El Parlamento deroga la ley regional de Memoria Histórica a la espera de la decisión del Constitucional

Con la votación de este lunes (19 votos a favor y 16 en contra) se pone fin a una tramitación parlamentaria exprés que arrancó en el mes de septiembre, cuando el PP presentó la proposición de Ley. Frente a las acusaciones de socialistas y regionalistas, que entienden que «derogar la memoria es instaurar el olvido» y que, como explicó el líder del PSOE, Pablo Zuloaga, la derogación «equivale a imponer el olvido de los crímenes del franquismo y supone intentar imponer a una sociedad democrática el relato de la dictadura», los populares apuntan que hay motivos suficientes para dar este paso. El primero, cumplir el compromiso asumido con los ciudadanos, un compromiso que también asumieron los populares en Extremadura o Castilla y León y al que finalmente han renunciado después de romper los pactos con Vox.

En Cantabria, el PP ha seguido adelante. Por compromiso y también «por convicción», como explicaba el diputado Íñigo Fernández, que considera que la ley de Memoria Histórica y Democrática «significa un riesgo para la convivencia y un atentado a las libertades». Con Vox, los populares comparten que la norma del bipartito establecía «víctimas de primera y de segunda». «Se cometieron más de 3.200 injusticias en la región y para nosotros todas son igualmente condenables. Para la ley, no», lamentaba Fernández, que también denunciaba que la norma de 2021 contemplaba la creación de una Comisión de la Memoria «designada por políticos para elaborar un relato de lo que sucedió e imponerlo al conjunto de la sociedad».

«Es un acto de cobardía y crueldad hacia las víctimas y sus descendientes que, después de décadas, habían conseguido su reconocimiento. A la crueldad de las injusticias del franquismo se une hoy la del PP y Vox. La ley de Memoria Histórica sirve para cerrar heridas. Es la derogación la que mantiene abiertas esas heridas», recriminaba Zuloaga. Los socialistas, al igual que el PRC, hacen una interpretación totalmente opuesta de la literalidad de la ley ahora derogada y entienden que su articulado sí reconoce a todas las víctimas. A la de los dos bandos. Eso sí, poniendo especial acento en los que fueron olvidados durante más de 40 años de dictadura, una etapa histórica en la que sí se reconoció a los represaliados del bando sublevado. Para demostrarlo, el portavoz regionalista, Pedro Hernando, leyó el artículo en el que se detalla quiénes tienen la consideración de víctimas.

Los regionalistas ven muy grave la derogación, pero más aún que se haga sobre la base de una «mentira intencionada» como argumento. «¿Dónde está el problema de la Comisión de la Memoria que sirva para esclarecer los hechos? ¿Dónde está el adoctrinamiento en las aulas, en contar la verdad histórica? ¿Eso es adoctrinar? A este paso, va a acabar siendo adoctrinamiento contar a los niños cántabros que los nazis asesinaron a millones de personas», reprochó al PP Hernando, que también se preguntó dónde están esas sanciones de las que habla Fernández». Si el argumento es que Buruaga lo prometió en campaña, el PRC recuerda que también prometió una deflactación del IRPF y no lo ha hecho, algo que, en su opinión, tendría más vocación de servicio público que esta derogación.

Frente a representantes de colectivos memorialistas, presentes en el debate y también concentrados a las puertas del Parlamento convocados por distintas asociaciones, el PRC trató de convertir la sesión en un acto de homenaje a los asesinados en el bombardeo de la aviación alemana en Santander, que el 27 de diciembre de 1936 dejó casi 70 muertos. Hernando dio los nombres de todos ellos.

El PP impulsa la derogación de la ley, aunque dice entender a los ciudadanos que se sienten dolidos por esta decisión. Vox no es tan flexible y celebra que se haya acabado con «la fractura social que socialistas y regionalistas sembraron en 2021 para imponer su particular relato» con un texto «sectario y revanchista que olvida a los miles de muertos por la represión republicana y que oculta la persecución religiosa». Su portavoz, Leticia Díaz, también denunció que estas dos formaciones -fue especialmente dura con el PSOE- mantienen su intención de acabar «con el espíritu de reconciliación» de la Transición.

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