un «tribunal especial».

En esta línea, el portavoz socialista Víctor Casal, ha considerado que los parlamentarios o miembros del gobierno, actualmente reciben un trato «diferente», lo que, en su opinión no supone que sean unos «privilegiados».

Pero ha coincido en la necesidad de acabar con los aforamientos por ser una «figura arcaica, condenada a la extinción».

«Lo que antes no se consideraba un privilegio hoy tampoco lo es», ha opinado el parlamentario popular Francisco Rodríguez, quien además de reconocer que los aforamientos son anacrónicos, ha matizado que «lo que se necesita son buenos jueces y buenos políticos».

Lo importante, para Rodríguez, es que los políticos «no la líen» y que si lo hacen y tienen que pasar por los tribunales«que les juzgue o buen juez».

Por su parte, Rubén Gómez (Ciudadanos) sí ha considerado que los aforamientos son un «privilegio» que, en su opinión, «no aporta más que separación entre los ciudadanos y sus representantes»; recordando que mientras que en Italia solo está aforado el presidente; en Francia el presidente, el primer ministro y su Gobierno; y en Alemania nadie; en España hay 10.000 aforados, entre ellos «alrededor de 2.300 políticos».

El exdiputado de Ciudadanos Juan Ramón Carrancio, en su defensa de la propuesta, también ha lamentado que en España «casi toda la cúpula del poder judicial depende del poder político y los asuntos verdaderamente importantes se resuelven en la cúpula».

Y Alberto Bolado (Podemos) ha aplaudido que el resto de grupos parlamentarios apoyen ahora una iniciativa que ya planteo su grupo hace un año, pero ha considerado que, si el año transcurrido ha servido para alcanzar un consenso, se puede considerar como «un tiempo bien invertido».