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«A este Parlamento no le va a reconocer el año que viene ni la madre que lo parió». La reflexión es de un veterano diputado ante el aluvión de bajas que se producirán en las listas electorales del año que viene tras los ... cambios de liderazgo en PP, PSOE y Podemos y las crisis internas de Ciudadanos. Muchos parlamentarios, especialmente en el PP y el PSOE, ya dan por fija su salida y afirma que no volverán a repetir en la papeleta, aunque nadie se lo ha comunicado oficialmente, al pertenecer en el bando perdedor de sus respectivos congresos y mantenerse enfrentados a las cúpulas de sus formaciones. Ante esta situación, el Parlamento de Cantabria ha decidido ser previsor en el Presupuesto de 2019 y ha disparado su partida de indemnizaciones para los dirigentes que no continúen en el cargo y no puedan incorporarse en el mercado laboral.
Las cuentas de 2015, el último curso que hubo elecciones municipales y autonómicas, dotaron para este concepto 12.000 euros mientras que el año que viene se elevará hasta los 85.000 euros, lo que supone que se multiplica por siete la cifra destinada a prestaciones sociales.
4,1 millones de euros es la partida destinada a los gastos de personal.
2,25% aumentarán las retribuciones de los funcionarios de la Cámara y de los diputados.
191.000 euros es la partida destinada a gastos reales, que se reduce 4,26%.
El cálculo que han realizado en la Cámara permitirá indemnizar a nueve diputados, cinco con la cuantía máxima y otros cuatro en función de los años que han permanecido en el escaño. Hay que tener en cuenta que sólo cobrarán lo correspondiente a medio año, entre julio y diciembre, y que sólo pueden acogerse aquellos que hayan tenido dedicación exclusiva. No obstante, si es necesario «tendrá que ampliarse», reconocen desde la Cámara.
A día de hoy, en los grupos parlamentarios dan casi por seguro la salida de los nueve diputados del PP críticos con la presidenta, María José Sáenz de Buruaga, con la duda de la medallista olímpica Ruth Beitia tras incorporarse a la dirección de Pablo Casado; al menos cuatro de los cinco diputados socialistas enfrentados a Pablo Zuloaga -la única continuidad viable es la del portavoz, Víctor Casal-; el diputado de Podemos Alberto Bolado, que ya ha anunciado su decisión de dejar la política; el incierto futuro de Juan Ramón Carrancio con OLA Cantabria y algún posible cambio puntual en el PRC.
El Parlamento de Cantabria dispondrá para el año próximo de un presupuesto de 7,7 millones de euros, con un incremento del 2,95% con respecto a 2018, que recoge un aumento de las retribuciones de los empleados públicos y de los diputados del 2,25% en la línea con el acuerdo firmado entre los sindicatos y el Gobierno central. Este incremento se aplicará igualmente a las dietas e indemnizaciones por razón de su cargo. Así, la partida de gastos de personal aumentará de los 3.976.000 euros a 4.167.950 euros, lo que supone un incremento del 4,76%. Se incluye además una dotación para los nuevos trienios que se reconozcan a los funcionarios, la cobertura del aumento de complementos específicos aprobada este año y se dotan dos plazas vacantes en la actualidad.
La Mesa del Parlamento ya tiene el borrador de este presupuesto, que presenta un incremento del 2,68% gastos corrientes y mantiene igual la partida de transferencias corrientes (1,9 millones) mientras que las inversiones reales caen un 4,26%, que pasan de 199.000 a 191.000 euros.
A pesar de esta reducción, se continua con la política de inversiones de la actual Legislatura, para el adecuado mantenimiento del edificio y de los sistemas e infraestructuras del mismo que han resultado obsoletas o inservibles por la falta de inversión de los últimos ejercicios. Así se continua con la implantación de la Administración Electrónica, se aumenta la dotación para fondos bibliográficos y se crea una nueva partida para estudios y trabajos técnicos.
Pero no todos podrán optar a esta prestación. Quedan automáticamente descartados todos aquellos que tengan dedicación parcial u otro sueldo como, por ejemplo, sería el caso de la exconsejera de Economía, Cristina Mazas, que actualmente tiene media liberación.
La prestación por desempleo es incompatible con la percepción de cualquier ingreso público o privado por cualquier concepto. Tampoco tendrá derecho a la indemnización por cese el exparlamentario que haya permanecido en el cargo durante un tiempo inferior a dos años, sin perjuicio de que dicho periodo de tiempo pueda sumarse al de posteriores mandatos.
Esta legislatura han optado a esta percepción las exdiputadas del PP María Antonia Cortabitarte, que percibió 1.397 euros mensuales durante dos años, entre junio de 2015 y 2017; Tamara González, que cobró 1.087 euros entre enero de 2016 y junio del 2017; Esther Merino, que obtuvo 1.389 euros durante algo más de medio año (junio de 2015 a enero de 2016), y la regionalista Eva Bartolomé, que 'capitalizó' la ayuda para montar un negocio.
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