El Parlamento avala el Plan de Puertos con un importe de 39,5 millones y un horizonde hasta el 2021

El Plan en su conjunto no se ha votado, ya que el encargado de aprobarlo no es el Parlamento regional sino el Gobierno, que es el que deberá sumar las propuestas de resolución admitidas. Son estas resoluciones las que se han debatido y votado esta tarde.

Entre las propuestas aprobadas se incluye la ejecución de un nuevo puerto deportivo interior en San Vicente de la Barquera, con 272 amarres. Una moción planteada por el PP que se convierte en la principal actuación del Plan, con un coste de 6 millones y la que más polémica ha generado, ya que tiene una abierta contestación dentro del municipio.

De hecho, los grupos que sustentan al Ejecutivo han decidido retirar la suya respecto a este punto y aceptar la del PP. Concretamente, en dicha proposición popular se efectúa una reprogramación de la financiación de la obra, con 100.000 euros en 2018; 3,5 millones en 2019 y 2 en 2020.

El diputado del PP Francisco Rodríguez Argüeso, que fue consejero de Obras Públicas y Vivienda en la pasada legislatura, en la que se redactó el plan, se ha felicitado por la admisión de esta propuesta para evitar que ocurra lo mismo que en el puerto deportivo de Laredo, con la mayor parte de sus amarres vacíos.

Al Plan se presentaron 49 propuestas de resolución, 43 de ellas de la oposición (16 del grupo mixto -13 de Ciudadanos y 3 del diputado Juan Ramón Carrancio, ex de la formación naranja; 14 de Podemos y 13 del PP) y 6 formuladas conjuntamente por los grupos que sustentan al Gobierno bipartito, PRC y PSOE. En la sesión de este lunes no se han votado las 49 propuestas de resolución ya que algunas han sido retiradas por los grupos que la planteaban tras pactar con las otras formaciones.

El grupo que más oposición ha mostrado al Plan ha sido Podemos, partido que está en contra de la principal actuación que contiene: la del «superpuerto» -así lo denomina- deportivo de San Vicente. Podemos ha señalado que este Plan de Puertos es el del PP, no el del actual Gobierno PRC-PSOE, que, según ha criticado el diputado José Ramón Blanco, ha mantenido el modelo de los 'populares'. En su opinión, el puerto deportivo de San Vicente que se propone «busca explotar al máximo» los recursos naturales de la ría de San Vicente «sin importarle las consecuencias».

Podemos había presentado varias propuestas de resolución relativas al proyecto de San Vicente de la Barquera, que han sido rechazadas, en las que se pedía la eliminación de la actuación del nuevo puerto y que se amplie el actual en función de la demanda real, además de un estudio independiente sobre los daños medioambientales.

En su exposición, el consejero de Obras Públicas y Vivienda, José María Mazón (PRC), ha reconocido la «polémica» que ha generado la actuación pero ha minimizado la actuación y su impacto.

Sobre el Plan Mazón ha explicado que el Gobierno PRC-PSOE ha respetado, prácticamente, los principios, criterios y objetivos del Plan que redactó el PP, aunque también ha dicho que es «mucho más modesto» que el anterior (2006-2013), ya que frente a los 20 millones anuales que llevaba ese el que ahora se va a aprobar tiene 5 anuales.

Mazón ha señalado que este Plan tiene entre sus objetivos generales desarrollar un ámbito de puertos moderno y garantizar su «sostenibilidad ambiental y económica» con unas inversiones «bastante realistas» y cantidades «adecuadas y convenientes para la situación actual».

Al margen del puerto deportivo de San Vicente, otra actuación importante del Plan es la ampliación para embarcaciones deportivas en el Puerto de Suances (4 millones).

El resto del montante global del Plan va dirigido a actividades de modernización y potenciación en los distintos puertos dependientes de la comunidad autónoma, como es el caso de Suances, San Vicente de la Barquera, Comillas, Castro Urdiales, Santoña, Laredo, Colindres.

Este programa también incluye las partidas económicas para dragados de mantenimiento en todos los puertos, para el programa de actuaciones específicas, acciones de gestión directa de conservación ordinaria y mantenimiento, y también para obras de adaptación al cambio climático.

Por otro lado, el pleno del Parlamento de Cantabria ha aprobado sendas proposiciones no de ley, para que el Ejecutivo cántabro inste al Gobierno de España a que habilite partidas para la rehabilitación de las obras de la iglesia del Seminario Mayor de Comillas y para financiar la aplicación de la Ley de Dependencia.

Estas dos proposiciones de ley han salido adelante con el apoyo de todos los grupos salvo el popular que se abstuvo en el caso de las obras del Seminario Mayor y votó en contra en la iniciativa relativa a la Ley de Dependencia.

A la proposición no de ley sobre las obras del Seminario Mayor del Comillas se han sumado el grupo regionalista y Ciudadanos, con sendas enmiendas, para acabar consensuando una proposición no de ley en la que se pide instar al Ministerio de Fomento a que financie la actuaciones pendientes de la rehabilitación de la iglesia, en sucesivas anualidades con fondos públicos incluyendo la partida correspondiente en los Presupuestos Generales del Estado.

Además, se ha aprobado instar a la Comisión Mixta de Fomento y Cultura a que haga públicos los criterios que se tienen en cuenta en el "Programa 1,5 % Cultural del Ministerio de Fomento", así como la puntuación que obtienen los proyectos que se presentan.

En la otra proposición no de ley se ha aprobado instar al Gobierno de España a «cumplir de forma inmediata y efectiva» con su obligación de financiar la aplicación de la ley de dependencia en Cantabria.

La diputada socialista Silvia Abascal ha destacado que el Gobierno regional soporta más de 80 por ciento de la financiación de la Ley de Dependencia en la comunidad, mientras que la ley establecía que la aportación de ambas administraciones, Estado y comunidades autónomas, sería del 50 por ciento cada una.

En la iniciativa aprobada se pide mantener el carácter finalista del sistema, que se tenga en cuenta el coste de los servicios y las prestaciones para su financiación, y que se prioricen los servicios sobre las prestaciones económicas, respetando siempre la voluntad de las personas.

También en materia de Dependencia, pese al voto en contra de los grupos del Gobierno, se ha aprobado, a instancias del grupo popular, elaborar un plan de recursos de servicios de atención a las personas en situación de Dependencia con previsión de al menos cinco años.

El PP no ha conseguido sacar adelante este lunes en el Pleno del Parlamento de Cantabria su propuesta para instar al Gobierno a que firme antes del 1 de junio con el Ayuntamiento de Torrelavega el convenio de ejecución de una estación de autobuses junto a la del ferrocarril en el centro de la ciudad, que prevea su financiación íntegra por el Gobierno de Cantabria.

La propuesta ha sido cuestionada por todos los grupos, que han considerado que supone «poner el carro delante de los bueyes» puesto que todavía no se sabe dónde se va a ubicar la estación de ferrocarril en el marco del proyecto de soterramiento de las vías.