El Parlamento defenderá en el Constitucional la derogación de la Ley de Memoria Histórica

Más que un debate sobre la necesidad de personarse o no ante el TC, que era la verdadera cuestión del debate, lo que se vivió durante el pleno fue una nueva discusión sobre la Ley de Memoria Democrática. Otra más. La tesis de socialistas y regionalistas es que la derogación «impone el olvido de los crímenes del franquismo», mientras que PP y Vox afirman que lo que hace es acabar con el «adoctrinamiento» y la revisión de la historia.

El popular Íñigo Fernández no solo defendió el fondo, también las formas. Primero, recordó que su partido dijo desde el principio que «tan pronto como cambiara la mayoría, propondríamos la derogación». «No se lo ocultamos a nadie», insistió Fernández, que subrayó que esta iniciativa aparecía en el programa con el que Buruaga concurrió a las elecciones. Y después, calificó como «descabellada» la tesis que sostiene el Gobierno central de que sea inconstitucional la decisión soberana de un Parlamento autonómico. «¿Por qué sería inconstitucional que Cantabria derogue su Ley de Memoria y no que Castilla-La Mancha, gobernada por el PSOE, no la tenga?», interpeló al resto de diputados.

Esa respuesta, en un sentido o en otro, la tendrá que contestar el TC, que también debe pronunciarse sobre otro recurso del Estado contra la derogación de la Ley de Memoria de Aragón. De igual modo, el PP inició los trámites para dejar sin efecto normas análogas en Castilla y León, Baleares y Extremadura, aunque finalmente, tras romper los pactos con Vox, dio marcha atrás. Allí dejará los textos tal y como están.

Más allá de los argumentos conocidos, desde Vox, Leticia Díaz, añadió que el informe del Consejo de Estado encargado por el Gobierno central antes de acudir al TC no apoya dos de los tres fundamentos utilizados para construir el recurso de inconstitucionalidad. La portavoz de Vox interpreta que el informe asegura que la derogación no supone un menoscabo a la dignidad de las víctimas y que tampoco genera inseguridad jurídica. Así, la derogación solo podría infligir el deber de colaboración entre Estado y autonomías. Con ese mismo informe en la mano, los socialistas sacan las conclusiones contrarias. Más allá de la derogación, Mario Iglesias lamentó que el Ejecutivo de Buruaga dejara en 2024 sin ejecutar los 52.700 euros que el Estado envió a Cantabria para la localización de fosas y su exhumación. O que no haya recopilado muestras de ADN de familiares de represaliados –como exige la ley nacional– para contribuir a la identificación.

Este es el segundo asunto que el Parlamento regional tiene pendiente en el Constitucional. También se personó –en este caso fue la Cámara quien presentó el recurso– contra la Ley de Amnistía que aprobó el Congreso de los Diputados.

PP y Vox rechazaron a iniciativa del PRC que proponía al Gobierno de Cantabria la creación de una mesa de trabajo con Ryanair y Aena –la compañía pública que gestiona los aeropuertos– para aumentar las conexiones del Seve Ballesteros y poner soluciones ante la caída sostenida de pasajeros. En el caso de los populares, su 'no' se debe a que, en su opinión, la Consejería de Turismo ya está trabajando en este asunto. Además, el portavoz del PP, Juan José Alonso, defendió que estas conversaciones no tienen que limitarse a Ryanair. El impulsor de la iniciativa, Javier López Marcano (PRC), respondió que su propuesta no excluye a otras compañías, pero entiende que la aerolínea irlandesa supone el 60% del tráfico de Parayas. Tras decenas de debates y preguntas en el Parlamento en los que los datos expuestos han evidenciado las «turbulencias» que vive el Seve, Marcano defendió en la tribuna que es el momento de mover ficha con esa mesa de trabajo que finalmente no se convocará.El PP recordó que el Ejecutivo cántabro ha pedido a Aena incentivos para los aeropuertos regionales. ¿De qué tipo? Rebajas en las tasas respecto a aeropuertos de mayor tamaño. En el caso del Seve, son de media dos euros inferiores a las de Bilbao, una diferencia que considera insuficiente. En esa idea profundizó Armando Blanco (Vox), que lamentó que Aena tuviera en 2024 un beneficio récord a costa de subir tasas. Además, rechazó que el Parlamento se inmiscuya en la política empresarial de las compañías y, sobre el fondo, se opuso a «dopar» con dinero público a las aerolíneas para mejorar los datos del Seve. Sobre esas tasas, Nórak Cruz (PSOE) rebatió que el actual sistema lo aprobó el PP, que la última actualización con ese método se limitó a 40 céntimos y que, en cualquier caso, Aena sí bonifica las nuevas rutas.