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El Pleno del Parlamento de Cantabria aprobó ayer interponer ante el Tribunal Constitucional (TC) un recurso de inconstitucionalidad contra la llamada Ley Orgánica de Amnistía para la Normalización Institucional Política y Social en Cataluña -conocida como ley de amnistía, a secas-, una polémica normativa aprobada ... a finales de mayo en el Congreso de los Diputados que borra toda responsabilidad penal, administrativa y contable que pudiera atribuirse a las personas relacionadas con el proceso independentista en Cataluña, comenzando por el impulsor de la sedición, Carles Puigdemont. La iniciativa, presentada por el Grupo Popular y respaldada por Vox -el PSOE votó en contra y el PRC se decantó por la abstención- salió adelante después de que la Mesa del Parlamento regional rechazara un recurso presentado por el Grupo Socialista al entender que se estaba produciendo «la vulneración del reglamento» por no contar la propuesta con el acuerdo unánime requerido para su debate de urgencia.
«No hay ninguna urgencia en esta tramitación», matizó el portavoz popular, Íñigo Fernández, que explicó que la iniciativa llevada por su formación al Pleno «se ha tramitado de manera ordinaria» aunque sin ignorar que «el derecho a recurrir esta normativa vence el día 11 de septiembre y de no sustanciarse hoy corríamos el riesgo de perderlo porque las sesiones parlamentarias se interrumpen en verano y no se reanudan hasta el mes de septiembre».
Hecha la aclaración, Fernández se adentró en las motivaciones de su partido para promover esta iniciativa parlamentaria. «La ley vulnera el principio de igualdad entre los españoles», dijo. «¿Por qué los gobernantes de Cataluña están exentos de cumplir la ley y los demás en cambio tienen que cumplirla?», se preguntó el diputado popular, que no se cree las razones dadas por el Gobierno para elaborar y aplicar la polémica normativa. «No se les exculpa para fomentar la buena convivencia o para dejar atrás una etapa muy dura; se les exculpa porque Pedro Sánchez necesita sus votos para sacar adelante su investidura después de haber perdido las elecciones generales».
«En defensa del principio de igualdad de todos los españoles», el PP proponía al Parlamento «recurrir ante el Tribunal Constitucional esa ley, la ley de la impunidad escrita en el Boletín Oficial del Estado».
Tan dispares fueron las respuestas a esta iniciativa por parte del resto de los grupos parlamentarios que no hubo dos iguales. El PSOE votó en contra, Vox a favor y el PRC, que afeó la utilización de las instituciones para «las políticas de sus mayorías», decidió abstenerse.
Los socialistas mandaron a defender su voto contrario a la exconsejera Ana Belén Álvarez, que pidió «un poco más de esfuerzo» a los populares a la hora de plantear proposiciones como esta. «Ni un argumento, ni un antecedente de hecho, ni un fundamento de derecho... Actuán 'in voce'», les recriminó la diputada socialista, para quien «no se puede venir a este Parlamento a decir que una ley es inconstitucional porque yo lo valgo».
Álvarez, que piensa que con medidas de este calibre el PP «tan solo quiere enarbolar la bandera de la ruptura de España», aseguró que «por más que la derecha pretenda alterar la convivencia pacífica de la ciudadanía, Cataluña sigue siendo España». Lo que sucede, a su modo de ver, «es que al PP le interesa el clima de crispación y el enfrentamiento entre territorios».
Vox, que en su caso sí respaldó la iniciativa de los populares, dejó la defensa de su voto en manos de Leticia Díaz, que aseguró que existen «razones de sobra» para apoyarla. «La norma se adopta sin base constitucional; es arbitraria; es una autoamnistía dado que los votos de sus beneficiarios han sido imprescindibles para su aprobación; y menoscaba la autonomía de jueces y fiscales», dijo.
Y el PRC, que se abstuvo, delegó en Pedro Hernando para dejar una advertencia en el atril. «Utilizan las instituciones para las políticas de sus mayorías, y ese es un error que pagamos con el desprestigio de las instituciones», avisó el regionalista, que se preguntó «en qué lugar quedará el Parlamento de Cantabria si finalmente la justicia dictase sentencia amparando la constitucionalidad de la ley».
Definitivamente instalada en los debates parlamentarios, la bronca política surgió ayer nada más comenzar el pleno, coincidiendo con el tratamiento de uno de esos asuntos que tanta crispación generan a derecha e izquierda. La ley de amnistía.
Sofocado a tiempo, el incidente se produjo cuando la socialista Ana Belén Álvarez defendía la postura de su partido con respecto a la iniciativa presentada por el PP en relación a esa normativa. En un momento de su intervención, y mientras acusaba a los populares de «generar odio entre los españoles», Álvarez mostró el retrato de la víctima de la guerra civil que hace unos días rompió el presidente del Parlamento de Baleares, Gabriel Le Senne (Vox), mientras el resto de los diputados socialistas exhibía esa misma fotografía puestos en pie.
Esta acción les costó una severa reprimenda de la presidenta del Parlamento, María José González Revuelta, que luego de recordar a sus señorías que sus opiniones «se defienden con la palabra, nunca con otros elementos», no obró con la misma rigidez cuando el popular Íñigo Fernández exhibió en su réplica sendas imágenes del concejal Miguel Ángel Blanco (PP) y del senador Enrique Casas (PSOE), asesinados ambos por la banda terrorista ETA.
El último pleno ordinario del periodo de sesiones antes de las vacaciones estivales abordó, además de la ley de amnistía, que abría el orden del día, otros asuntos relacionados con la salud, las infraestructuras, el turismo o la ganadería ya fuera en modo de mociones, de proposiciones no de ley, de interpelaciones o de simples preguntas hechas a los consejeros de los ramos correspondientes.
En la sesión matinal se rechazó una moción del PRC en la que pedía el cumplimiento de resoluciones aprobadas por el Parlamento en el ámbito de la salud. Por el contrario, se aprobó otra del PSOE reclamando al Gobierno regional mejorar la transparencia de los datos de las listas de espera quirúrgica, pruebas diagnósticas y consultas de especialidades.
Ya después, en la vespertina, todos los grupos, salvo el PSOE, sacaron adelante una proposición no de ley llevada por el PRC mediante la que el Gobierno regional deberá elaborar antes de finales de 2025 un Plan de Aparcamientos que favorezca la construcción de parkings disuasorios en los núcleos urbanos y los lugares de enlace a medios de transporte públicos.
Además, también vio la luz una proposición no de ley presentada de forma conjunta por los cuatro grupos (PP, PRC, PSOE y VOX), para extender la señalización de espacios públicos adaptada a las personas con problemas de visión y poner en marcha la campaña 'Escalón a la Vista' de la asociación Es Retina y el Colegio Oficial de Farmacéuticos, que consiste en colocar bandas que contrastan con el pavimento de los escalones.
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